EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

El lavado de activos es, en general, uno de los problemas más trascendentes para los Estados, a nivel social, económico y político. El tráfico de drogas, la financiación del terrorismo y la corrupción son sus delitos precedentes abanderados.

A través de los tratados internacionales y acuerdos comerciales, se tratan de homogeneizar las legislaciones internas de los países, creando un nuevo marco que, sin duda, favorece los aspectos económicos y sociales; sin embargo, al mismo tiempo surgen organizaciones criminales que utilizan los vacíos que en ellos encuentran para aumentar el blanqueo de capitales.

En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, está desarrollando y favoreciendo numerosas acciones de colaboración y cooperación entre las distintas instituciones financieras del país, fortaleciendo los mecanismos de prevención en el delito de lavado de activos, elaborando informes de inteligencia financiera, reportando operaciones sospechosas y elevándolas a las autoridades judiciales, en caso de que aprecien indicios delictivos.

El esfuerzo institucional que están desarrollando se debe traducir, para los próximos años, en la mejora de los resultados, en relación a la obtención de un mayor número de sentencias condenatorias, así como en el aumento de los bienes y recursos económicos decomisados por blanqueo de capitales, que permitirán ser reutilizados para seguir fortaleciendo las estructuras en la prevención e interdicción sobre esta figura delictiva.

El proyecto de Apoyo europeo a las instituciones bolivianas en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, pone especial énfasis en la temática de blanqueo de capitales. Durante los dos años  de trabajo que llevamos, la temática se ha focalizado en fortalecer tres aspectos principales.

Por un lado, hemos buscado la capacitación de la Policía Boliviana, la Unidad de Investigaciones Financieras, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, a través de cursos formativos en blanqueo de capitales, pérdida de dominio, análisis de inteligencia financiera y cibercrimen financiero; asimismo, planteamos futuros módulos de especialización en blanqueo de capitales para la Escuela de Jueces y Fiscales Bolivianos.

Además, nos hemos centrado en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y cooperación internacional a través del establecimiento de canales de colaboración, apoyo, asesoramiento y creación de espacios de entendimiento entre las instituciones que desarrollan funciones de prevención e investigación del blanqueo de capitales.

Y por último, hemos dado apoyo y asistencia para superar la cuarta ronda de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en Bolivia en el segundo semestre de 2020.

No podemos olvidar que en las Recomendaciones del GAFI se encuentran los objetivos de fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

De la superación o no de esta Evaluación Mutua dependerá en gran medida que el Estado boliviano pueda seguir estando alejado de las famosas listas negras o grises, compuestas por los Estados que no cumplen y no se comprometen con el establecimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales.

En este 2019, el proyecto seguirá activo y comprometido con todas aquellas acciones que fortalezcan las políticas públicas que se realicen en Bolivia para combatir el lavado de activos.

Hoy por hoy, la cooperación judicial internacional es una necesidad para todos los países. En concreto, si hablamos del sistema europeo, hemos pasado de una cooperación entre Estados a una cooperación entre jueces de los Estados, sin necesidad de pasar por un sistema de control centralizado de las autoridades administrativas. En ese sentido, por tanto, en Europa tenemos una experiencia muy desarrollada basada en un principio de integración.

Con el objetivo de desarrollar esta integración, desde EL PAcCTO -proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France, en colaboración con el Instituto Ítalo-Latinoamericano y el Instituto Camões de Portugal– trabajamos para que se refuerce una cooperación judicial efectiva con América Latina. La región está llena de profesionales y, además, de profesionales de verdad, que trabajan en sus respectivos países y que son muy competentes. Sin embargo, las estructuras que tienen para trabajar en cooperación judicial internacional siguen siendo muy dependientes de la cooperación entre los Estados. Y nosotros, EL PAcCTO, podemos llegar hasta donde determine la voluntad de los Estados, puesto que se trata de un proyecto a demanda.

En cualquier caso, estamos haciendo una apuesta muy fuerte por facilitar los sistemas de cooperación, incrementando los actos de cooperación que puedan tener entre ellos; es decir, no se trata en absoluto de que ellos puedan prestar ayuda a jueces extranjeros o a fiscales extranjeros, sino de que tengan las mejores condiciones para solicitar ayuda hacia el exterior: abrir sus fronteras al mundo para poder recibir información e investigar los delitos que están sufriendo.

Estamos trabajando a través de varias líneas: por ejemplo, estamos facilitando una actualización de las leyes de cooperación internacional para que dispongan de las técnicas nuevas que inevitablemente van llegando. Lo cierto es que la delincuencia avanza tan rápido, el dinero se mueve tan rápido, los autores de los delitos cruzan tan velozmente las fronteras, que cualquier intento de seguir con un esquema basado en la cooperación entre los Estados, propio de mediados del siglo XX, conduce a pocos resultados.

La delincuencia organizada requiere estar muy al día y, para conseguirlo, coger el ritmo es muy importante. Por ello, estamos trabajando en la creación de equipos conjuntos de investigación y otras técnicas novedosas de cooperación entre los Estados; también en lo relativo al cibercrimen porque las formas de cooperación en esta materia, como los contactos instantáneos entre las autoridades policiales y fiscales de los Estados requieren, efectivamente, una puesta al día.

Asimismo, estamos estableciendo una línea de trabajo que está siendo aprovechada por distintas naciones para facilitar sistemas técnicos informáticos. De esta manera, los usuarios del sistema, y me refiero al fiscal o al policía que esté en la última esquina de la frontera de los Estados, podrá disponer de los mecanismos para, no solo tener la información, sino también la facilidad de preparar actos de cooperación con otro Estado. Todo esto de una manera sencilla, facilitando el trabajo de todos y, en definitiva, propiciando que exista una mayor cooperación internacional entre ellos.

En definitiva, EL PAcCTO no está basado en cursos de capacitación, ni en actualizaciones de conocimientos, sino que buscamos tener un efecto lo más práctico, lo más directo posible y, por lo tanto, aprender haciendo pero también y, sobre todo, mejorando las estructuras, los sistemas y las técnicas.

Tradicionalmente, Angola ha figurado entre los países más desiguales en la distribución de la renta a nivel mundial. A partir de 2002, con el fin del conflicto armado, el país ha logrado un evidente progreso económico, si bien aún hay margen de mejora en su nivel de desarrollo socioeconómico: Angola aún ocupa el puesto 150 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano (2016), la mortalidad infantil de niños menores de 5 años se sitúa en 157 de cada 1000 y apenas el 36 % de la población tiene acceso al agua potable.

Entre los indicadores sociales, destacan los relativos a la concentración de la renta y la pobreza; por ejemplo, la desigualdad en la distribución de la renta y sus probables resultados sobre la pobreza han sido objeto de diversos estudios en Angola, cuyas conclusiones destacan que la extrema desigualdad en la distribución de la renta provoca una dinámica socioeconómica propia que se asocia con la persistencia de la pobreza absoluta.

En los últimos años, se nota en el país una mayor preocupación por la desigualdad social y económica, comprendiendo así que hay una necesidad urgente de revertir esa situación a través de mecanismos de participación y control social, de políticas, programas, proyectos y acciones. Todo ello indica un movimiento de transformación positivo y cómo la reducción de la desigualdad forma parte de la agenda política.

En este sentido, la Política Nacional de los Agentes de Desarrollo Comunitario y Sanitario (PNADECOS) nació en 2015 a partir del objetivo del Gobierno de Angola de hacer llegar los servicios sociales y de salud a todas las familias, especialmente en las zonas más vulnerables y remotas. En la práctica, constituye un programa del Gobierno de Angola que aspira a estimular el desarrollo comunitario y sanitario en todo el territorio nacional, dando respuesta al compromiso del Ejecutivo angoleño con la expansión de los servicios socioeconómicos a todas las comunidades y la municipalización de los servicios públicos.

La realidad social de la población angoleña todavía hoy demuestra que gran parte de ésta no utiliza y no participa en el proceso general de desarrollo del país y contribuye a él (uso de los recursos y servicios públicos, falta de cuadros especializados, etc.).

Así, la mencionada PNADECOS está dirigida a la población angoleña más vulnerable en sentido amplio, teniendo en cuenta sus determinantes individuales, familiares y sociales. Incorpora la figura de los Agentes de Desarrollo Comunitario y Sanitario (ADECOS). Éstos son promotores de desarrollo que facilitan la interacción entre las comunidades y las instituciones públicas (municipales) o privadas que intervienen en las comunidades. Además, los ADECOS contribuyen al acceso de las comunidades a los servicios públicos y la búsqueda de soluciones a sus problemas locales.

La PNADECOS está siendo puesta en marcha en su etapa piloto por el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Administración del Territorio y Reforma del Estado (MAT). En el caso de éste, a través del Fondo de Apoyo Social (FAS), en colaboración con los gobiernos provinciales y las administraciones municipales.

El Fondo de Apoyo Social, en coordinación con otros programas de lucha contra la pobreza, contribuye desde hace casi 25 años como agencia gubernamental a la reducción de la pobreza en Angola y la promoción del desarrollo sostenible.

Tutelados por los ministerios señalados, y coordinados por el FAS, los ADECOS son elegidos por la comunidad, viven en ella, la apoyan para alcanzar sus metas de desarrollo social, cultural y económico, y contribuyen así al empoderamiento de la misma.

Desde el proyecto de Desarrollo Local se está contribuyendo a la fase piloto de la implementación de la PNADECOS. Éste, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP junto con el FAS, busca contribuir a la lucha contra la pobreza a través del desarrollo de los municipios de Angola, descentralizando la prestación de servicios públicos y con iniciativas que buscan contribuir a mejorar el acceso de la población angoleña que vive en las zonas rurales y aisladas a servicios sociales básicos. Así, el proyecto está alineado con los compromisos gubernamentales de mejora del acceso de los servicios sociales básicos a la población más vulnerable y la promoción de la cohesión social.

El proyecto y los ADECOS

La contribución del proyecto a la PNADECOS se ha traducido en, por un lado, el apoyo a las acciones de formación, equipamiento y remuneración de los propios ADECOS, para que puedan realizar su cometido; y por otro, en la asistencia técnica de la FIIAPP para asesorar a la Dirección General del FAS en su labor de coordinación nacional de la política, en particular, en la definición de flujos y procesos de trabajo e información entre los diversos actores e interlocutores que intervienen.

Los ADECOS promueven que las familias y los hogares dediquen atención al mantenimiento de la salud materno-infantil (salud de mujeres embarazadas, de niños recién nacidos y menores de cinco años), a la higiene y a la prevención de enfermedades. Con su intervención, contribuyen a promover el desarrollo rural, ambiental y sociocultural, así como al acceso a la educación. En definitiva, impulsan de forma holística las mejores prácticas en todos los determinantes del desarrollo local.

Las informaciones e indicadores producidos a través de la figura de los supervisores de los ADECOS son importantes para los gestores municipales en la toma de decisiones e interfieren positivamente para determinar el nivel de gasto en materia de bienestar sociofamiliar, por ejemplo, en la construcción y el equipamiento de unidades sanitarias o aulas en las escuelas o en la identificación de miembros del hogar que están al margen de la sociedad, sin registros civiles (documento de identidad o partidas de nacimiento). Asimismo, identifican las condiciones del hogar familiar (tipología de casas, condiciones sanitarias y de higiene, fuentes de energía y agua, medios de transporte y comunicación) y las dificultades para acceder a los servicios básicos de educación y salud, entre otros.

Los ADECOS en cifras

Desde 2015, se ha formado a 1.020 Agentes de Desarrollo Comunitario y Sanitario, distribuidos en 30 municipios, beneficiando a en torno a 68.500 familias (unas 342.550 personas). A finales de 2018 se espera llegar a otros 50 municipios, ampliando la cobertura a 2.371 ADECOS, que acompañarán a unas 135.100 familias o (675.500 personas).

Vagno Gomes, experto del proyecto en Formación y Asesoramiento sobre Desarrollo Comunitario y Sanitario

A principios de año, el Banco Mundial publicó su previsión de crecimiento económico mundial para 2018, una previsión que tenía un marcado protagonismo africano.  Con una estimación de crecimiento del 8,3%, Ghana lideraba un ranking copado por países subsaharianos en sus primeros puestos. Además de Ghana, Etiopía (2ª), Costa de Marfil (4ª) y Yibuti (5ª) estaban entre los cinco países con una mayor previsión de crecimiento. Este dato de la economía ghanesa no puede calificarse como una sorpresa. Con un crecimiento ininterrumpido de 34 años (la última recesión data de 1983, cuando su economía se contrajo un 4,5%), Ghana es uno de los países del África subsahariana con una economía más diversa y dinámica -la octava en términos de PIB, la segunda de África Occidental tras Nigeria- y cuenta con una balanza comercial bastante equilibrada, lo que le sitúa como un país de renta media-baja.

Desigualdad frente a macroeconomía

Sin embargo, estos datos macroeconómicos no pueden ocultar otros indicadores que no son tan esperanzadores. Aunque la población en situación de pobreza extrema se ha reducido a la mitad en los últimos 25 años, del 52% en 1992 al 24% en la actualidad, Ghana es uno de los 50 países más desiguales del mundo y, como señala Oxfam en sus últimos informes, en este país “la desigualdad está en aumento, socavando la reducción de la pobreza, frenando el crecimiento económico y amenazando la estabilidad social”. Según los datos de esta ONG, en Ghana el 10% de la población más rica consume casi un tercio de los recursos (32%), la misma cantidad que consume el 60% más pobre. Por el contrario, el 10% más pobre sólo accede al 2% de los recursos.

Esta problemática se agrava con dos brechas importantes. En primer lugar, la de género, que provoca que las mujeres tengan muy restringido el acceso a recursos y riqueza. Como señala Oxfam, este colectivo tiene “la mitad de probabilidad que los hombres de poseer tierras”. Además, “solo el 6% de las personas más ricas de Ghana son mujeres”. En segundo lugar, la territorial. El patrón de desarrollo de Ghana ha acentuado las divisiones norte/sur y campo/ciudad, con una pobreza fundamentalmente situada en ámbito rural (casi cuatro veces más de incidencia que en las zonas urbanas); y en las tres provincias del norte (Upper East, Upper West y Northern Region), que tienen indicadores de desarrollo similares a países como Mauritania, Madagascar o Benín, según datos del Informe de Desarrollo Humano de 2015.

Anticorrupción frente a desigualdad

Para que la acción gubernamental de los países afectados por la desigualdad pueda revertir la situación debe poner el énfasis en tres aspectos, como se señala en el Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad: el gasto social, las políticas tributarias y los derechos laborales, y la corrupción es un fenómeno que impacta de forma negativa en estos tres aspectos. En primer lugar, al detraer recursos públicos, la corrupción afecta de manera importante a las políticas sociales, que cuentan con menos capacidad de gasto. En segundo lugar, al ser un circuito económico opaco no está gravado fiscalmente. Además, en muchas ocasiones la corrupción a gran escala y la evasión fiscal son fenómenos interconectados que involucran a las élites políticas y económicas. Sin olvidar que la percepción social de la corrupción es un gran desincentivador del cumplimiento de las obligaciones tributarias por la ciudadanía, que piensa que sus impuestos acaban en los bolsillos de los gobernantes. Finalmente, la corrupción estimula el empleo informal, sobre el que es más difícil adoptar regulaciones que promuevan el respeto de los derechos laborales y el establecimiento de salarios mínimos dignos.

En definitiva, como señalaba Transparencia Internacional en la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2016, “la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente creando un círculo vicioso entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y desigualdad en la distribución de la riqueza”. Y en el caso de Ghana se produce ese círculo vicioso. La percepción de la corrupción en Ghana, medida por el citado índice, arroja un resultado medio-alto para Ghana, con 40 sobre 100. Este índice indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción del sector empresarial y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). Pero hay un dato más alarmante, y es que el resultado de Ghana viene empeorando en los últimos años, de 48/100 en 2014 a 40/100 en 2017. Es bastante probable que este empeoramiento se deba en gran medida a la revelación en los últimos años de importantes casos corrupción que afectaban al sistema judicial o la federación de fútbol.

La evasión fiscal, que como señalábamos es una cuestión muy vinculada a la corrupción, también es un desafío importante para Ghana. De hecho, para el ministro de Desarrollo Empresarial ghanés es el mayor desafío al que se enfrenta el país. Por todo lo expuesto, la lucha contra la corrupción en Ghana supone una poderosa herramienta en favor de un desarrollo inclusivo, que vaya más allá del mero crecimiento macroeconómico y tenga en cuenta a los colectivos más desfavorecidos. Y ese es el objetivo del Programa de Rendición de cuentas, Estado de Derecho y Anticorrupción de Ghana (ARAP, por sus siglas en inglés), que gestiona la FIIAPP en Ghana con financiación de la Comisión Europea: reducir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas de este país africano. Este proyecto comienza en un momento en el que el gobierno de Ghana se ha involucrado intensamente en lucha contra la corrupción creando el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de Ghana (NACAP) dentro del cual se encuadra el proyecto.

Ángel González, técnico coordinador del proyecto de apoyo a la transparencia y anticorrupción en Ghana

El 30 de julio se celebra el día Mundial de lucha contra la trata. Como una apuesta en firme en la lucha contra este delito por parte de las autoridades políticas del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha instaurado el 23 de septiembre como el Día Nacional de lucha contra la trata de personas en el país.  

Alineándose a este compromiso público, la Fundación Internacional y Para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en coordinación con la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (SC-CONALTID), están llevando a cabo en Bolivia el proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

Para entender de forma correcta la enorme problemática que supone la trata de seres humanos debemos previamente conocer qué es. La definición de trata viene recogida en el Protocolo de Palermo de la siguiente forma “…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Esta mercantilización del ser humano se ha convertido en el nuevo modelo de esclavitud del siglo XXI, generando enciclopédicos ingresos a las mafias organizadas que operan lucrándose a través de este delito. Se considera la trata de seres humanos como el segundo sector delictivo más lucrativo, por detrás del narcotráfico, cuyos ingresos se estiman entre 32 y 36 mil millones de dólares, según el informe sobre tráfico de personas de la ONU (2016). 

Algunos datos para dimensionar el problema a nivel mundial: aproximadamente 21 millones de personas son víctimas de este delito, de los cuales el 70% son mujeres y niñas (51% y 20% respectivamente), el 21% hombres y el 8% niños. Las mujeres y niñas son los grupos más vulnerables a este delito, por lo que las políticas públicas de lucha contra la trata demandan una estrategia de género rigurosa y efectiva. Las víctimas provienen de un total de 137 países, lo que nos da una certera imagen de la problemática global que supone este delito.  

Las principales causas que motivan la trata de seres humanos son, entre otras, la pobreza y las crecientes desigualdades; la proliferación de un modelo económico con un enfoque hacia la medición del valor en términos mercantilistas, alejado de una proyección más social; la creciente y continua escalada de conflictos bélicos; o la existencia de un aumento de los desplazamientos humanos. Todos estos factores han incrementado la vulnerabilidad de importantes grupos humanos cuyo riesgo a caer en redes delictivas ha aumentado exponencialmente.  

La trata de personas es considerada, por lo tanto, un delito que vulnera derechos como la libertad, la integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la vida misma de las personas, reduciéndolas en el imaginario a objetos pasibles de ser utilizados, explotados y/o comercializados. 

Bolivia: origen, tránsito y destino 

En Bolivia existen datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es el ente que lidera el Consejo Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de Bolivia. Esta institución coordina con todos los Ministerios, sociedad civil y Defensor del Pueblo la operatividad de la Política Plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas. En el informe del año 2016 se notificaron un total de 829 casos, de los cuales más del 70% eran mujeres, niñas y adolescentes.  

Sin embargo, una mirada exhaustiva a la realidad del país nos traslada una constante en este delito y es la falta de visibilidad del mismo. Se duda de que estos datos sean lo suficientemente realistas para describir la verdadera dimensión de este problema. Bolivia está considerado como un país de origen, tránsito y destino de trata de seres humanos. Origen porque existen flujos de trata hacia Perú (principalmente por explotación sexual) y hacia Argentina (explotación laboral), entre otros, dentro de lo que conocemos como trata externa. Pero existe una realidad muy dura en relación a la trata interna, la que se produce dentro del país y en donde las víctimas son desplazadas internamente. Sectores productivos tradicionales como son la agricultura y minería ocultan una realidad de víctimas de trata por explotación sexual, comercial y explotación laboral. La trata por servidumbre costumbrista es una realidad de la cual el país todavía no ha conseguido visionar su verdadero impacto.  

Existe una lógica economicista perversa que describe el proceso de recuperación de la inversión, entendida la inversión como el capital dedicado a la captación, traslado y acogida de las víctimas. La finalidad de estos procesos es la explotación del ser humano, diferente de la del tráfico de armas o tráfico de drogas, donde el lucro termina en el momento de la transacción comercial (compra/venta). En el caso de la trata, la tasa de retorno es continuada, los servicios prestados en términos de prostitución, explotación laboral, servidumbre, etc. continúan de forma recurrente.  En la trata de seres humanos, las personas se convierten en mercancías objeto de explotación continua y recurrente.  

Continuando con esta lógica economicista, no hay que olvidar que las víctimas de trata no entran dentro de los canales oficiales del mercado laboral. Esto supone un grave perjuicio para ellas, ya que su trabajo no se encuentra amparado en beneficios sociales futuros, lo que supone además a las arcas públicas una falta de ingreso de esas actividades productivas. El problema de la trata no sólo es una total vulnerabilidad a los derechos humanos de las víctimas, sino que supone además un perjuicio de desarrollo económico a los países, afectando a su estructura de servicios sociales.  

Un proyecto para un problema transnacional

La estrategia de lucha contra este delito, a través del proyecto operado por la FIIAPP, se centra en los 3 pilares fundamentales: prevención, persecución y protección, que se conocen como las 3 P. Se ha puesto en marcha un programa muy ambicioso de formación a funcionarios públicos involucrados en la lucha contra este delito (policía, fiscales, magistrados, servicios sociales de atención a víctimas, sociedad civil, entre otros), marcando una estrategia en forma de embudo: desde la administración nacional hacia niveles departamentales y municipales, ya que mientras a un nivel nacional se establecen las políticas públicas, a un nivel municipal se está trabajando directamente con el personal que atiende a las víctimas.  

Se han llevado a cabo además viajes regionales e internacionales, con el objetivo de mejorar la coordinación regional e internacional en la lucha contra este delito, pues no hay que olvidar el carácter transnacional del mismo. Se están reforzando los Consejos Departamentales de lucha contra la trata y tráfico de personas, a través del apoyo en la formulación de los Planes Departamentales de lucha contra la trata. En coordinación estrecha con el Ministerio Público y la Policía Boliviana, se está elaborando un manual de investigación en trata que busca sistematizar y estandarizar los procesos investigativos con el fin de mejorar la capacidad de investigación de policías y fiscales y de, entre otras cosas, reducir el riesgo de revictimización de las víctimas.  

Desde la FIIAPP tenemos la firme convicción de que debemos seguir apoyando procesos de cambio a través del apoyo a políticas públicas y el alineamiento en el marco jurídico-normativo de los países con los que trabajamos. La lucha contra la trata y tráfico de personas va más allá de un compromiso institucional, siendo una obligación humana posicionarse en el lado de aquellas instituciones y personas que trabajan por las víctimas y su reinserción en la sociedad.  

Santiago Santos, coordinador del proyecto de apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en Bolivia 

El Fondo de Apoyo Social (FAS), institución angoleña con la que ha trabajado la FIIAPP en el proyecto de apoyo al desarrollo local, empezó hace casi 24 años a trabajar en la construcción de infraestructuras sociales y, por lo tanto, en el acceso a los servicios públicos en las comunidades más vulnerables o rurales de Angola. 

A partir de ahí, el proyecto financiado por la Unión Europea ha trabajado en tres componentes principales: la construcción de infraestructuras, el fomento de la economía local y el refuerzo de capacidades de las instituciones locales. Ahora se tiene además una visión más articulada de todas ellas, una depende de la otra y no se puede trabajar por libre, un mensaje que al final ha cuajado. 

De estos, el componente clave en torno al cual gira todo es este último, el de refuerzo de las administraciones municipales. ¿Qué hemos hecho? Hemos contribuido al aumento del número de municipios a los que el FAS ya había llegado, hasta alcanzar un total de 36. En 30 de ellos se empezaba de cero, con un proceso que comenzaba por un diagnóstico municipal, diferentes estudios, a los que le sigue una planificación. 

Hasta ese momento, los diagnósticos del municipio eran fotos fijas: el municipio tiene tantas cosas, el estado del sector de salud está así, etc. Otra de las cosas que yo creo que se ha potenciado con nuestro apoyo es que hemos mejorado la idea, que ya tenían, de crear un “perfil dinámico”, es decir, las cosas cambian de un día para otro.  

El logro final, en este refuerzo de capacidades municipales, ha consistido en la implantación de una plataforma web base, un sistema de información básica municipal que permite que cualquier persona tenga acceso desde cualquier punto del planeta. Y que, desde cualquier Ministerio, se pueda acceder a esa información actualizada del sector salud o el sector de asistencia social del municipio, para tomar decisiones al respecto. 

Un diagnóstico para crear oportunidades 

El fomento de la economía local perseguía, a través de estos diagnósticos municipales, identificar aquellos productos o sectores con mayor potencial en el municipio. A partir de ahí, se han hecho estudios de cadenas de valor de estos productos para identificar qué oportunidades de inversión existían para que la economía del municipio se desenvolviera. Normalmente, eran los productos que tienen más mano de obra o que reportan más visitas, existían varios criterios para determinar esto. 

Otra cosa que encaja dentro de este componente y que no estaba prevista, sino que ha surgido de la reflexión y de la influencia del Banco Mundial con sus programas de protección social, es que se ha trabajado la inclusión productiva que, en última instancia, pretende aumentar las rentas de las familias pobres. 

Se pretendía que aquellas personas excluidas del mercado y del sector económico productivo, y que tienen una actividad de subsistencia, tuvieran la oportunidad de desarrollar una actividad económica o de mejorar la que desarrollaban. Se empezó en diez municipios, identificando quienes eran población vulnerable y posibles beneficiarios, y se seleccionaron 1.400 personas. 

A los que no tenían actividad económica, se les ofrecía formación para después presentar un plan de aplicación práctica. A continuación, recibían un kit con el que empezar a trabajar. Para los que tenían su actividad ya en marcha, se hizo una formación en gestión de negocios, para aprender a controlar costes y beneficios y definir las lagunas que tenían en su actividad económica. Con ello, se hacía un plan de mejora del negocio y también se les proporcionaba un kit. 

Del total de los 1400 seleccionados, unos 1200 han recibido el kit, ya que algunos no terminaron su formación o no hicieron el proyecto de aplicación que se exigía. Este incluía el material que necesitaban para poner en marcha la actividad. Pueden ser un equipamiento físico, como una máquina de coser o un generador, o incluso unas señoras que hacen harina (reciben grano, lo transforman, lo entregan y se quedan con la cáscara que venden para el ganado) pidieron baldes, pero también grano para tener más fondo, para seguir trabajando. 

Una de las cosas importantes de esta parte del proyecto es que hay mucha diversidad porque hay muchas actividades diferentes, y se ha ajustado a la necesidad de cada una. 

Actualmente, se está haciendo un monitoreo de cómo ha cambiado la vida de estas personas y cuál es el grado de satisfacción. Un compañero ha estado visitando a varios de estos beneficiarios y ha podido ver si ese kit ha sido utilizado o no. Había un riesgo, y es que cuando te entregan un kit con todo nuevo, lo primero que puedes hacer es ir a venderlo.  

Con el cuestionario y la visita in situ, se hace una primera evaluación. Como se trataba de una fase piloto, ha habido bastantes lecciones aprendidas: desde que la formación no debería ser obligatoria, sino un elemento más del kit, o que algunas personas se colaban, aparecía gente no seleccionada.  

Lecciones aprendidas en Angola 

Un estudio de lecciones aprendidas puede servir mucho a otros proyectos de cooperación: cómo se constituye el equipo, cómo se establece en terreno, cómo se ejecuta, cómo se hace el monitoreo, la rendición de cuentas, etc. 

En algunos casos, también necesitamos poder beber de otros proyectos gestionados por la FIIAPP; es interesante saber cómo se han desarrollado y si tenemos puntos en común con ellos.  Esta me parece una lección aprendida para la Fundación: se podría pensar en una estrategia de gestión del conocimiento. 

Núria Garriga, experta en fortalecimiento institucional del proyecto