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17 julio 2025
Categoría : Entrevista
La justicia internacional como respuesta a las amenazas globales: el papel clave de la cooperación técnica pública
En un mundo marcado por la interconexión y los desafíos compartidos, como la criminalidad organizada transnacional, la justicia internacional ya no es una opción, sino una necesidad urgente. La cooperación técnica pública internacional desempeña un papel estratégico al dotar a los sistemas judiciales de herramientas, conocimientos y redes necesarias para hacer frente a estas amenazas con eficacia y unidad.
Cada 17 de julio se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional. Más allá de la fecha, es un llamado a la acción global. Para ello, de la mano de especialistas en justicia de dos acciones financiadas por la Unión Europea e implementadas por la FIAP, reflexionamos sobre la relevancia de la cooperación internacional en el ámbito judicial.
Iniciamos la conversación con Marta Pizarro Mayo, magistrada y experta destacada para asuntos judiciales y fiscales del proyecto europeo para apoyar a Serbia en materia de justicia, libertad y seguridad, centrado en la protección del estado de derecho, la lucha contra la delincuencia organizada, la congelación y la confiscación de activos delictivos, lo resume así:
Marta Pizarro en una actividad del proyecto junto a otros especialistas. “La cooperación en materia de justicia es fundamental. Es esencial para garantizar que los crímenes más graves no queden impunes, porque en un mundo como el nuestro, tan interconectado, tan globalizado, ningún país puede enfrentarse solo a los desafíos de la justicia internacional. Así, en definitiva, la colaboración entre los Estados, los organismos internacionales y los distintos actores de la sociedad civil permite compartir información, coordinar acciones y garantizar, en definitiva, que la justicia sea verdaderamente global.”
En este contexto, los proyectos de cooperación técnica pública, como los que implementa FIAP, se convierten en instrumentos esenciales. A partir del trabajo realizado en el proyecto, agrega:
“En el ámbito de la justicia internacional, Serbia lleva años trabajando y afrontando desafíos muy similares a los que se plantean en otras regiones de los Balcanes. Estos desafíos incluyen en definitiva la necesidad de garantizar el respeto al Estado de Derecho la necesidad de abordar los problemas endémicos de corrupción y la necesidad esencial de fortalecer los instrumentos de lucha contra la criminalidad grave y organizada.”
Gracias a la cooperación internacional y la constatación de estas circunstancias es posible conectar regiones distantes pero afectadas por problemas similares, como los Balcanes y América Latina, y poner en marcha acciones concretas contra fenómenos como el narcotráfico, la corrupción y las redes criminales internacionales.
En el ámbito de la justicia, la cooperación internacional no solo facilita el intercambio de pruebas o la extradición de delincuentes. También genera algo tan fundamental como la confianza entre sistemas judiciales. En palabras de Marta Pizarro: “El uso de estos instrumentos no solo hace más eficaz la persecución de los delitos, sino que viene a fortalecer, y esto es importante, la confianza entre los sistemas judiciales de los distintos países.”
Desde otra latitud, en la región de América Latina, Borja Jiménez Muñoz, fiscal y experto del programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, EL PACCTO 2.0, subraya que la dimensión global de los delitos actuales exige una respuesta coordinada: “Hoy en día cualquier actividad delictiva de mediana importancia tiene vínculos internacionales, la justicia a nivel internacional es verdaderamente indispensable y obligatoria.”
Profundizando en lo que une a los sistemas judiciales de los Balcanes y de América Latina y respondiendo a por qué es importante unir esfuerzos, explica:
“Las amenazas comunes son fundamentalmente en el tráfico de estupefacientes, la existencia
Borja Jiménez saluda a un compañero en un encuentro de EL PACCTO 2.0 de bandas y grupos criminales organizados que cometen delitos en ambos lados por la propia naturaleza de donde se genera la droga y donde se transmite y se vende. Esto implica que existen amenazas comunes en ambas regiones y que existe una serie de delitos, digamos complementarios, que se cometen por estas bandas y que afectan a ambas regiones.”
Por ello, frente a la criminalidad organizada que permea fronteras y a la que la legalidad plantea pocos retos, se requieren respuestas coordinadas e instrumentos más efectivos y eficaces. Para ello, es necesario concienciar, activar, formar y, desde luego, que la Fiscalía tome la decisión de cooperar, agrega.
Además, los proyectos de cooperación aportan beneficios duraderos no sólo para las instituciones a las que se destinan, sino también para quienes participan en ellos. Como explica Borja Jiménez: “Las personas que están allí trabajando [profesionales de la judicatura y la fiscalía española] se traen un importante poso, un importante background. que es la relación con diferentes contextos”. Ese «efecto suave» permite cimentar redes de confianza y colaboración que van más allá del proyecto en sí.
Cuando los sistemas judiciales trabajan juntos, el impacto es tangible: investigaciones conjuntas, recuperación de activos y detención efectiva de criminales. Además de la importancia de reforzar y ratificar los tratados internacionales, también es relevante el papel de las figuras de enlace, como los magistrados de enlace, para favorecer el intercambio de información, así como la comprensión y el conocimiento entre sistemas de justicia diferentes. Como apunta Borja Jiménez: “El trabajo conjunto significa éxito y, sobre todo, y muy importante, que se puedan recuperar bienes, que es lo que a las bandas criminales les hace daño.”
Finalmente, reflexionando sobre los desafíos que enfrenta la justicia internacional frente al impacto de la criminalidad organizada, la necesidad de acelerar las investigaciones y que sean más eficaces, de contar con personal cualificado, relaciones de confianza mutua e instrumentos adecuados y la voluntad de desarrollarlos, Borja Jiménez destaca que es preciso no tener miedo.
A lo largo de esta conversación concluimos que la justicia internacional es una tarea colectiva, que interpela a un amplio número de actores. Para ello, la cooperación técnica pública es un instrumento relevante que permite crear puentes entre sistemas judiciales, compartir saberes y fortalecer capacidades. Frente a redes delictivas que no reconocen fronteras, nuestra respuesta debe ser igualmente transnacional, coordinada y decidida. Porque, como bien señala Marta Pizarro, “ningún país puede enfrentarse solo a los desafíos de la justicia internacional.”
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