EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

“Evidentemente, las condiciones de encarcelamiento afectan a la posterior reinserción y a la prevención de la reincidencia”, sentencia la asistente social Mercedes Herrera. La superpoblación carcelaria es la punta de un iceberg del que emergen múltiples consecuencias como problemas sanitarios o de convivencia que ponen trabas a la reinserción social de los reclusos. Herrera, que a su vez es una de las expertas enviadas por la FIIAPP a Argelia para participar en el proyecto de la CE con el que se ha apoyado la reforma del sistema penitenciario argelino: Programa de apoyo a la reforma del sistema penitenciario en Argelia 2008-2014”, asegura que esta red de problemáticas impide llevar a cabo tratamientos individualizados con los reclusos dirigidos a su rehabilitación.

“Hasta ahora se creía, y no sólo en Argelia, en esta visión caduca del tratamiento penitenciario con el que a través del trabajo y la instrucción se hacía un trabajo de rehabilitación: si somos capaces de que la gente pueda desempeñar un trabajo y la formamos, entran analfabetos y salen con estudios. En esto solo consistía la rehabilitación de la población penitenciaria. Eso se ha visto y se ha comprobado que no es así”, analiza Andreu Estela, coordinador por parte de la FIIAPP del Programa. A día de hoy, Argelia ha asumido todas las directrices y recomendaciones de la ONU y del Consejo de Europa para introducir en sus centros penitenciarios el tratamiento individualizado para los reclusos.

En los años previos al comienzo del Programa, el número de personas en prisión había aumentado dado a que cada vez eran más los delitos de delincuencia común, tráfico de estupefacientes o terrorismo. Cuando los reclusos ingresaban en el centro penitenciario, recibían un tratamiento común. “Hoy en día, al interno se le hace una evaluación diagnóstica cuando ingresa en prisión y a partir de ahí se le establece un programa de tratamiento individualizado en función de su delito y problemática”, detalla Estela. Un tratamiento, además, dirigido por personal especializado contratado a raíz de esta reforma como psicólogos, trabajadores sociales, maestros, formadores o monitores. El experto de la FIIAPP asegura que esta dinámica cambia la funcionalidad del sistema penitenciario argelino. “Se ha puesto al día y al mismo nivel que tenemos en Europa”, apunta.

Con este Programa, marco de trabajo entre el Ministerio de Justicia argelino, la Delegación de la Unión Europea y la Dirección General de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción Social de España, Argelia se ha inspirado en normas y estándares internacionales para la reforma de su sistema penitenciario, ha desarrollado un plan de construcción de 80 nuevos centros, de los cuales ya hay 13 en activo, se han mejorado las instalaciones y se han desarrollado cursos y talleres de formación para los presos y también para el personal. “Antes había 133 centros penitenciarios y ahora 131, pero se cuenta con más plazas”, contextualiza Estela. Con todas estas medidas se ha empezado a oxigenar el sistema penitenciario argelino y a reducir la densidad carcelaria, aunque todavía sobrepasa los límites: 150 reclusos por cada 100 plazas. El experto de la FIIAPP califica como “positiva” esta cifra. “Aunque el éxito fundamental ha sido el cambio de mentalidad en el tratamiento de los reclusos”, apostilla.

En 2013, según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios y en base a datos oficiales, Argelia, un país con cerca de 37 millones de habitantes, contaba con un total de 60.000 reclusos. La densidad de población detenida en el país continúa creciendo (160 personas por cada 100.000 habitantes), especialmente por delitos de carácter común como robos. En su reforma penitenciaria, Argelia también se ha planteado introducir medidas como alternativa a la prisión como los trabajos para la comunidad. De este modo, reduciría la superpoblación penitenciaria, pero aún no se han desarrollado en su plenitud.

Mujeres y menores

El Programa con el que se ha apoyado la reforma del sistema penitenciario argelino también se ha centrado en el colectivo de mujeres y en el de menores. Aunque en Argelia el porcentaje de reclusas es menor frente al de los hombres, sólo el 1% de la población reclusa son mujeres, el estigma que sufren tras pasar por prisión llega a marginarlas y discriminarlas. “Por la idiosincrasia social, religiosa y cultural argelina, sus dificultades de reinserción son mucho mayores. En muchos casos son rechazadas por sus familias y se quedan sin ningún tipo de apoyo en el exterior”, analiza Mercedes Herrera.

Con el fin de que al salir de prisión tengan más posibilidades de reinserción, desde el Programa se han estudiado las condiciones de estas mujeres y se han elaborado informes y propuestas para que tengan más posibilidades de reinserción una vez cumplidas sus condenas.

En el caso de los menores, Argelia ya tiene puesto el foco en este colectivo, que puede ser penado a partir de los 13 años, y les brinda asistencia formativa y laboral durante y después de su periodo de retención en centros de menores. Mediante este Programa, el país norteafricano ha contado con el punto de vista de expertos de diferentes países europeos y se han desarrollado propuestas para mejorar las condiciones de vida del colectivo.

“Una prisión, además de ser un lugar donde una persona cumple su condena, también tiene que estar dirigida a la reinserción social de la persona que lo cumple”, resume Herrera.

El impacto de las acciones orientadas al desarrollo y a la lucha contra la pobreza, así como la gestión de la ayuda basada en resultados y eficacia, debieran ser prácticas habituales en la cooperación internacional. Sin embargo, desde la década de los noventa existe una preocupación compartida entre los organismos multilaterales, los donantes y los receptores de ayuda exterior. Ya en el siglo XXI, se constató la escasa eficacia de la ayuda debido al fenómeno de la proliferación de agentes y de la fragmentación de las actividades, con la consiguiente elevación de los costes de transacción. Estas demandas de eficacia adquieren mayor relevancia en contextos de crisis económica, cuando la sociedad exige que la ayuda cumpla con los objetivos asignados y cuando los gobiernos recortan la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) para enfrentar el déficit fiscal.

Durante décadas, el debate internacional sobre desarrollo ha girado principalmente en torno a la cantidad de ayuda. La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey en 2002, amplió los términos del debate, al incluir la calidad de la ayuda aportada entre los elementos clave para la evaluación de los avances realizados.  En los años posteriores, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) organizó cuatro foros de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda: Roma (2003), París (2005), Accra (2008) y Busan (2011). Cada uno de estos foros supuso un paso adelante. En Roma se destacó, por primera vez, la importancia de los principios de la eficacia de la ayuda y se firmó una declaración centrada en la necesaria convergencia de la ayuda con las prioridades de los países socios. En París se definieron los principios de eficacia y se incluyó a los gobiernos socios en el debate sobre cómo mejorar la ayuda. Y en Accra se incluyó a dos actores clave para el desarrollo: organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Fue en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo en la que se establecieron compromisos globales por parte de países donantes y receptores para mejorar la entrega y el manejo de la ayuda con el objetivo de hacerla más eficaz y transparente.  El acuerdo fue firmado en 2005 por más de cien países donantes y receptores, agencias internacionales y organizaciones multilaterales. La Declaración de París propone cinco principios clave:

Apropiación: Son los países, con la participación de todos los actores de desarrollo (gobierno central y local, parlamentos, sector privado y sociedad civil) quienes deben determinar y poner en marcha sus propias políticas de desarrollo.
Alineación: La cooperación internacional concentrará sus esfuerzos en apoyar la política nacional de desarrollo, lo que implica canalizar los fondos a través de los sistemas nacionales de gestión financiera. Por su parte, los países receptores mejorarán la calidad y transparencia de su sistema de gestión de finanzas públicas.
Armonización: La cooperación internacional actuará de forma coordinada y transparente. Unificarán y simplificarán sus procedimientos para reducir la carga burocrática que recae en el país con el cual colaboran.
Enfoque en resultados: Implica gestionar e implementar la cooperación para que se enfoque en los resultados deseados
Responsabilidad Mutua: Los países y los donantes incrementarán la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos para el desarrollo.

A pesar de esta ambiciosa agenda, los resultados obtenidos no eran tangibles. Se reveló más complicado constatar los resultados de los donantes  que los de los socios. El último informe de seguimiento de la OCDE muestra que los países receptores han mantenido sus promesas. Los donantes no. De los 13 objetivos acordados, sólo se han realizado progresos significativos en uno: ahora los donantes se coordinan mejor entre ellos.  Las principales deficiencias de la cooperación son:

•       Un porcentaje notable de la cooperación técnica sigue rigiéndose por la oferta, con un bajo nivel de apropiación e implicación por parte de los países socios y con escasa rendición de cuentas
•       Muchos países socios carecen de la capacidad suficiente para garantizar una apropiación activa y gestionar una sobrecargada Agenda de París, que incluye el objetivo de asegurar la coordinación y la apropiación
•       La dependencia de los suministradores del Norte da lugar a costes elevados. El coste y la eficacia del personal de asistencia técnica son motivo de preocupación

Finalmente, en el IV Foro sobre Eficacia de la Ayuda en Busan en 2011 se examinaron los progresos en la mejora del impacto y la efectividad de la ayuda al desarrollo y se adquirieron nuevos compromisos para garantizar que la ayuda contribuya a reducir la pobreza y apoye el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivo de Desarrollo de Milenio (ahora rebautizados como Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-). Se logró pasar de un foco en la eficacia de la ayuda a un foco en la eficacia del desarrollo. El foro situaba la eficacia de la ayuda en un contexto más amplio: inversiones/sector privado, transparencia, financiación contra el cambio climático y lucha contra la corrupción. Asimismo los principios más fortalecidos en Busan fueron el de la transparencia de los flujos de la ayuda y el de la alineación, acordándose la necesidad de mantener una coherencia entre todas las políticas públicas para promover el desarrollo.

En línea con los compromisos alcanzados en Busan, la UE lanzó en octubre de 2011 El Programa para el Cambio con el que se pretendía aumentar el impacto de la ayuda concentrándose en menos sectores y en los países más necesitados. Este cambio de política estaba orientado a concentrar los recursos en los 48 países menos adelantados en materia de  gobernanza, protección social, agricultura y energía sostenible, con el objetivo de que la ayuda de la UE fuera más estratégica y orientada a resultados.

En cuanto a los resultados de la agenda de la eficacia, pese a la inestabilidad económica mundial y la presión presupuestaria en los países, el compromiso con los  principios de cooperación al desarrollo se ha mantenido sólido. Los compromisos en materia de eficacia de la ayuda, especialmente los relativos a apropiación y armonización, han suscitado cambios prometedores. Los gobiernos socios cada vez participan más activamente en el diálogo sobre temas relacionados con la cooperación y los esfuerzos de la comunidad donante por coordinar sus acciones han logrado reducir la fragmentación de la ayuda. Pero a pesar de estos cambios positivos todavía queda mucho por hacer para que la cooperación sea más efectiva en términos de resultados de desarrollo sostenible. Es necesario concentrar los esfuerzos para seguir progresando y alcanzar las metas fijadas para lograr un desarrollo más eficaz, incluyente y sostenible.

La reciente epidemia de Ébola en África del Oeste, junto con otras alertas sanitarias como MERS-Cov en Oriente Medio y el aumento de casos notificados de polio en lugares donde se había declarado eliminado, demuestra la importancia de desarrollar procedimientos estandarizados de prevención y control de enfermedades en la Región con el fin de implementar una respuesta internacional coordinada frente a estos riesgos para la  salud pública.

Como es de todos sabido, las amenazas biológicas no tienen fronteras y el notable incremento del trasiego de personas, animales y mercancías que se está produciendo en todo el mundo, nos hacen cada vez más vulnerables a los riesgos biológicos.

El  Programa Mediterráneo para la Formación en Epidemiología de Campo, MediPIET, es un programa de cooperación en Salud Pública dirigido a formar epidemiólogos en los países no pertenecientes a la UE que forman parte de la cuenca Mediterránea.

La iniciativa de crear este programa de formación surge de la demanda de los países socios para paliar sus déficits en personal cualificado a la hora de hacer frente con solvencia a las amenazas  epidemiológicas que pudieren afectar a sus países o países aledaños y a la necesidad de armonizar la respuesta técnica, entre ellos y con la UE, utilizando procedimientos comunes y canales de comunicación unificados y entendibles, es decir, hablar un mismo “idioma epidemiológico” en todo el Mediterráneo.

La Comisión Europea (CE), como pilar de la Unión Europea (EU) encargada de llevar a cabo las políticas de salud y de cooperación para el desarrollo es quien financia el Programa a través de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación (EuropeAid-DEVCO). DEVCO aporta las pautas, sinergias y complementariedades necesarias para que el Programa sea reconocido, apreciado y aprehendido por los países participantes, mientras que la DG de Salud y Consumo, DG SANCO, a través del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha generado y aportado los conocimientos científicos y técnicos para que la ejecución del Programa consiga los resultados de mejora en cantidad y calidad de los epidemiólogos de campo en los países socios del Programa.

MediPIET es un proyecto de cooperación en seguridad sanitaria que se enmarca en las políticas de cooperación internacional de la UE y en el Instrumento de Estabilidad[1], a través de la activa participación de los Centros de Excelencia NRBQ[2]  y que beneficia a: Albania, Armenia, Argelia, Bosnia i Herzegovina, Egipto, Georgia, Jordania, Kosovo, Líbano, Libia, Macedonia, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Palestina, Serbia, Túnez y Ucrania. Además, Israel y Turquía participan como observadores.

España es líder del proyecto a través de un Consorcio formado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), institución vinculada a la cooperación internacional, cuyos principales cometidos en este Proyecto son la interlocución con la Comisión Europea, llevar a cabo las tareas técnicas, logísticas y hacer el seguimiento presupuestario, y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), vinculado al desarrollo de las políticas de salud pública y cuya principal tarea en el Proyecto es la de asesoramiento científico-técnico de las actividades, principalmente las de formación de epidemiología de campo.

Dentro del ISCIII, es el Centro Nacional de Epidemiología quien se responsabiliza de las tareas anteriormente mencionadas, en coordinación con el ECDC, organismo europeo que asume la coordinación científica.

Los Objetivos que el Programa se ha propuesto cumplir son los siguientes:

1. Constituir una red de epidemiólogos y formadores en epidemiologia de campo de las instituciones de salud pública de los países participantes, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta ante amenazas para la salud pública en el marco del Reglamento Sanitario Internacional.

2. Formar epidemiólogos de campo a cargo de las actividades esenciales de salud pública para la prevención y el control de las enfermedades infecciosas y otros riesgos, con un lenguaje común en la región.

3. Promover la colaboración, el intercambio de experiencias y conocimientos entre los países de la cuenca del Mediterráneo, y el compromiso hacia la sostenibilidad de los programas nacionales y regionales, para garantizar las capacidades de profesionales cualificados en  salud pública para responder a los desafíos sanitarios nacionales y transfronterizos.

El 87% de las mujeres en Guinea Conakry, es decir, 8 de cada 10, sufren violencia conyugal y doméstica en el país africano, según los resultados de una encuesta difundidos por la Dirección Nacional de la Promoción Femenina y de Género. No suelen denunciarlo. Comparten denominador común con otras víctimas de violencia de género en el mundo: tienen miedo a las represalias de su agresor. A lo que hay que añadir la implicación familiar en la resolución del conflicto que se experimenta en el caso concreto de Guinea Conakry.

“Cuando tienen un problema de pareja parece que es de toda la familia. Ésta se involucra y se tiende a la conciliación. Cuando ven que no lo pueden solucionar, en lugar de denunciarlo, acuden a la figura del chief de quartier (jefe de barrio). Éste resuelve los problemas a nivel comunitario y es ahí donde se frenan la mayoría de los casos de denuncia de violencia de género”, explica Elena González, experta enviada por la FIIAPP a Guinea Conakry para participar a corto plazo en el proyecto de la CE con el que el país africano pretende reducir esta problemática.

González asegura que el chief de quartier tiene mucho poder a nivel comunitario y que prefieren solucionar los problemas entre ellos. Esta circunstancia más la desconfianza que la policía genera en la población hace, tal y como indica la experta, que no se denuncien los casos. La era Conté y el posterior régimen militar hicieron de la policía del país un elemento represor para el pueblo. Los agentes policiales, además, accedían al cuerpo sin previa formación y no existían organismos que controlasen su actividad. Esto hacía que la seguridad del país fuese débil y que los ciudadanos desconfiasen de los agentes. Estos aspectos también se quieren paliar con el mencionado proyecto, que gestiona la FIIAPP con la colaboración del Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil. Ambas instituciones se han encargado de formar a personal local en materia de protocolos de actuación en casos de violencia de género y de control de la actividad policial.

“El vínculo entre la policía y los ciudadanos se rompió fruto de la época de la dictadura. El actual presidente (Alpha Condé) busca democratizar las instituciones, y dentro de eso la democratización de la policía”, puntualiza Francisco Gaona, inspector jefe de la Policía que participa como experto en el proyecto.

Falta de recursos

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el país para atajar estas problemáticas es la falta de recursos. “El trato de la policía a las víctimas es el mejor que se le puede dar teniendo en cuenta las condiciones. Están muy sensibilizados con las víctimas, pero cuando quieren hacerles una entrevista, no tienen sitio y se la tienen que hacer en un despacho con otros diez… eso limita el trato de la policía, pero porque no tienen nada que ofrecerles”, comenta Elena González. La falta de ordenadores o incluso de electricidad son otras carencias. Sin embargo, no significa que la causa esté perdida. Cuentan con ONGs y otros servicios como los sanitarios para atender a las víctimas de violencia de género y formar así una red con la que establecer un protocolo de actuación ante este tipo de casos. “Les aportamos nuestro conocimiento sobre la violencia de género, pero nos apoyamos en sus expertos para que les diesen una formación específica con lo que tienen allí. Y destacar que conseguimos llevar a un representante de la comunidad cristina y otro de la musulmana y hablaron de la violencia de género en relación con la religión”, recuerda la experta. No hay que olvidar, además, que en este país se continúa practicando la mutilación genital femenina, declarada como una violación de los derechos humanos de las niñas y mujeres por Naciones Unidas desde su prohibición en 1965. La Dirección Nacional de la Promoción Femenina y de Género apunta que el 95% de la población femenina en el país la ha sufrido. Éste fue otro de los temas abordados por los expertos locales en las formaciones.

También se ha trabajado con el personal local en el establecimiento de una Inspección General de Servicios y de un Régimen Disciplinario para controlar la actividad policial en las comisarías, como los tiempos de detención, el control de informes o llamadas y las posibles infracciones y faltas de los agentes. El objetivo es garantizar a la población el cumplimiento de la normativa. “El problema es que muchos de los policías utilizan el uniforme para cometer actos ilícitos de subsistencia como pedir dinero a los viandantes. Se está luchando contra ese tipo de corrupción y malas conductas”, añade Gaona. Además, se han reconstruido tres comisarías para que cuenten con mejores recursos de asistencia. El país también está a la espera de aprobar el desarrollo de un Estatuto de la policía en el que se establezcan los requisitos para acceder al cuerpo y quiere reactivar su escuela de policías.

Este proyecto tiene carácter piloto y el objetivo es que se extienda por todo el país. “Los pasos son lentos, pero poco a poco se van haciendo cosas que a largo plazo se verán traducidas en una mejor imagen y en una policía más democrática”, concluye Gaona.

Descendemos desde San Salvador al Puerto de la Libertad, a 32 kilómetros de la capital. El municipio es un ejemplo de los esfuerzos del país centroamericano por generar espacios de convivencia y servicios públicos de calidad. Su malecón cuenta con un agradable paseo marítimo, un anfiteatro para eventos culturales y numerosos puestos de gastronomía y artesanía. Las familias pasean, frecuentan los restaurantes y disfrutan de vistas panorámicas del océano Pacífico. Los turistas hacen surf. El alumbrado llega a las zonas más deprimidas.

Disfrutar de espacios públicos no es fácil en un país con altos índices de violencia y amplias brechas sociales. Los sectores con mayores ingresos optan por escuelas y hospitales privados; tampoco se comparten los ámbitos residenciales o de ocio. La falta de recursos del Estado salvadoreño acentúa esta situación. El país, uno de los más pobres de América Latina, tiene una carga fiscal baja, un 14,9 % del PIB frente al promedio de la región del 19,4%, el cual es poco más de la mitad que el de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El pago de impuestos en El Salvador se considera con frecuencia una obligación a eludir antes que un deber cívico. La falta de compromiso y la desconfianza en el Estado crean un círculo vicioso. Los Ministerios de Hacienda y de Educación buscan caminos para romper este círculo: la educación fiscal es uno de ellos.

Juan Carlos Ibarra, profesor en el Instituto Nacional del Puerto de la Libertad, nos abre su aula. En 2009 cursó durante siete meses un Diplomado de Educación Fiscal. Ese año la temática fiscal fue incluida por primera vez en los programas oficiales de estudio. Se desarrollaron materiales educativos, cursos de formación de docentes, espacios lúdicos y una semana de la cultura tributaria. EUROsociAL respaldó todo ese proceso; seis años después, volvemos a La Libertad para ver los frutos. El programa salvadoreño de educación fiscal fue galardonado en 2011 con el Premio Nacional a la Calidad y Mejores Prácticas. Hoy día es una referencia internacional.

Juan Carlos manifiesta que, al principio, fue complicado. “Porque a uno, siendo ya adulto, no le gusta que le hablen de impuestos”, confiesa. Sin embargo, el resultado final fue satisfactorio: “Logré comprender, al igual que mis compañeros, la importancia de tributar. El país lo necesita, las comunidades lo necesitan”.

Nos comenta la Viceministra de Educación, Erlinda Hándal, que pocos dimensionan la magnitud de la evasión fiscal y su impacto en la educación, la salud, en los programas sociales que no se realizan o quedan incompletos. “Eso nos golpea”, afirma.

El Salvador necesita políticas que transformen la sociedad; por eso es fundamental educar en fiscalidad. Carolina Quezada, asesora del Ministerio de Educación, señala que los procesos a largo plazo son los que dan mejores resultados.“Podemos tener reformas fiscales, pero si no cambiamos la mentalidad, los cambios no serán sostenibles ni transformadores”, subraya.

La educación fiscal impulsa la comprensión ciudadana de lo importante que es pagar tributos, pero también el derecho a que lo recaudado se utilice de manera eficaz. Con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, los salvadoreños pueden ahora conocer mejor cómo se emplean sus impuestos. EUROsociAL se ha sumado a este empeño y está participando en un nuevo Diplomado sobre Educación Fiscal, transparencia y acceso a la información, así como en el refuerzo del organismo que garantiza ese derecho.

El profesor Ibarra, como miles de docentes, promueve la cultura fiscal de manera creativa: “Intento que no sea solo técnico, lo vinculo a la realidad, y al final los estudiantes entienden que el pago de los impuestos está relacionado con el respeto a los bienes públicos”.Ibarra pide a los estudiantes que reflexionen sobre la importancia de preservar los materiales e instalaciones de la escuela y no dañar las farolas en el Puerto de la Libertad, farolas que llevan el alumbrado a las zonas más pobres gracias a la solidaridad de todos, y que cuiden las jardineras del paseo marítimo, algunas ya quebradas.

Nos presentan a seis estudiantes que han cursado el Diplomado de Educación Fiscal. Se apasionaron con el tema y ahora, meses después, promueven de manera voluntaria iniciativas cívicas dentro y fuera del Instituto. En un programa de radio difunden sus conocimientos sobre tributación y ciudadanía. Reparten carteles y folletos en los parques, investigan en la alcaldía sobre el destino de los impuestos. Estudian los motivos que llevan a la gente a no pagar tributos. Tienen una página en Facebook y reconstruyen zonas dañadas de su escuela.

Su próximo proyecto es dar charlas en otros siete colegios. Diego es uno de esos estudiantes: “Antes no teníamos conocimiento de lo que era la educación fiscal, ni de los tributos y su destino e importancia”.

Muchos institutos del país son vulnerables a la violencia y los estudiantes afrontan tanto los problemas sociales como las dificultades económicas de sus propias familias. La delincuencia vinculada a las bandas afecta a los centros escolares y, en ocasiones, como sucede en el Instituto de La Libertad, obliga a la presencia de las fuerzas armadas. A pesar de todo, estos jóvenes están motivados para cambiar sus condiciones de vida, para hacer un país mejor. Como destaca Carolina Quezada: “los jóvenes se motivan a partir de los nuevos conocimientos, apropiándose de oportunidades para hacer mejores cosas. Es más, ellos poseen el deseo de transmitir los aprendizajes a otras personas, porque ahora saben del beneficio que conlleva para el país el contar con mayores recursos».

Abandonamos el Instituto de La Libertad, cuyo acceso custodian cuatro militares armados, una escena que contrasta con el mural escolar del muelle de La Libertad, lleno de colores vivos del atardecer.

La Policía Nacional cuenta con una acumulada experiencia en materia de cooperación internacional policía nacional que comienza con la adhesión formal en 1928 a Interpol España. Años después se produjo la incorporación a las entonces denominadas Comunidades Europeas y al espacio Schengen, en 1991, y la consiguiente adhesión a SIRENE España, y en 1993 la Policía Nacional se suma a la puesta en marcha de la agencia europea de cooperación policial EUROPOL. En estos años, la cooperación policial internacional se ha reforzado con una mayor presencia y actividad en estos foros y organismos internacionales, con una mayor acreditación de consejeros, agregados y oficiales de enlace.

Actualmente, la Policía Nacional tiene acreditados consejeros y agregados en 99 países: 36 de Europa, 22 de América, 25 de África y 16 de Asia. Además, también hay agentes de la Policía Nacional en las sedes de INTERPOL, EUROPOL, la OLAF, en las instituciones de la Unión Europea, en FRONTEX, en EUROJUST, en la OEA americana, en Naciones Unidas, en la BKA alemana, en el DCPAF de Francia, en la OCRTIS en Martinica, en la Prefectura PAU francesa y en la MAOC-N de Portugal.

Recientemente ha sido creada la división de cooperación internacional dentro de la Dirección General de la Policía, hecho que implica fortalecer al más alto nivel la importancia de una colaboración que de hecho el Cuerpo Nacional de Policía siempre ha mantenido como objetivo prioritario.

La nueva división de cooperación internacional nace con la idea de aglutinar todas las oficinas y áreas policiales que trabajan en la coordinación y cooperación internacional; fortalecer la red de consejeros, agregados y oficiales de enlace; participar en unidades operativas en investigaciones y operaciones internacionales; reforzar los intercambios de información e inteligencia en el marco de EUROPOL, INTERPOL y SIRENE, o desarrollar la Escuela Iberoamericana de Policía, entre otros objetivos.

El Cuerpo Nacional de Policía y la FIAP trabajan conjuntamente en la proyección internacional de la policía española desde el año 1997, fecha en la que presentan conjuntamente un proyecto para Hungría denominado “Police force training programme”. Desde ese primer proyecto conjunto de carácter internacional, ambas instituciones han presentado propuestas de proyectos a concurso ante la Comisión Europea en innumerables ocasiones, habiendo ganado, ejecutado y finalizado más de 40 proyectos financiados por diversos instrumentos de la Comisión Europea hasta el año 2013, lo que ha favorecido e impulsado la cooperación internacional policía nacional.

La FIAP y el CNP han trabajado conjuntamente respaldando los procesos de estabilización y de asociación de los países candidatos a acceder a la UE, así como de los potenciales países candidatos, desde la Europa de los 15 hasta la de los 28 Estados Miembros, proporcionando asistencia técnica y asesoramiento en la transposición del acervo Schengen, así como en la modernización de las estructuras y procedimientos de trabajo en el ámbito de la seguridad.

Asimismo, la colaboración conjunta de ambas instituciones ha permitido presentar proyectos y ejecutarlos en el marco del instrumento financiero de la política europea de vecindad, dirigido al fortalecimiento de la gobernanza y la cooperación policial transfronteriza interregional en la cuenca del Mediterráneo y otros países limítrofes con la UE. En particular, se ha participado en la instauración y adaptación de las fuerzas policiales, la buena gobernanza y gestión, la aplicación del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra el fraude, la corrupción, la delincuencia organizada y el terrorismo.

Las acciones de cooperación exterior conjunta han incluido también el apoyo a la estabilidad de terceros países, haciéndoles partícipes de herramientas, métodos y mejores prácticas policiales. África está resultando un lugar donde confluye la participación conjunta de ambas instituciones y en donde la seguridad y estabilidad de sus regiones ocupa una parte importante de la acción exterior tanto de la FIAP como del Cuerpo Nacional de Policía.

En la actualidad, el CNP con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas trabajan conjuntamente en la ejecución de actividades de carácter técnico-policial en más de 22 proyectos en diversas regiones del mundo, incluido China. Finalmente, por los especiales lazos de hermandad históricos y el carácter estratégico para nuestro país, queremos dejar reflejado la importante actuación realizada en Iberoamérica y el Caribe con grandes proyectos de la importancia de AMERIPOL, PASS-HONDURAS, así como otros como ENLCD-PERU, en donde la FIAP y el CNP con la cobertura de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior lideran Equipos de Trabajo europeos.

Nota Editorial Final: Contenido actualizado en febrero de 2026 para reflejar el contexto actual y la continuidad de la colaboración estratégica entre la Policía Nacional y la FIAP. La división de cooperación internacional sigue siendo el eje fundamental para la proyección del talento público policial español en proyectos de la Unión Europea y organismos internacionales.