EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Participar en la gestión de un proyecto de cooperación internacional es un trabajo fascinante, aunque en ocasiones, las prisas y los plazos no permiten disfrutar el trabajo que hacemos ni dimensionar la gran diferencia que su puesta en marcha supone para los beneficiarios del mismo. Sin embargo, un suceso trascendental como la irrupción de la COVID19 en nuestras vidas, trastoca las planificaciones y previsiones que todos pudiéramos tener. No hay análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) que prevea un contexto como el actual. Y a pesar de la gravedad de la situación y los problemas a los que nos enfrentamos, es precisamente ahora cuando surge una oportunidad que no podemos desaprovechar: abordar de forma minuciosa aspectos importantes de las actividades que realizamos, prestarles mayor atención si cabe y dedicarles más tiempo que nunca, para asegurarnos de que cuando podamos ponerlas en marcha, tengan el éxito que esperamos.

Una de las actividades más importantes que se desarrolla este año en el proyecto de Intercambio de experiencias UE-Cuba para la promoción de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética en Cuba en el que trabajamos desde la FIIAPP, es el “Fórum de energía sostenible de Cuba” cuya segunda edición estaba prevista en junio de este año; las circunstancias actuales han hecho necesario cambiar las fechas, posiblemente a noviembre de este año. El Fórum, organizado por el Ministerio de Energía y Minas de cubano, la Delegación de la Unión Europea de Cuba y con el apoyo de Fira Barcelona, se realizará en el recinto ferial PABEXPO (La Habana).

Días antes, se realizarán en la ciudad de Santa Clara una serie de actos paralelos dirigidos a la promoción de la inversión extranjera en las bioeléctricas (organizados por el grupo estatal AZCUBA) y a la integración de las Universidades del Caribe y Cuba (organizados por la Universidad Central de las Villas) que incluirán una visita a la bioeléctrica de Ciego de Ávila.

Aprovechando este receso forzoso, estamos ultimando los detalles para asegurar que este foro sea de nuevo un éxito, y ofrecer a instituciones y universidades cubanas y de la región un espacio de encuentro y diálogo donde más de 150 personas podrán intercambiar experiencias y los últimos conocimientos del sector. A través de los talleres previstos en torno a cuatro grandes temas (energía termosolar, movilidad eléctrica, acumulación de energía y eficiencia energética) expertas y expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio en la materia, abordarán junto con personal institucional cubano y directivos de organismo regionales e internacionales, la situación actual y desarrollo de las tecnologías, así como los avances y acuerdos internacionales dentro del sector, lo que sin duda favorecerá la puesta en marcha de la nueva política de modernización energética del país.

El Foro se suma así a los esfuerzos del país y del MINEM de incorporar la eficiencia energética y las fuentes renovables de energía. Entre los objetivos de la nueva política energética, se espera en 2030 incrementar las energías renovables en la generación eléctrica en un 24 %, producir 7 mil 316 GWh/año, sustituir 1,75 millones de toneladas de combustible fósil y dejar de emitir 6 millones de toneladas de CO²/año en el país.

A veces, dar un paso atrás permite después pisar más firme y dar el salto que asegura conseguir nuestros objetivos. Sobreponiéndonos a la adversidad y aprovechando la ocasión que se nos presenta, aportaremos mucho más a este proyecto y llegaremos mucho más lejos de lo que nos habíamos propuesto.

Alma Martín Pérez, técnica de apoyo del proyecto de Intercambio de experiencias UE-Cuba para la promoción de las energías renovables.

En la casi séptima semana de mi confinamiento, desde mi recién descubierto y permanente espacio no elegido en el que, por motivos ajenos a mi voluntad, tengo que trabajar, asisto exhausta e incluso incrédula por momentos al despropósito causado por el llamado El COVID-19, comúnmente, llamado Coronavirus.

A veces quiero despertar de semejante pesadilla y no puedo, quiero soñar que es una novela o una película de ciencia ficción pero no es así, es real, estoy siendo espectadora de los aspectos más sórdidos y desagradables del envite que nos está haciendo perder todo lo que habíamos logrado, todo lo que habíamos soñado o lo que queríamos alcanzar. Y me pregunto ¿y ahora qué?

Me cuesta pensar que tan Coronado bicho nos conduzca hacia lo que el mundo anglosajón llama appeasement (apaciguamiento) ser espectadores de lo que está pasando sin hacer nada  o casi nada y nos conduzca hacia un idealismo que haga chocar la realidad y al desengaño. La realidad de lo que estamos viendo y/o padeciendo cada uno en nuestros propios contextos y el desengaño  de esperar que cambien las cosas y quedarnos a la espera permanente.

Hace ya algunos meses tuve el privilegio de asistir a una actividad  organizada por EUROsociAL + en Antigua Guatemala, en la que puede presenciar como diferentes actores sociales de diferentes ámbitos sociales, políticos y culturales,  conversaban, comparaban  y exponían como en diferentes países y diferentes contextos, la desigualdad, la desconfianza, la falta de transparencia, los recursos y desniveles de riqueza e incluso la corrupción empañaban las democracias, generando falta de confianza en las Instituciones y al mismo tiempo compartían y buscaban sinergias para seguir luchando por un  proyecto común.

Nuevos actores, nuevos espacios,  siempre han marcado los lineamientos del programa y en general de la Fundación y en esos lineamientos y espacios está, precisamente, el tejido que se nutre de la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua, donde la estabilidad y la moderación producen y  producirán transformaciones sociales quizás nunca imaginadas, donde la sobriedad y la verosimilitud se basaran en la realidad cotidiana, alcanzada dando pequeños grandes pasos y siempre con un realismo que describa la realidad social donde vivimos, tejiendo confianza, basada en la igualdad de oportunidades, el sentido de pertenencia y la solidaridad,  siendo tejedores de esa confianza que nos espera, que nos invita a seguir trabajando por nuestro futuro entre pares  y por el de los demás.

Nos esperan nuevos retos, nuevos propósitos, nuevos horizontes, nuevas metas.   De eso se trata, de no soñar, de no idealizar, sino de tejer el futuro juntos, de acompañar demandas estratégicas, seguir sumando y apoyando las redes y planes de trabajo, donde la cooperación en este caso, como elemento vital y esencial, como recurso, nos hace agruparnos y compartir el mismo telar, ahora más que nunca.

Shedy Plaza, técnica de apoyo de la oficina del programa  EUROsociAL +

Al plantearnos una evaluación de política pública, uno de los primeros pasos metodológicos comúnmente aceptados es el análisis de la lógica de la intervención: ¿Cómo ha sido diseñada la política? ¿Existe una coherencia entre sus objetivos (explícitos o implícitos) y sus resultados, actividades y productos, y entre todos estos elementos de la cadena entre sí?

Para hacer frente a la compleja situación en la que nos encontramos, las Administraciones han adoptado una amplia serie de medidas, que afectan a muy diversos sectores de la sociedad: sanidad, mercado laboral, vivienda, movilidad, fiscalidad, etc.

Pero ¿cuáles son los objetivos específicos, generales, a medio, a corto, a largo plazo, establecidos? En principio, podríamos pensar que el principal objetivo sería perder el menor número de vidas humanas posibles, que no colapse el sistema de salud, que la población no pierda derechos ni poder adquisitivo. Sin embargo, para hacer una valoración rigurosa y exhaustiva, sería necesario el establecimiento de metas claras sobre las cuáles poder medir los avances y los logros o fracasos. ¿Con qué criterios de juicio se podrán evaluar las medidas adoptadas para poder pronunciarse sobre su eficacia, es decir, su capacidad de conseguir las metas propuestas?

«¿Con qué criterios de juicio se podrán evaluar las medidas adoptadas para poder pronunciarse sobre su eficacia?»

Por supuesto, esto nos lleva a planteamientos complejos y delicados política y socialmente hablando: ¿Cuál es la meta aceptable en pérdida de vidas humanas? ¿Qué número se considerará aceptable de desempleados (no temporales)? ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas se puede asumir que desaparezcan? Son solo algunos ejemplos.

Para poder realizar una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas, sería necesario, por lo tanto, que nuestras Administraciones Públicas:

– Definan con exactitud los distintos problemas sociales que están planteados y los que se plantearán potencialmente.

– En base a ellos, establezcan un Plan de Contingencia, idealmente, inserto en el Decreto de Declaración del Estado de Alarma (de forma que forme parte del Ordenamiento Jurídico), en el que se enmarque el conjunto de medidas aprobadas, que respondan a objetivos claros y delimitados, definiendo asimismo indicadores de proceso y resultado, que permitan hacer un seguimiento de su evolución.

– Establezcan nuevas medidas para construir un todo coherente que permita alcanzar los objetivos definidos.

– Diseñen un sistema exhaustivo de seguimiento, que permita modificar las medidas en función de los resultados que se vayan obteniendo, en base a las evidencias recolectadas.

Una sociedad madura que, en su inmensa mayoría, se está comportando de forma impecable en el seguimiento de las recomendaciones, debe poder conocer cuáles son los parámetros en los que las instituciones se manejan como escenario posterior, para poder evaluarlos.

Si pensamos en una evaluación de impacto stricto sensu, la dificultad que se plantea es la inexistencia de contrafactual: ¿Qué habría pasado si en vez de las medidas adoptadas no se hubiera adoptado ninguna? ¿Qué habría pasado si se hubieran adoptado otras medidas o si se hubieran adoptado antes? ¿Cuál es el modelo más exitoso para hacer frente a esta crisis entre los distintos establecidos?

Cada día y cada hora que pasa, se generan datos y cifras que van dibujando gráficos y estadísticas que evolucionan rápidamente y de forma cambiante según se analicen por país, por región, por continente. Van aportando información valiosa y reflejan desarrollos sobre los que construir hipótesis a contrastar.

A la vista de los datos y del contexto, los países han adoptado distintas soluciones, pero la existencia de demasiadas variables difíciles de controlar (grado de fortaleza de los sistemas sanitarios, situación de partida de la salud de la ciudadanía, pirámide poblacional, hábitos culturales, esperanza de vida, etc.), impiden actualmente realizar un análisis comparativo con la rigurosidad necesaria para sacar conclusiones robustas.  Sin embargo, sí tenemos experiencias anteriores parecidas que nos pueden dar algunas pautas de análisis.

«La existencia de demasiadas variables difíciles de controlar impiden actualmente realizar un análisis comparativo con la rigurosidad necesaria para sacar conclusiones robustas»

Expertos en la materia han mencionado que durante las crisis del SARS (2003) o la gripe A (2009), se produjo un gran avance en cuanto a la investigación y la lucha contra estas enfermedades. También se ha puesto de manifiesto que al haberse controlado los brotes y haber finalizado la emergencia, los fondos para continuar la investigación y el desarrollo de distintos fármacos fueron eliminados o drásticamente reducidos y se detuvieron estas líneas de trabajo. El trabajo quedó inconcluso. Lamentablemente, aquellas ocasiones anteriores no fueron lo suficientemente aprovechadas como para haber frenado antes y de mejor manera la crisis actual.

Una de las utilidades de la evaluación de políticas públicas puede ser la extracción de lecciones aprendidas. Ojalá una evaluación ex post de la crisis actual nos muestre lecciones aprendidas que faltaron anteriormente y sirva para construir sobre fortalezas que, sin ser conscientes de ello, estamos creando entre todos durante estos días.

Desde el Proyecto EVALÚA estamos atendiendo las nuevas prioridades de las instituciones socias en la elaboración de una línea de base que pueda servir de punto de referencia para la posterior evaluación de las acciones actuales, con un enfoque comparado de ámbito regional.

Marta Monterrubio, especialista en Evaluación de Políticas Públicas del proyecto EVALÚA.

El 21 de marzo de este año se conmemora el 60º aniversario de la matanza de Sharpeville (Sudáfrica). Ese día de 1960, decenas de manifestantes pacíficos/as que protestaban contra la Ley de pases[1] del apartheid resultaron asesinados/as a manos de las fuerzas policiales sudafricanas.

En recuerdo de las víctimas de este sangriento episodio que marcó un punto de inflexión en la historia de la lucha contra la segregación racial se celebra, cada 21 de marzo, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Un día para llamar la atención y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta problemática, y para poner de relieve que aún queda mucho por hacer para construir sociedades inclusivas en las que la diversidad sea vista como una oportunidad y no como una amenaza.

La discriminación: una realidad cotidiana para muchas personas y grupos

Aunque existe una prohibición legal de discriminar, la discriminación, el racismo y la xenofobia forman parte de la vida diaria de muchas personas y grupos.

Una pareja de origen inmigrante a la que se le niega un trabajo o el alquiler de una vivienda por el hecho de ser extranjeros. Una joven musulmana a la que se le insulta en el metro por llevar “hiyab”. Un joven gitano víctima de acoso por parte de sus compañeros/as de clase debido a su origen.

Son algunos ejemplos del trato desigual y de los episodios racistas a los que se enfrentan de manera cotidiana algunas personas por su color de piel, pertenencia u origen nacional o étnico.

Y una de las grandes dificultades radica en que muchas veces los propios actores implicados (autores/as y víctimas de estos actos) ni siquiera perciben estos hechos como discriminatorios, racistas o xenófobos.

Qué hace falta para combatir más eficazmente estas prácticas

Hace falta impulsar medidas y actuaciones en distintos planos.

Necesitamos, en primer lugar, conocer, reconocer y visibilizar el problema. Conocer la forma en la que los grupos discriminados sufren estos actos, medir la magnitud del problema a través de la recopilación de datos, la realización de estudios e investigaciones. Necesitamos generar conciencia pública sobre estas cuestiones.

También necesitamos que se promuevan y apliquen medidas legislativas más eficaces; que los Estados, como principales responsables de garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, asuman un compromiso fuerte en este sentido, impulsando instrumentos jurídicos, políticas, planes, programas y acciones para la prevención y la lucha contra estos fenómenos.

Necesitamos poner en marcha medidas de educación, formación y sensibilización en derechos humanos, que contribuyan a desmontar los prejuicios y estereotipos que están en la base de los comportamientos racistas y discriminatorios, y que pongan en valor y fomenten el respeto a la diversidad.

Necesitamos escuchar más, mostrar interés y conocer el punto de vista de las personas directamente afectadas, así como dar una respuesta adecuada a las víctimas.

Necesitamos estrategias para hacer frente a las nuevas manifestaciones de intolerancia y odio que proliferan a través de internet, entre otras muchas medidas.

La cooperación como herramienta para promover la convivencia y luchar contra el racismo

La cooperación con otros Estados, organizaciones e instituciones pertinentes puede servir para fortalecer los mecanismos nacionales de promoción y protección de derechos, así como para apoyar las acciones que se están llevando a cabo por distintos actores para promover la convivencia y para luchar contra el racismo y la xenofobia.

Así, por ejemplo, en el caso de las personas migrantes, los proyectos de cooperación internacional pueden contribuir a reforzar las políticas públicas orientadas a fomentar la integración y a promover la igualdad de trato y la no discriminación; o pueden también apoyar y capacitar a otros actores no institucionales, como las organizaciones no gubernamentales, para que puedan cumplir un papel relevante en este campo.

El proyecto de cooperación delegada “Convivir sin discriminación: un enfoque basado en los derechos humanos y la dimensión de género”, financiado por la Unión Europea y en el que FIIAPP participa como socia codelegada de la AECID, apunta precisamente en este sentido.

A través del acompañamiento, el intercambio de experiencias y el conocimiento de buenas prácticas españolas y europeas, el proyecto busca mejorar los instrumentos y las políticas públicas existentes en Marruecos orientadas a prevenir y combatir el racismo y la xenofobia hacia la población migrante.

Se trata de un proyecto complejo, integral y muy pertinente en el contexto actual, ya que aborda algunos de los ejes y ámbitos de acción fundamentales que los estados deben establecer o reforzar para avanzar hacia la igualdad efectiva.

[1] La Ley de pases fue una de las medidas impuestas por el régimen del apartheid en Sudáfrica, a través de la cual se establecía el control y se restringían los desplazamientos de la población negra dentro del país.

En 1985 Martin McFly calibraba el “condensador de fluzo” de su viejo DeLorean para viajar al futuro, concretamente al 21 de octubre de 2015. Apenas un mes antes de la llegada de McFly, la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Una hoja de ruta centrada en las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y las alianzas que representa el compromiso internacional de erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario. Una suerte de viaje al futuro que, dentro de diez años, debería llevarnos hacia un mundo más justo y en el que nadie se quede en el pasado (atrás).

La Cooperación Española, con los años 20 ya en marcha y a una década vista del feliz aterrizaje en un futuro sostenible, tiene mucho que decir y decidir en estos años. Un trayecto, seguramente no tan instantáneo como el de la máquina del tiempo del doctor Emmett Brown (Doc), en el que se prevén oportunidades y desafíos. Pues bien, subámonos al DeLorean y veamos.

Comienza una nueva década y con ella una nueva etapa para la Cooperación Española en la que la asunción de Arancha González Laya como nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación parece una buena noticia por su perfil marcado por el multilateralismo tras sus responsabilidades en la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio (OMC). De hecho, no se hizo esperar. Desde el momento de su nombramiento, anunció que colocaría entre las prioridades de su mandato el reenfoque de la política de cooperación internacional.

Y lo cumplió. La creación de una Secretaría de Estado dedicada en exclusiva a la cooperación, al frente de la cual ha sido nombrada la diplomática Ángeles Moreno, también supone a priori un buen síntoma del peso específico que el Ministerio de Asuntos Exteriores quiere darle a las políticas sectoriales en favor del desarrollo internacional. La otra parte (la geográfica) del antiguo título de la secretaría, “y para Iberoamérica y el Caribe”, se integra ahora en la cartera con más competencias: la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. “Spain is back, Spain is here to stay” (España está de vuelta, España ha venido para quedarse), declaró González Laya al tomar posesión, el pasado 13 de enero.

La oportunidad que representa una estabilidad política e institucional, al menos en principio más duradera que a la que hemos estado acostumbrados, también trae consigo un cuadro de desafíos a los que la Cooperación Española tendrá que hacer frente y tomar partido en el viaje desde el ahora hasta el futuro. Algunos de ellos son el aumento progresivo de los recursos públicos para la cooperación, tras los años de austeridad por los vaivenes de la crisis; afrontar la reforma de la Ley de Cooperación Internacional (Ley 23/1998, de 7 de julio), como piden con insistencia muchas voces desde la sociedad civil; o plantear seriamente el debate sobre la creación de una nueva institución (o reforma del sistema de cooperación tal y como lo conocemos) que tenga un cariz económico-financiero al estilo del banco de desarrollo francés (AFD). Por ahí, se dice, viene la cooperación del futuro. Envuelta en la bandera del blending virtuoso y el policies first. Cooperación técnica acompañada de líneas de crédito que permitan el levantamiento de infraestructuras y favorezcan la inversión privada. Apalancamiento de recursos (AOD y otros flujos) y de conocimientos, en el que cada vez más actores tengan voz y voto. Porque, esto del desarrollo es cosa de todas.

De momento, la semana pasada, en la comparecencia de la ministra ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados estos temas se pusieron encima de la mesa. Se habló de la reforma de la AECID, de una nueva ley, del compromiso de España con la Agenda 2030 y con el Fondo Conjunto de los ODS (Joint SDG Fund) e incluso se anunció la voluntad del Gobierno de dedicar a la cooperación el 0,5% de la Renta Nacional Bruta (RNB) al final de la actual legislatura. Llegan buenos augurios para el futuro, sin olvidar donde estamos. Los últimos datos oficiales (Informe de Seguimiento de la AOD 2016-2017) nos sitúan hoy en el 0,19%, muy por debajo de la media de la UE.

Un peldaño más arriba, en el ámbito de la Unión Europea corren también nuevos tiempos con la puesta de largo de la Comisión Von der Leyen. En materia de cooperación, las prioridades de DEVCO (Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE) son claras: pacto verde, pobreza, equidad de género, mejora en la gestión de las migraciones, promoción de la sociedad civil a nivel global, África y Agenda 2030. En el plano europeo, la Cooperación Española tendrá que hacer suyas estas líneas de acción aportando su saber-hacer para fortalecer las políticas europeas de desarrollo. El papel de la FIIAPP aquí, como agencia implementadora solvente, es fundamental para seguir contando con la confianza de Bruselas.

En el contexto de las difíciles negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión (2021-2027), la previsible irrupción del NDICI (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument), como nuevo instrumento aglutinador de todos los preexistentes en materia de desarrollo, pretende cambiar las reglas del juego en un intento por crear sinergias y aumentar la efectividad de los fondos europeos. De producirse, la adaptación a la nueva norma será un desafío. Por el momento, la AECID comienza la década en clave de oportunidad presidiendo la Practitioners Network que reúne y coordina a las principales agencias de cooperación europeas.

También el debate sobre el desarrollo en transición es una temática en la que la Cooperación Española estará potencialmente activa. El término, acuñado por la Comisión Europea, la CEPAL y el Centro de Desarrollo de la OCDE, invita a reflexionar sobres los retos inmediatos que afrontan las políticas de cooperación en los países de renta media (PRM) que ya han dejado de ser receptores oficiales de AOD a pesar de no haber superado numerosas brechas estructurales. En América Latina lo son la mayoría. El vínculo de confianza mutua que España mantiene con la región abre una ventana de oportunidad para nuestra cooperación. Históricamente hemos sido agente facilitador del diálogo birregional que, en palabras de Sanahuja “urge retomar” entre una UE y una América Latina y el Caribe sentadas a la mesa de un nuevo paradigma basado en la cooperación avanzada.

Por otra parte, no hay que desdeñar el importante rol que podrían jugar en los próximos años otras instituciones del sistema de cooperación español como la Fundación Carolina en el ámbito de la educación superior y la generación de conocimiento. Sin duda la materia prima de nuestro trabajo y la moneda de cambio más valiosa del futuro: el conocimiento. Ni tampoco las múltiples instituciones y organizaciones españolas que encajan en la etiqueta de cooperación descentralizada. Un modelo de cooperación multiactor y multinivel netamente exportable, siendo España el país en el que este tipo de cooperación tiene más peso de entre los miembros que componen el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Una oportunidad en tanto que valor añadido de nuestra cooperación, pero un desafío a la hora de afrontar retos constantes como el de la eficacia de la ayuda o el de la coordinación entre actores.

Y así, entre desafíos y oportunidades, transcurrirá el viaje al futuro que queremos. En los años que vendrán, la Cooperación Española tiene en su mano la posibilidad de refrendar con resultados un dato precioso que esperemos nos siga acompañando durante la próxima década: según el último Eurobarómetro la población española es la que más apoya en Europa la política de cooperación internacional como una de las prioridades principales de su Gobierno.

Arranca una década apasionante en la que como dijo el inolvidable Marty en uno de sus viajes en el tiempo, “quizás no estemos preparados todavía para esta música, pero les encantará a nuestros hijos”. Tenemos una década por delante para hacer que los coches vuelen y de paso que nuestra cooperación para el desarrollo sea más moderna y eficaz. Empiezan los felices 20.

David R. Seoane. Técnico de Comunicación y Gestión de Conocimiento de la FIIAPP

Nos encontramos en la triple frontera más austral de América… Entre Barra de Quaraí (Brasil), Bella Unión (Uruguay) y Monte Caseros (Argentina). Los territorios de esta frontera comparten entre muchas otras cosas, la cuenca trinacional del río Uruguay que en su totalidad involucra a los territorios de Uruguay (departamentos del litoral fundamentalmente, pero no solo estos); el litoral de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones de Argentina; y la mitad de la superficie de los estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina de Brasil.

En estos momentos de convulsiones migratorias se hace cada vez más necesario poner a dialogar a aquellas comunidades que comparten territorio y muchas veces mismas necesidades, pero distinto país. Fomentar espacios de buena gobernanza transfronteriza y, por tanto, espacios de “Frontera de Paz”.

Las personas que habitan la cuenca trinacional del Río Uruguay tienen una identidad compartida que se retroalimenta todos los días, generando un espíritu de convivencia constante. Toda la zona está caracterizada por una población relativamente homogénea concentrada en un número reducido de centros urbanos. Los indicadores de calidad de vida son relativamente altos en comparación con otras zonas de América Latina. No obstante, comparten problemáticas que se van repitiendo a lo largo de la cuenca. En numerosas ocasiones, las personas de un mismo núcleo familiar viven en diferentes municipios pertenecientes a diferentes países. Las soluciones a los problemas de cada día se dificultan cuando estas personas se enfrentan a barreras burocráticas donde las legislaciones entre los tres países no están homogeneizadas/homologadas. O, por ejemplo, el vivir a un lado de la frontera y trabajar en otro provoca, en muchas ocasiones, situaciones de desigualdad por incompatibilidad, entre otras cosas, de la moneda y el valor de la misma. Igualmente sucede con el idioma en el caso de Brasil, aspecto que, desde una perspectiva positiva, aporta también enriquecimiento cultural.

Todo este devenir de circunstancias con las que los ciudadanos y ciudadanas de la frontera conviven, requiere una atención especial desde la gobernanza de las políticas públicas encargada de dar respuesta a las necesidades de una población de especial idiosincrasia. Ayudar para ello a fortalecer la interrelación entre los poderes públicos de diferente nivel sumado a las relaciones exteriores entre países, supone un importante esfuerzo, pero a la vez, un fascinante reto que nos lleva, de nuevo, al marco de la cohesión territorial.

La realización del taller sobre Retos y Desafíos para el desarrollo sustentable de la Cuenca Trinacional del Río Uruguay fue una oportunidad para el comienzo de una reflexión conjunta de cómo generar políticas de amplio espectro para una mejor integración e incidencia en los procesos, generando mejores oportunidades para el desarrollo y la cohesión social de los territorios compartidos.  Actores de los estados nacionales, autoridades subnacionales y locales, representantes de la sociedad civil y organismos binacionales participaron a finales del mes de septiembre de 2019 en esta actividad que permitió sentarse a la mesa con una perspectiva multinivel, a diferentes representantes de los tres países implicados. Todo ello en la lógica de establecer una hoja de ruta para la mejora de la gobernanza entendiendo ésta como la implementación eficaz de mecanismos de inclusión social y el fomento de la percepción que los ciudadanos y ciudadanas tienen de ellos mismos (conforme definición de la CEPAL). Para lograrlo, se pretendió establecer tareas y responsabilidades con el fin de desarrollar estrategias y políticas para generar confianza y fortalecer la cohesión social, afrontando las asimetrías generadas por la condición periférica y fronteriza del territorio. En tal caso, la hoja de ruta apostó por establecer mecanismos para una vinculación más efectiva de las entidades locales con las estructuras y estrategias para la gestión de la cuenca ya existentes[1].

Es importante señalar que el río Uruguay no es sólo el principal vector de desarrollo económico del territorio, sino a su vez también el elemento vertebrador de la dimensión cultural, educativa, ambiental y social del tramo de la cuenca, en la que existen previamente vínculos y lazos que requieren de una mayor planificación y cooperación entre actores.

Desde EUROsociAL+, programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP,  venimos acompañando al Congreso de Intendentes de Uruguay, líder de la iniciativa, en el desarrollo y fortalecimiento de las estrategias de integración en los territorios de las cuencas transfronterizas del río Uruguay y laguna Merin para canalizar las posibilidades de desarrollo de las zonas trasfronterizas con enfoque de cuenca, fortaleciendo la gobernanza y empoderando los gobiernos locales y subnacionales. Asimismo, el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay (CCRU), se ha constituido como un espacio de coordinación estratégica de los gobiernos subnacionales y locales de la región compartida por Argentina, Uruguay y Brasil. Este taller conforma una de las actividades que contribuirá a la consecución del resultado de la mejora de la gobernanza en estas zonas fronterizas. Las experiencias europeas expuestas ayudarán igualmente a visualizar procesos exitosos de igual calado e inspirarán el diálogo entre regiones donde la orografía no distingue de nacionalidades.  En palabras de Trías (1985), “En los límites, la realidad se hace más densa”.

Bárbara Gómez Valcárcel. Técnica de Gobernanza Democrática. EUROsociAL +

[1] Hoja de Ruta elaborada por Jose María Cruz, ARFE (Asociación de Regiones Fronterizas Europeas) en colaboración con los expertos: Marcos Pedro Follonier y Hamilton Santos Rodríguez por encargo del Programa EUROsociAL +

Reportaje videográfico producido por EUROsociAL+