24/06/2025
En el marco del proyecto de apoyo policial de la UE a la fuerza especial de policía para la lucha contra el crimen organizado en Bolivia, la delegación ha mantenido reuniones con representantes del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Una delegación compuesta por autoridades del sistema judicial boliviano ha realizado una visita de estudios a España y Francia, en el marco del proyecto Apoyo policial de la UE a la fuerza especial de policía para la lucha contra el crimen organizado en Bolivia. El objetivo principal ha sido fortalecer la carrera judicial en Bolivia, a través del intercambio de experiencias con sus homólogos europeos. La delegación ha estado compuesta por Romer Saucedo Gómez y Rosmery Ruiz Martínez, presidente y decana del Tribunal Supremo de Justicia; Richard Cristhian Méndez Rosales, presidente del Tribunal Agroambiental, Gabriela Paula Araoz y Carlos Spenser Arancibia, decana y consejero del Consejo de la Magistratura; y Lucio Valda Martínez y Iván Carballo Medina, director y jefe de Capacitación la Escuela de Jueces del Estado.
La delegación ha mantenido reuniones institucionales con representantes del Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ), como Isabel Perelló Doménech, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ y José María Fernández Seijo, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. También se han reunido con el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, y demás expertos de la la Escuela Judicial. Asimismo, han asistido a la entrega de premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 2025, además de conocer de cerca el funcionamiento de las Escuelas Judiciales de Barcelona.
La agenda ha finalizado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Allí, han sido recibidos por su presidente, Mattias Guyomar, con quien han intercambiado buenas prácticas sobre políticas de independencia judicial y su adaptación en Bolivia.
Gracias a esta experiencia, las autoridades bolivianas han comprendido la necesidad de modernizar y blindar la carrera judicial. Como resultado, ya han comenzado a plantear la posible aplicación de nuevas políticas clave, entre las que destacan:
Estas medidas suponen un avance concreto hacia la independencia judicial, con el objetivo de paliar problemáticas sistémicas y prevenir la intromisión política en el poder judicial.
La directora del proyecto, María Antonia Díez García, quien ha acompañado a la delegación durante toda la visita, ha celebrado su éxito: «en Estrasburgo trabajamos en las políticas de independencia y en Barcelona recogieron multitud de ideas prácticas para aplicar en Bolivia. En todo momento mostraron un altísimo grado de interés y compromiso. Fue un honor llevarles, me sentí muy orgullosa de mi Bolivia».