10/10/2025
Durante 4 años se ha trabajado en este proyecto con el objetivo de reforzar las capacidades de investigación policial y judicial contra las redes criminales vinculadas al tráfico de migrantes.
El proyecto Asociación Operativa Conjunta (POC, por sus siglas en francés) Mauritania, financiado por la Unión Europea, llega a su fin tras cuatro años de trabajo con expertos del Ministerio del Interior y Policía Nacional, policía mauritana y las autoridades y las organizaciones mauritanas e internacionales involucradas en la gestión de las migraciones.
Desde diciembre de 2021 se han reforzado las capacidades de investigación policial y judicial contra las redes criminales vinculadas al tráfico de migrantes y se han mejorado las capacidades estructurales y operativas del sistema de gestión y atención a las personas en situación de inmigración irregular.
El cuarto y último comité directivo se celebró el pasado 25 de septiembre en Nuakchot, con representantes de la delegación de la Unión Europea en el país, autoridades mauritanas (Dirección General de Seguridad Nacional, Comité Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, Comisión Nacional de Derechos Humanos), miembros de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Policía Nacional de España, representaciones de las embajadas de España, Francia y Alemania y de organismos internacionales como el ACNUR, la OIM, y la Medialuna Roja entre otros. En este encuentro se repasaron los principales logros del proyecto.
En la mejora de capacidades de investigación policial y judicial cabe destacar la formación en técnicas de investigación sobre trata y tráfico ilícito de personas migrantes e incautación, en fuentes de información, en control fronterizo, verificación de documentos y detección de fraude documental, así como la formación de agentes de policía y de personas que integran el poder judicial encargados de las investigaciones penales en la sensibilización sobre el rol y los procedimientos esenciales en la cadena de justicia penal. Se han mejorado las capacidades de vigilancia y patrullaje con el suministro de quads y buggys, así como linternas o walki-talkies, entre otros. También se han reforzado los canales de coordinación entre diferentes actores implicados en la lucha contra las redes de tráfico ilícito de personas migrantes en Nuakchot y Nuadibú (guardacostas, gendarmería, wali) y se ha promovido el enfoque de derechos humanos en el trabajo de las autoridades mauritanas.
Entre 2022 y 2025 se han desmantelado, en el marco del proyecto, 53 redes de trata y tráfico de personas.
En lo que se refiere al refuerzo estructural y operativo de la gestión de la migración irregular, se han rehabilitado y equipado en el marco del proyecto dos Centros de Acogida Temporal de Extranjeros, creando un espacio de concertación entre autoridades mauritanas, actores humanitarios, y organismos de protección para la gestión de las personas procedentes de desembarcos en aguas mauritanas. 
En estos centros se acogerá a las personas migrantes tras un desembarco, durante un máximo de 72 horas y se les entrevistará para determinar si son víctimas de trata, menores no acompañados, personas vulnerables o solicitantes de protección internacional, y derivarles así a las estructuras competentes. Estos centros, diseñados en estos espacios de concertación, se regirán por un reglamento en cuya elaboración han participado todos los actores involucrados en la gestión de la migración en el país. Su funcionamiento está inspirado en los centros de acogida temporal a extranjeros existentes en Canarias. El proyecto ha incluido también una visita de estudios de autoridades mauritanas a Gran Canaria y el Hierro para conocer de primera mano este modelo. La Medialuna Roja mauritana contará con un espacio en el interior de los centros para garantizar la asistencia necesaria. También estarán presentes, según el reglamento negociado y aprobado durante el proyecto, el Comité de lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, que será responsable de la identificación de víctimas de trata, de personas con vulnerabilidades específicas y con derecho a protección internacional, con el apoyo de la OIM y ACNUR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que será garante de la protección de los derechos de las personas migrantes y del sistema de quejas.
El proyecto ha contado con 4,5 millones de euros de financiación del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, creado en la cumbre de la Valeta sobre migración (2015) entre África y la Unión Europea para abordar las causas raíz de la migración.
