24/07/2025
Especialistas del Perú trabajan con homólogos europeos para reforzar su trabajo en temas como la ciberdelincuencia, las criptomonedas y el lavado de activos entre otros.
Con el objetivo de enfrentar los nuevos desafíos del crimen organizado y las economías criminales digitales, el Poder Judicial del Perú, en coordinación con la Unión Europea (UE), ha llevado a cabo el seminario internacional “Extinción de Dominio en el Contexto Digital: Ciberdelincuencia, Criptomonedas, Lavado de Activos y Pericias Contables”, dirigido a jueces, fiscales, peritos contables y operadores del sistema de justicia penal especializado.
El evento, forma parte de las acciones impulsadas pro el proyecto europeo sobre lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado en el Perú y se han abordado temas como: La trazabilidad de criptomonedas en investigaciones patrimoniales; el uso criminal de activos virtuales, las pericias contables en casos de lavado de activos y corrupción y la cooperación internacional para la recuperación de activos, entre otros.
A través de este seminario se pretende mejorar la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Contraloría General de la República. La UE reafirma su compromiso con la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento institucional y la recuperación de activos ilícitos. “Apostamos por un sistema de justicia más eficaz, transparente y articulado”, ha expresado Eva Platero Aranda, jefa del proyecto europeo y experta de la FIAP en Perú.
Entre los ponentes, destacamos especialistas internacionales como el Sr. Faustino Gudín Rodríguez-Magariños y el Sr. José Joaquín Taús Ballester (España), así como reconocidos magistrados peruanos, como el Sr. César San Martín Castro y el Sr. Manuel Luján Túpez. Los expertos han compartido experiencias de Europa y América Latina en la lucha contra el crimen transnacional.
Esta iniciativa no solo promueve el intercambio de experiencias entre Europa y América Latina, sino que fortalece las capacidades técnicas y jurídicas del Estado peruano para enfrentar nuevas formas de criminalidad económica y digital, asegurando que los bienes ilícitos regresen al Estado y se protejan los intereses públicos.
