EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Cada 17 de julio se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional. Más allá de la fecha, es un llamado a la acción global. Para ello, de la mano de especialistas en justicia de dos acciones financiadas por la Unión Europea e implementadas por la FIAP, reflexionamos sobre la relevancia de la cooperación internacional en el ámbito judicial.

Iniciamos la conversación con Marta Pizarro Mayo, magistrada y experta destacada para asuntos judiciales y fiscales del proyecto europeo para apoyar a Serbia en materia de justicia, libertad y seguridad, centrado en la protección del estado de derecho, la lucha contra la delincuencia organizada, la congelación y la confiscación de activos delictivos, lo resume así:

“La cooperación en materia de justicia es fundamental. Es esencial para garantizar que los crímenes más graves no queden impunes, porque en un mundo como el nuestro, tan interconectado, tan globalizado, ningún país puede enfrentarse solo a los desafíos de la justicia internacional. Así, en definitiva, la colaboración entre los Estados, los organismos internacionales y los distintos actores de la sociedad civil permite compartir información, coordinar acciones y garantizar, en definitiva, que la justicia sea verdaderamente global.”

En este contexto, los proyectos de cooperación técnica pública, como los que implementa FIAP, se convierten en instrumentos esenciales. A partir del trabajo realizado en el proyecto, agrega:

“En el ámbito de la justicia internacional, Serbia lleva años trabajando y afrontando desafíos muy similares a los que se plantean en otras regiones de los Balcanes. Estos desafíos incluyen en definitiva la necesidad de garantizar el respeto al Estado de Derecho la necesidad de abordar los problemas endémicos de corrupción y la necesidad esencial de fortalecer los instrumentos de lucha contra la criminalidad grave y organizada.”

Gracias a la cooperación internacional y la constatación de estas circunstancias es posible conectar regiones distantes pero afectadas por problemas similares, como los Balcanes y América Latina, y poner en marcha acciones concretas contra fenómenos como el narcotráfico, la corrupción y las redes criminales internacionales.

En el ámbito de la justicia, la cooperación internacional no solo facilita el intercambio de pruebas o la extradición de delincuentes. También genera algo tan fundamental como la confianza entre sistemas judiciales. En palabras de Marta Pizarro: “El uso de estos instrumentos no solo hace más eficaz la persecución de los delitos, sino que viene a fortalecer, y esto es importante, la confianza entre los sistemas judiciales de los distintos países.”

Desde otra latitud, en la región de América Latina, Borja Jiménez Muñoz, fiscal y experto del programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, EL PACCTO 2.0, subraya que la dimensión global de los delitos actuales exige una respuesta coordinada: “Hoy en día cualquier actividad delictiva de mediana importancia tiene vínculos internacionales, la justicia a nivel internacional es verdaderamente indispensable y obligatoria.”

Profundizando en lo que une a los sistemas judiciales de los Balcanes y de América Latina y respondiendo a por qué es importante unir esfuerzos, explica:

“Las amenazas comunes son fundamentalmente en el tráfico de estupefacientes, la existencia

de bandas y grupos criminales organizados que cometen delitos en ambos lados por la propia naturaleza de donde se genera la droga y donde se transmite y se vende. Esto implica que existen amenazas comunes en ambas regiones y que existe una serie de delitos, digamos complementarios, que se cometen por estas bandas y que afectan a ambas regiones.”

Por ello, frente a la criminalidad organizada que permea fronteras y a la que la legalidad plantea pocos retos, se requieren respuestas coordinadas e instrumentos más efectivos y eficaces. Para ello, es necesario concienciar, activar, formar y, desde luego, que la Fiscalía tome la decisión de cooperar, agrega.

Además, los proyectos de cooperación aportan beneficios duraderos no sólo para las instituciones a las que se destinan, sino también para quienes participan en ellos. Como explica Borja Jiménez: “Las personas que están allí trabajando [profesionales de la judicatura y la fiscalía española] se traen un importante poso, un importante background. que es la relación con diferentes contextos”. Ese «efecto suave» permite cimentar redes de confianza y colaboración que van más allá del proyecto en sí.

Cuando los sistemas judiciales trabajan juntos, el impacto es tangible: investigaciones conjuntas, recuperación de activos y detención efectiva de criminales. Además de la importancia de reforzar y ratificar los tratados internacionales, también es relevante el papel de las figuras de enlace, como los magistrados de enlace, para favorecer el intercambio de información, así como la comprensión y el conocimiento entre sistemas de justicia diferentes. Como apunta Borja Jiménez: “El trabajo conjunto significa éxito y, sobre todo, y muy importante, que se puedan recuperar bienes, que es lo que a las bandas criminales les hace daño.”

Finalmente, reflexionando sobre los desafíos que enfrenta la justicia internacional frente al impacto de la criminalidad organizada, la necesidad de acelerar las investigaciones y que sean más eficaces, de contar con personal cualificado, relaciones de confianza mutua e instrumentos adecuados y la voluntad de desarrollarlos, Borja Jiménez destaca que es preciso no tener miedo.

A lo largo de esta conversación concluimos que la justicia internacional es una tarea colectiva, que interpela a un amplio número de actores. Para ello, la cooperación técnica pública es un instrumento relevante que permite crear puentes entre sistemas judiciales, compartir saberes y fortalecer capacidades. Frente a redes delictivas que no reconocen fronteras, nuestra respuesta debe ser igualmente transnacional, coordinada y decidida. Porque, como bien señala Marta Pizarro, “ningún país puede enfrentarse solo a los desafíos de la justicia internacional.”

No te pierdas más información sobre el tema en nuestro programa de Radio Exterior

Han pasado 50 años desde que las Naciones Unidas celebraran por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Fue el 8 de marzo de 1975. Se cumplen, también, treinta años desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, hito fundamental en la historia de los derechos de las mujeres. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing estableció objetivos y medidas para lograr el progreso de las mujeres y la consecución de la igualdad de género en doce ámbitos, entre los que se encuentran la educación, la salud, el ejercicio del poder o la lucha contra la violencia de género. 

Las políticas públicas son herramientas poderosas para alcanzar y seguir avanzando en todos ellos. Como parte de la Cooperación Española, desde la FIIAPP apostamos por una cooperación feminista para apoyar políticas públicas que reduzcan las brechas de género en todo el mundo y desde todas las esferas públicas. Lo hacemos a través del intercambio y la movilización del talento público de nuestras instituciones. 

Este 8 de marzo hemos preguntado a cuatro especialistas de las instituciones con las que trabajamos sobre los avances y los retos que tenemos por delante en seis ámbitos: justicia, lucha contra la trata de personas, empleo, políticas fiscales, drogas y clima. ¿Cómo ha cambiado la situación de las mujeres desde 1995? ¿Qué falta aún por conseguir?  

Justicia: más mujeres en la carrera judicial… pero no en la cúpula 

En estos treinta años, el ámbito de la justicia española ha abierto sus puertas a las mujeres que quieren dedicarse a la carrera judicial. “Actualmente, las mujeres constituyen el 56% de los miembros de la judicatura española. Esta creciente presencia femenina ha contribuido a una mayor sensibilidad y perspectiva de género en la administración”, apunta Rebeca Huertos, magistrada de y team leader en la FIIAPP de el proyecto europeo de cooperación que Apoyo a la prevención de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos en Bolivia. Huertos destaca las reformas legislativas que se han llevado a cabo en España para proteger los derechos de las mujeres, como la creación de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer o la implementación del servicio telefónico 016, herramienta de asistencia a las víctimas de violencia de género.  

No obstante, a pesar de estos avances, la magistrada reconoce que aún existen desafíos significativos para las mujeres, especialmente en el acceso a las más altas instancias de la justicia: “aunque representan una mayoría en la base de la carrera judicial, su presencia disminuye en los órganos colegiados y en las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, donde solo ocupan el 12% y 19% de los cargos, respectivamente”.  

Es, también, crucial profundizar en la sensibilización y formación del personal de judicatura en perspectiva de género para asegurar la atención adecuada y, sobre todo, evitar la revictimización. “Esto implica no solo reformas legales, sino también cambios estructurales y sociales que aseguren que todas las mujeres, independientemente de su ubicación geográfica o condición socioeconómica, tengan acceso equitativo a la justicia”, concluye Huertos.  

Trata de mujeres y niñas: más casas de acogida y apoyo integral a las víctimas… pero falta protección en los países de destino 

La trata de personas con fines de explotación sexual es la tercera actividad más lucrativa en el mundo, únicamente por detrás

del tráfico de drogas y armas. En España, desde 2010, está tipificada como delito independiente en el Código Penal. Rafael Ríos Molina, inspector jefe de la Policía Nacional y ex team leader en la FIIAPP del proyecto A-TIPSOM: lucha contra la trata de personas y migración irregular en Nigeria, destaca la importancia de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional como referente de investigación en este ámbito. Añade, además, otros logros que se han conseguido durante estos treinta años en España, como una mayor formación para policías, jueces y juezas, fiscales y personal sanitario, y la creación de casas de acogida y programas de reinserción para ofrecer apoyo integral. En cuanto al ámbito internacional, España colabora en operaciones conjuntas con Europol e Interpol en el desmantelamiento de redes criminales.  

Aun así, aún queda trabajo por hacer. “A pesar de los avances, España sigue siendo un país de destino y tránsito para la trata de personas, lo que exige un compromiso continuo en la mejora de las políticas de prevención, persecución y protección”, apunta Ríos. El inspector señala, también, la necesidad de implementar un enfoque de género y fortalecer la colaboración entre instituciones públicas, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado: “hay que involucrar a todos los actores que intervienen. Ante un reto global, se necesita una respuesta global”.  

Empleo: más mujeres en puestos de poder… pero no se valorizan los cuidados 

“El posicionamiento de la igualdad entre mujeres y hombres en las agendas globales y nacionales y el incremento de la visibilidad en ámbitos de poder y toma de decisiones son el exponente de mucho trabajo y esfuerzo que ha dado sus frutos”, celebra Clara Linde, funcionaria y experta en igualdad en el proyecto de la FIIAPP Socieux. Pero aun así hay claros y sombras en la empleabilidad de la mujer en la actualidad. “La transversalización de la igualdad no tiene fácil aterrizaje en las políticas y actuaciones concretas”, comenta. Linde considera esencial el compromiso político, la formación y la sensibilización de los actores involucrados en la legislación, además de un presupuesto acorde a lo que se pretende conseguir. “Si las políticas sectoriales no incorporan adecuadamente el enfoque de género, contribuirán a perpetuar las desigualdades estructurales que existen entre mujeres y hombres”, recuerda Linde. “No existen políticas neutras al género, las inercias solo apuntalan las brechas”. Que la sociedad al completo ponga valor a los cuidados, tarea que recae siempre en las mujeres, y que esta carga tanto física como mental sea compartida, es, para Linde, uno de los desafíos más relevantes para el futuro.  

Políticas fiscales: se reduce la tributación conjunta… pero sigue impactando la brecha salarial 

“Entre los logros más relevantes alcanzados en el ámbito de la política fiscal, destaca la integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos”, afirma Cristina García-Herrera, directora de estudios en el Instituto de Estudios Fiscales. A lo largo de estas décadas, diversos países han adoptado una metodología precisa y han implementado reformas en sus sistemas tributarios que reducen las desigualdades entre hombres y mujeres. “Son excepcionales los países que establecen discriminaciones directas en contra de las mujeres”, celebra García-Herrero, “en los últimos años, han avanzado hacia un sistema de tributación individual, eliminando disposiciones fiscales y de prestaciones que perpetúan la división sexual del trabajo”. Cambios como la eliminación progresiva de la declaración conjunta y la desgravación por cónyuge sin ingresos han reducido los desincentivos a la participación laboral a los que muchas mujeres se enfrentaban.  

Además, los sistemas tributarios han mejorado de forma significativa su suficiencia y equidad. “Una recaudación fiscal adecuada es clave para financiar prestaciones universales y servicios públicos esenciales. La falta de estos servicios afecta de manera desproporcionada a las mujeres”, apunta García-Herrera. 

A pesar de estos avances, siguen existiendo barreras significativas, como la brecha salarial. “Las mujeres ganan, en promedio, menos que los hombres, lo que influye directamente en sus contribuciones fiscales, su acceso a los servicios públicos y su capacidad para ahorrar”, destaca Herrera-Blanco, “esta desigualdad tiene consecuencias directas sobre la tributación, ya que, al ganar menos, contribuyen menos a los sistemas fiscales, pero también se beneficia menos de los mismos”. A esto se une la dificultad que muchas mujeres encuentran a la hora de acceder a la vivienda, ya que aún hoy en día encuentran barreras para obtener créditos financieros.  

Debido a fenómenos como la brecha salarial, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los grupos con mayores tasas de pobreza. Herrera-Blanco considera que otro de los desafíos a los que se enfrentan es la regresividad de algunos sistemas fiscales, donde la carga impositiva recae con mayor peso sobre las rentas más bajas. “El avance hacia modelos fiscales más progresivos es fundamental para reducir desigualdades y garantizar un reparto equitativo de la carga tributaria”, concluye Herrera-Blanco.

Drogas: hay más especialización en género… pero hay que romper el círculo trata-menudeo-mulas 

El desafío principal ante el que se encuentran los especialistas y los sistemas judiciales en casos que involucran a mujeres con el narcotráfico es extremar las alarmas para detectar posibles casos de trata o explotación. “Es cada vez más frecuente que mujeres en situaciones de distintas vulnerabilidades sean utilizadas para ejecutar determinadas actividades de las organizaciones criminales, como la venta de droga al menudeo o el traslado internacional de cargamentos ilícitos, incluso ingestados, con alto riesgo para la vida de las personas que las llevan en sus cuerpos”, apunta Mariela Labozzetta, coordinadora de la Red Especializada en Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, institución que colabora con el programa europeo COPOLAD, coliderado por la FIIAPP.  “En estos casos, las mujeres ingresan al sistema de justicia como acusadas y es imprescindible formar a las y los operadores judiciales para agudizar su mirada de género y detectar si los delitos por los que se las acusa derivaron de una situación de explotación o violencias previas, si esas personas han sido coaccionadas de algún modo para actuar así, si están amenazadas, si fueron captadas previamente o si hay cualquier otro tipo de aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”. 

En estos casos, es imprescindible una coordinación entre fiscalía y agencias especializadas en crimen organizado y que, además, trabajen desde una perspectiva de género. Estos fenómenos ya no se adscriben a un único ámbito, por lo que se vuelve crucial que las áreas especializadas en narcotráfico, trata y violencia de género los aborden de manera conjunta.  

Finalmente, es fundamental implementar programas de protección y atención tanto a las víctimas como a sus familias.  

Clima: Las mujeres sufren las consecuencias del cambio climático… pero no forman parte de la toma de decisiones en políticas ambientales

“Las mujeres son guardianas de la naturaleza y responsables de recursos vitales, pero a pesar del papel crucial que tenemos, aún seguimos teniendo desafíos en la participación plena y efectiva que nos lleve a ser parte de la toma de decisiones climáticas”, apunta Marleny Oliva, coordinadora de la Unidad de Género, Multiculturalidad y Personas con Discapacidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La representatividad es clave para que se hagan políticas inclusivas que tengan un impacto real. “Debemos abogar por esa participación activa de las mujeres en toda su diversidad. Es crucial para que las estrategias climáticas sean justas y efectivas”. 

Varios estudios han demostrado que el cambio climático afecta en mayor medida a mujeres y niñas. Por ello, Oliva trabaja día a día en el ministerio para instaurar políticas medioambientales transversales con perspectiva de género. “Debemos reconocer que las mujeres somos vitales para los esfuerzos de conservación y creación de resiliencia. Su empoderamiento está intrínsicamente ligado al logro del desarrollo sostenible”.  

Sin una inclusión de las mujeres de manera plena en las conversaciones para paliar el avance del cambio climático, los esfuerzos serán en vano. “Las mujeres somos agentes de cambio que representan oportunidades para crear nuevos conocimientos y capacidades”, señala Olivia, “los gobiernos deben garantizar que los compromisos nacionales de cambio climático se implementen de manera interseccional y socialmente inclusiva, alcanzando que las mujeres puedan acceder, modelar y beneficiarse de la adaptación climática e intervenciones de fomento de la resiliencia”.

En 2024 se cumplen 20 años desde que se produjo la mayor adhesión de países a la Unión Europea (UE). El 1 de mayo de 2004, diez nuevos países se unieron al club comunitario: las islas de Chipre y Malta junto con ocho países de Europa Central y Oriental, poniendo así fin a la división de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años, más países han ido entrando dentro de las fronteras comunitarias, aunque los procesos de integración son lentos y complejos, pues requieren muchos cambios estructurales en los senos de los países a fin de que cumplan con las estrictas condiciones que fija la UE como requisito para esa adhesión.  

Con esta política de ampliación, la UE busca unificar los países europeos en torno a un proyecto político y económico común, a la vez que reforzar su presencia en la escena internacional. No obstante, ambas partes sacan tajada de este proceso. Para los países candidatos, según fuentes de la UE, “las ampliaciones han demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la promoción de reformas políticas, económicas y sociales, así como en la consolidación de la paz, la estabilidad y la democracia en todo el continente”. 

Para agilizar este proceso, la UE financia proyectos de cooperación técnica en los que especialistas europeos intercambian sus conocimientos y experiencias con especialistas de los países candidatos en ámbitos como la seguridad –para luchar contra bandas de crimen organizado, por ejemplo– o la justicia –para frenar la corrupción, entre otras. En las próximas líneas se recogen los testimonios de seis especialistas de instituciones de justicia y de policía de España que participan en proyectos de cooperación en Albania, Bosnia y Serbia. Nos trasladan el contexto histórico y social de estos países, los beneficios que trae la adhesión y los complejos procesos que se están apoyando a través de los proyectos europeos. 

¿Qué interés tienen Bosnia, Albania y Serbia en adherirse a la UE? 

“En el caso de Bosnia y Herzegovina (BiH), es un modo de fijar un camino hacia la estabilidad en la zona y superar el conflicto bélico de los años 90 y equipararse con Croacia, que también formó parte de la antigua Yugoslavia y ya está integrada en la UE. A la vez, es un modo de neutralizar la influencia de los países islámicos, al menos los más radicales, respecto al país”, responde Jorge Obach, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y experto principal desplazado en Sarajevo en el marco del proyecto europeo EU4Justice-Bosnia-Herzegovina, de apoyo a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Bosnia y Herzegovina (BiH). 

Para conocer el caso de Albania, nos responden Álvaro García Pérez-Iraola, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba, y Arturo Valdés Trapote, magistrado de la Audiencia Provincial de Granada, son dos expertos movilizados por la FIIAPP en el marco del proyecto europeo EU4Justice-Albania, para la mejora de la capacidad de las instituciones judiciales independientes en Albania.

“Para Albania, unirse a la UE representa una oportunidad para fortalecer sus instituciones y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía a través de la implementación de reformas políticas, económicas y sociales. En primer lugar, formar parte de la UE ofrece acceso a fondos estructurales de cohesión, que pueden contribuir al desarrollo económico del país. Además, la adhesión va acompañada de mejoras en la estabilidad política, seguridad y defensa, así como un incremento en los estándares democráticos y de derechos humanos”, afirman los especialistas.

También desde Albania, Maria Luisa Iglesias,  Fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba y subdirectora del programa de lucha contra el crimen organizado a través de investigaciones financieras y criminales, EU4FOCAL, apunta que los principales puntos de interés para Albania son la libre circulación dentro de la UE para su ciudadanía y el acceso a los fondos comunitarios. «Hay que tener en cuenta que la comunidad albanesa es emigrante por naturaleza y para ellos la libre circulación de personas representa un gran logro. Por otro lado, el acceso a los fondos comunitarios representaría un paso muy importante en la necesaria modernización del país».

Para el caso de Serbia, nos responde la magistrada Marta Pizarro, experta movilizada en el marco del proyecto financiado por la Unión Europea para apoyar a Serbia en materia de justicia, libertad y seguridad: “La voluntad de integración en la Unión Europea surgió en Serbia tras los conflictos armados de los años noventa, como un camino para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y para incrementar los estándares de seguridad, libertad y democracia en el país. Serbia consiguió el estatus de país candidato en 2012, y desde entonces se han llevado a cabo trascendentales reformas de carácter político, legislativo y económico. Es, posiblemente, uno de los países de la región con mayor de preparación en las negociaciones de adhesión con la Unión Europea actualmente”.  

No obstante, Pizarro advierte sobre el decaimiento de los ánimos de la población serbia: “No puede obviarse que el entusiasmo europeísta inicial ha dado paso en Serbia a un creciente escepticismo, relacionado con la lentitud del proceso, y con una serie de factores de carácter político que dificultan la posición del país en el marco europeo, como la ausencia de sanciones a Rusia o la situación de Kosovo. Por ello, dada la relevancia de Serbia como país en el corazón de Europa, la Unión Europea ha de afrontar también el reto de fortalecer el espíritu europeísta de la ciudadanía serbia”. 

¿Qué desafíos en materia de justicia deben abordar estos países para cumplir con los estándares europeos? 

En el caso de BiH, los desafíos son “asegurar la independencia del poder judicial evitando interferencias políticas; garantizar la integridad de sus miembros cumpliendo la normativa sobre conflictos de interés y declaraciones de bienes; y promover la eficiencia del sistema, especialmente en investigar y juzgar casos de corrupción y crimen organizado”, afirma Obach.   

Según Valdés y García, los retos que enfrenta Albania incluyen “la lucha contra la corrupción, la mejora de la independencia judicial y la eficiencia del sistema judicial, el respeto por el Estado de derecho y los derechos fundamentales, así como la implementación efectiva de medidas contra el crimen”. 

En el caso de Serbia, señala Pizarro que incluyen “abordar los problemas endémicos de corrupción en el país y fortalecer la capacidad de las instituciones serbias para investigar y procesar de manera efectiva los casos de crimen organizado, e incrementar la capacidad de recuperación de activos procedentes de la actividad delictiva”. 

¿Cómo están apoyando los proyectos esta adhesión? 

En Serbia, afirma Pizarro que “la cooperación se efectúa de manera transversal, involucrando a todos los actores del proceso penal, desde la policía, hasta los miembros de la carrera judicial y fiscal. Entre otras actuaciones, se está dando apoyo a las instituciones serbias en el diseño de modificaciones legislativas para incrementar la eficiencia del marco legal y jurídico, y potenciar herramientas que mejoren la coordinación entre policía, fiscalía y poder judicial”. 

“El proyecto EU4Justice-Bosnia se asienta en cuatro pilares: asegurar la eficiencia del sistema, a través de actividades por parte de especialistas de España en las que se han aportado análisis comparativos entre países de la UE y países vecinos; garantizar la integridad, con acciones destinadas a asegurar la declaración de bienes; fomentar el cumplimiento de la regulación de conflictos de intereses, con participación de especialistas españoles en temas de ética judicial; y reforzar la calidad y eficiencia en el modo de investigar y juzgar, especialmente los casos de corrupción, proveyendo formación especializada”, responde el magistrado desplazado en BiH. 

En el caso de Albania, explican los especialistas desplazados en Albania que se está haciendo “a través de la capacitación de funcionariado, intercambio de mejores prácticas, desarrollo de capacidades institucionales y apoyo económico para implementar reformas”. Por su lado, Óscar Ruiz y Javier Agud, inspectores de la Policía Nacional y especialistas de EU4FOCAL, confirman que desde el programa se está apoyando a las instituciones albanesas mediante el refuerzo de capacidades y la armonización de procedimientos de trabajo con los países miembros de la UE. «Algunos ejemplos del apoyo prestado son la elaboración de un manual de la investigación de los delitos de blanqueo y el reforzamiento de sus capacidades forenses». 

¿Qué experiencias exitosas de España en su proceso de adhesión podrían ser relevantes para estos países? 

“El proceso de adhesión de España a la UE aceleró la democratización del país, trajo un gran bienestar social, y fortaleció el Estado de derecho”, afirma Pizarro. “Ya entonces se sentaron las bases para la creación de estructuras sólidas, que permitieron progresivamente afrontar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado de manera eficiente. De hecho, la fortaleza del Estado de derecho en España es valorada muy positivamente por las instituciones serbias, como un relevante modelo de aprendizaje”. 

“Es muy difícil poder trasladar el status quo de España antes de 1985 a la actualidad de Bosnia y Herzegovina. Seguramente el éxito de España radicaba en la solidez de su administración pública capaz (y deseosa) de absorber la regulación europea, con una rápida adaptación tanto de la normativa como de los procedimientos internos, además de una buena campaña de sensibilización a la opinión pública sobre las ventajas de formar parte de la UE. Y, seguramente, porque no había otra alternativa”, afirma el magistrado Obach. 

Según Valdés Trapote y García Pérez-Iraola, algunas lecciones son “la importancia de abordar las reformas estructurales a nivel institucional y legal, la necesidad de promover la estabilidad política y social, así como el compromiso con la implementación de políticas y normativas comunitarias. La experiencia española podría inspirar a Albania a trabajar en la consolidación de la democracia, la mejora del Estado de derecho y la modernización de sus instituciones”.  

¿Por qué la cooperación internacional entre instituciones públicas es relevante en esta materia?  

En opinión de Obach, “es el único modo de llevar a cabo cualquier proyecto, sea la materia que sea, eficazmente en cualquier país. Solo compartiendo conocimientos entre las distintas instituciones públicas y colaborando conforme a las competencias de cada una de ellas puede obtener un resultado óptimo”. 

Según García Pérez-Iraola y Valdés-Trapote, “la UE busca garantizar que los países candidatos tengan sistemas judiciales transparentes, independientes y eficientes. La cooperación con instituciones públicas de otros países facilita el intercambio de conocimientos, mejores prácticas y experiencias. Además, esta colaboración, especialmente en áreas como la justicia, contribuye a fortalecer la capacidad institucional y a garantizar la aplicación coherente de estándares europeos en el ámbito judicial y legal”. 

A lo anterior añade la jueza Pizarro que “no puede obviarse que la cooperación internacional entre instituciones públicas es fundamental para abordar cuestiones críticas como la eficacia en la lucha contra el crimen organizado, dada su naturaleza transfronteriza y global”. 

Finalmente, los inspectores Agud y Ruiz y la fiscal Iglesias aseguran que las instituciones públicas albanesas no cuentan siempre con la confianza de la ciudadanía. «Resulta necesario que esas instituciones se modernicen tomando como referencia a homólogos europeos, para lo cual resulta fundamental la cooperación internaciones entre instituciones». 

Hablamos de ello con Mario Germán Sánchez González, experto en monitoreo y evaluación de programas de cooperación y técnico de proyectos en el área de Justicia y Estado de Derecho de la FIIAPP.  

¿Por qué es tan importante medir los resultados en la cooperación técnica pública para el desarrollo? 

Existe un consenso global trazado para el desarrollo sostenible, al cual debe responder y contribuir toda acción de cooperación, buscando incrementar el impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad y la mejora de los sistemas públicos. En este campo, los resultados definidos, medibles y trazables son un punto de partida y de llegada necesarios para conseguir el impacto deseado. 

Estamos hablando de la eficacia de la ayuda y de los compromisos y avances de los Estados en esta materia, pero también hablamos de llevar a cabo un ejercicio de responsabilidad en la acción técnica y en la inversión de los recursos económicos con los que se financia.  

¿Qué peso tienen los resultados en la cooperación europea? 

La orientación a resultados en los programas de cooperación se ha convertido en una marca distintiva de la cooperación europea. Los grandes programas regionales de la Unión Europea vienen siendo un ejemplo de avance en esta materia. La exigencia de aplicación del enfoque de resultados, en los programas y proyectos, por parte de la Dirección General de Asociaciones Internacionales, es cada vez mayor. 

En esa línea, en 2015 la Unión Europea creó el European Union International Cooperation and Development Results Framework (EURF) para alinear con la Agenda 2030 los resultados buscados y financiados por la cooperación europea.  

Además, en enero de 2022 se ha efectuado una nueva revisión en la que el marco de resultados conocido pasa a denominarse Global Europe Results Framework (GERF), que busca alinearse con los Planes Estratégicos 2020-2024 de las DG INTPA, NEAR y FPI que fueron elaborados bajo la prioridad política de una ‘Europa más fuerte en el mundo’.   

¿Qué relación guardan los resultados con los criterios de evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)? 

Los resultados, entendidos como guías orientadoras de la intervención, tienen una relación directa con criterios de evaluación CAD que son utilizados para monitorear y evaluar las intervenciones. 

Los resultados de la intervención, en sus diferentes estadios, son el objeto y contenido de los criterios de evaluación, cuyo reporte nos habla, entre otras cosas, de los grados de consecución, contribución y/o atribución de los resultados, su pertinencia, relevancia, coherencia e impacto. 

¿Qué retos y oportunidades existen para la implementación efectiva del enfoque de resultados en la cooperación? 

El principal reto, pero a su vez oportunidad, es alcanzar el convencimiento de que este puede y debe ser aplicado en todo el ciclo del proyecto, empezando por la propia formulación. 

Es un reto porque exige entendimiento adecuado de la cadena de resultados y de los diferentes eslabones que la componen. A su vez es una oportunidad, porque es un instrumento con el que trabajamos todos los días en los proyectos de cooperación, y si se usa correctamente puede conducir no solo a la coherencia, sino también a la eficacia de la intervención. 

Pregunta: ¿Qué es la Practitioners’ Network?

Respuesta: La Practitioners’ Network es una red informal y voluntaria de agencias de cooperación europea acreditadas para la cooperación delegada. Es decir, somos agencias que implementamos proyectos de cooperación financiados por la Unión Europea. Esta red fue creada en 2007 y actualmente cuenta con 22 miembros. Sirve para poner en común entre todas las agencias miembro. Al final nos damos cuenta de que, como nos dedicamos a lo mismo, tenemos desafíos comunes a los que les podemos buscar solución de manera conjunta, lo cual es muy útil para todas nosotras y además nos permite también favorecer una relación de confianza entre agencias, ya que somos todos socios habituales en los proyectos de la Unión Europea. Entre nosotras trabajamos muchas veces juntas. 

P: ¿Por qué es importante que la FIIAPP forme parte de esta red?

R: A nivel estratégico para el trabajo diario de la FIIAPP es muy importante estar en esta red y es una oportunidad porque esta red es un foro, una plataforma estratégica y privilegiada de diálogo para las agencias de cooperación, no sólo entre las agencias como estábamos mencionando, sino también de cara a la Comisión Europea, ya que es miembro observador de la red. Digamos que es un espacio privilegiado de intercambio entre nosotras. Además, como AECID también es miembro, juntos afianzamos la posición de la cooperación española en la cooperación europea, lo cual a nivel estratégico también es muy importante para nosotros y además nos permite dar visibilidad al trabajo que hace la FIIAPP, especialmente nuestros puntos fuertes o nuestras áreas de especialización. Esto nos ayuda al final a posicionarnos como agencia en temas que son prioritarios para nosotros y en los que, además, tenemos experiencia y mucho que aportar.

P: Este 2022 es un año muy especial para la FIIAPP en la red, porque asumimos la copresidencia junto con la agencia holandesa SNV…

R: Sí, la red tiene una presidencia rotatoria y justo este año tomamos la presidencia con la agencia holandesa, que se llama SNV. La presidencia la empezamos el 11 de mayo. Esto implica que vamos a tener la representación de la Red ante las instituciones europeas, especialmente con la Comisión Europea, lo cual es súper interesante porque nosotros vamos a tener la interlocución directa y periódica en nombre de la red con la Comisión durante un año entero.

Además, las agencias que tienen la Presidencia convocan y presiden tanto las reuniones de gobernanza de la red, como también representan a la red en grandes foros y eventos de interés, como pueden ser las Jornadas Europeas de desarrollo, como va a ser ahora en noviembre la COP 27, o como el París Peace Forum. Además, la Presidencia plantea las prioridades anuales de la red, en qué temas van a trabajar de manera conjunta todas las agencias en el foro de la Red y además tiene un especial peso a la hora de organizar actividades y eventos. La presidencia, de lo que se va a encargar es de garantizar la continuidad estratégica de la red.

P: ¿Cuáles van a ser las prioridades de la FIIAPP para la copresidencia?

R: Dentro del objetivo general de desarrollar y promover el papel de la PN como motor clave para fortalecer una mejor cooperación europea al desarrollo, queremos durante este año seguir enfatizando a nivel europeo la importancia de las agencias de cooperación dentro de la arquitectura europea de desarrollo. También queremos trabajar en la operacionalización del el enfoque Team Europe y el espíritu de Working Better Together, del que tanto hablamos ahora últimamente, ya que al final nos damos cuenta de que la PN es la materialización de esos dos principios.

Son agencias que trabajan de manera conjunta, buscando sinergias según su especialidad en aspectos en los que tienen experiencia. Especialmente importante para la FIIAPP será también seguir posicionando el valor del conocimiento del sector público o de la cooperación técnica pública, es decir, el valor del conocimiento de nuestras administraciones como modalidad de cooperación, ya que estamos convencidos de la importancia de esta cooperación para la mejora de los sistemas públicos y el desarrollo de las capacidades institucionales para proveer servicios a la ciudadanía.

En definitiva, esta presidencia es, desde luego, un desafío, pero también una oportunidad para nosotros. Y es que estamos encantados de poder contribuir de manera tan directa a la construcción de la arquitectura europea de cooperación. Y con muchas ganas de llevar a cabo el plan de trabajo que hemos preparado y que creemos que será de gran valor añadido, no solo para las agencias de la red para la ciudadanía. 

La naturaleza gestionada por estas comunidades está disminuyendo con menos rapidez que en otras zonas, puesto que realizan una labor de protección del medioambiente a largo plazo a través de un uso sostenible de la gestión y gobernanza de la biodiversidad. Sin embargo, son los más afectados por los efectos del cambio climático.  

Las tierras que gestionan representan el 28% del carbono almacenado en los bosques a nivel mundial. Anualmente, secuestran una cantidad de CO2 equivalente, de media, al 30% de los objetivos de Brasil, Colombia, México y Perú para 2030. Estos países almacenan el 28% del carbono mundial, pero solo representan el 5,1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.  

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) alerta de la pérdida de ecosistemas y de la disminución de producción de alimentos y de acceso a los mismos, lo que ha producido un incremento de la malnutrición y ha afectado gravemente a la economía de estas comunidades indígenas.Las políticas climáticas han ignorado tradicionalmente los conocimientos y saberes ancestrales de los indígenas y, por ello, en la COP26 de Glasgow 141 gobiernos se comprometieron a reconocer los derechos de estas comunidades y sus tierras como elemento fundamental para terminar con la deforestación para el 2030.  Ahora Perú estrena una Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el cambio climático.

Se convierte así en un país pionero en el reconocimiento de los saberes y prácticas indígenas que contribuyen a la gestión integral del cambio climático, conforme a lo establecido en el Acuerdo de París.

La FIIAPP apoya esta Plataforma

Hablamos con Teresa Aguilar y Álvaro Ovejas, Técnicos de Proyectos en el programa europeo Euroclima+, coliderado por la FIIAPP, que ha apoyado la formación de esta Plataforma. Nos cuentan los retos en la puesta en marcha de esta propuesta y los grandes beneficios que aporta. Un espacio en el que confluyen por primera vez los Ministerios de Cultura y Ambiente de Perú con los pueblos indígenas del país.

¿Cómo nace la Plataforma de Pueblos Indígenas de Perú para enfrentar el cambio climático?  

Teresa: Esta Plataforma nace de la propia demanda del pueblo indígena y aúna a las siete organizaciones indígenas registradas y legalizadas del país. Es un hito en el continente latino porque reúne a pueblos indígenas de diferente casuística, de diferente índole étnica y procedencia.  

Álvaro: Desde la Plataforma se da voz al pueblo indígena en instancias de gobernanza climática, como la Comisión Nacional. Además, Perú es ratificador del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas en todas las medidas políticas y jurídicas que sean capaces de afectarles directamente. 

¿Cuáles han sido los principales retos a la hora de poner en marcha esta plataforma?  

Teresa: El primer reto ha sido el lingüístico. Los diferentes pueblos indígenas no pueden entenderse entre ellos, porque no todo el mundo habla castellano, solamente los dirigentes políticos.  Ellos hablan cinco lenguas originarias como el quechua, el aymara, shipibo o awajún. También nos hemos encontrado con el reto territorial. No es fácil desplazarse en un país como Perú y son pueblos que tampoco tienen acceso a la digitalización.  

¿De qué manera afecta más el cambio climático a las mujeres indígenas?  

Teresa: La población indígena, por su origen, es población rural y sus medios de vida dependen de los recursos naturales. Por lo tanto, el cambio climático afecta directamente a su actividad económica.  

 El impacto del cambio climático se agrava y es más desproporcional en las mujeres, ya de por sí discriminadas y vulneradas. Son ellas las encargadas socialmente de la salud alimentaria, del hogar y, al vivir en entornos rurales, sus medios de vida se basan en la pesca, la ganadería, la agricultura o la gestión agroforestal. El impacto del cambio climático degrada su economía, e incluso estamos viendo ya migraciones climáticas ante desastres ambientales producidos por el cambio climático.  

¿Cuál ha sido el papel del programa europeo Euroclima y la FIIAPP en la construcción de la Plataforma?  

Álvaro: Euroclima ha estado involucrado desde el comienzo de este proceso. Comenzó con la consulta previa que se realizó a los pueblos indígenas sobre la Ley Marco de Cambio Climático, en la que se acordó, entre otras disposiciones, la creación de esta Plataforma. Es a la hora de desarrollar la Ley Marco de Cambio Climático cuando se inicia una colaboración directa entre Euroclima y el Ministerio de Ambiente de Perú.  

Por un lado, hemos apoyado el desarrollo de diálogos entre el Ministerio de Ambiente de Perú y las organizaciones nacionales. Y, por otro lado, hemos respaldado el proceso de la creación de todo el marco jurídico normativo e institucional que da encaje a la Plataforma. 

¿Por qué a los pueblos indígenas se les conoce como guardianes de la diversidad? 

Álvaro: El modo de vida que tienen los pueblos indígenas no solamente es muy rural, sino que no precisa de la misma infraestructura que se usa en las ciudades. Su rutina se adapta mucho más al entorno. 

Teresa: Yo creo que los guardianes de la naturaleza son indudablemente las poblaciones que originalmente se han criado y han vivido en ella. Es su ecosistema y lo conocen a la perfección, es lo que se llama el saber ancestral. 

Las grandes extensiones de Latinoamérica están ocupadas muchas veces por grandes plantaciones que no están destinadas al alimento, sino al desarrollo económico de entidades privadas. Los pueblos indígenas viven directamente del territorio y, por tanto, esa actividad les afecta directamente.  

¿Es esta iniciativa en Perú un referente para otros países de América Latina?  

Teresa: Perú es ahora un país que otros admiran. Hay países que podrían replicarlo porque la experiencia peruana es escalable. Toda Latinoamérica tiene población indígena, pero hace falta voluntad política. Todo depende de la naturaleza del país y de cómo esa figura indígena es recibida por los gobiernos. 

También se habla de asociaciones indígenas a nivel regional, como por ejemplo las amazónicas. La Cuenca Amazónica tiene mucho valor a nivel forestal y medioambiental, es el pulmón del planeta y toca varios países. Por ello, ya no estaríamos hablando de una plataforma a nivel nacional, sino transnacional. Cuando hablas con asociaciones indígenas regionales, su sueño es que exista una plataforma que los aúne a nivel regional.