EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Con una tasa de 30 mujeres privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, la tasa de población penitenciaria femenina en América Latina es la más alta del mundo[1]. La privación de libertad por este tipo de delitos tiene repercusiones profundas y a menudo devastadoras en la vida de miles de aquellas privadas de libertad, tanto a nivel personal, como en sus familias y comunidades.

En los últimos tiempos, la política criminal en materia de tráfico de drogas ha estado caracterizada por una maximalización del Derecho penal, ¿qué significa esto? Un mayor uso del derecho penal como herramienta para combatir el delito y garantizar el orden social, que en este caso se materializa en la falta de proporcionalidad en el tratamiento de delitos menores de drogas, el uso excesivo de la prisión preventiva, y una clara apuesta de la prisión como principal estrategia retributiva; espacio en el que la alternatividad penal se encuentra reducida significativamente.

Este enfoque también ha permeado en la población general, condicionando su entendimiento del fenómeno de las drogas y de los delitos asociados, conllevando a reclamos de más control y seguridad que, en definitiva, se traducen en un refuerzo de las políticas de interdicción en materia de drogas y, desde luego, mayor punitivismo y populismo penal.

En lo que respecta a las mujeres, que representan el 8% de la población penitenciaria en América Latina, su encarcelamiento va en aumento; reportando un incremento del 56% de mujeres en la población penitenciaria entre 2000 y 2022, frente a un crecimiento del 24.5% respecto de la población penitenciaria general en el mismo periodo.

La consecuencia: un círculo vicioso del que es necesario salir.

Impactos diferenciados

Las mujeres encarceladas por delitos menores de drogas experimentan una serie de impactos diferenciados en comparación con sus contrapartes masculinas. Además del estigma social asociado con la cárcel, muchas mujeres enfrentan la pérdida de la custodia de sus hijos, lo que puede tener consecuencias emocionales y psicológicas duraderas. Además, la falta de acceso adecuado a servicios de salud mental y programas de rehabilitación de drogas para mujeres con consumos problemáticos dentro de las cárceles agrava los problemas existentes y dificulta la reinserción exitosa a la sociedad una vez que son liberadas.

El encarcelamiento no aborda las causas estructurales que llevan a las mujeres a participar en actividades relacionadas con drogas. La pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a servicios, recursos y oportunidades significativas son factores subyacentes que impulsan a muchas mujeres a ingresar en el eslabón más bajo del tráfico de drogas como medio de subsistencia. Estos factores, determinantes de las conductas delictivas son, a su vez, factores de reincidencia, que nos enfrentan a un panorama de desigualdades y de asimetría social.

Bajo este contexto urge avanzar hacia una nueva racionalidad penal en términos de proporcionalidad y búsqueda de alternativas al encarcelamiento para estos delitos y, en particular, para las mujeres. Avanzar en un diálogo de políticas ente los Poderes del Estado y las instituciones a todos los niveles, que involucren la perspectiva de la sociedad civil y generen vías de trabajo que aborden de manera integral las desigualdades que son origen y sustento del problema.

El Día Internacional de la Mujer, es un buen momento para reflexionar y reevaluar nuestras políticas y prácticas en relación con las mujeres en el sistema de justicia penal, particularmente en lo que respecta a delitos menores de drogas. Adoptar un enfoque más humano y centrado en la comunidad no solo beneficia a las mujeres individualmente, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más justas, equitativas y sostenibles para todos y todas.

Beatriz López Lorca

Profesora en derecho penal en la Universidad de Castilla-La Mancha ha sido movilizada por FIIAPP (Cooperación Española) para apoyar el programa europeo sobre políticas de drogas COPOLAD III

Mario Germán Sánchez González

Experto en políticas de drogas de FIIAPP (Programa europeo COPOLAD)

Desde el programa COPOLAD III se trabaja en dicha dirección, la de mejorar la capacidad de respuesta y la proporcionalidad de los marcos penales frente a los retos relacionados con las drogas; así como en el desarrollo de alternativas a la detención o el encarcelamiento orientados a la reducción de la reincidencia. En ese camino, se viene acompañando procesos nacionales (Costa Rica; Paraguay; Trinidad y Tobago y, próximamente, República Dominicana), a la vez que generando articulaciones con organismos regionales que trabajan en esta línea, y que cuentan con el potencial para apalancar cambios a escala regional y garantizar la sostenibilidad y escalamiento de los resultados que COPOLAD apoya, como es el caso de COMJIB y AIDEF.

[1] CIDH. Mujeres privadas de libertad en Las Américas, 2023. Al respecto, la tasa de población carcelaria en una región o país, se obtiene calculando cuántas personas privadas de su libertad existen por cada 100.000 habitantes en dicha región o país. ver: UNODC, Medidas privativas y no privativas de la libertad – Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal, 2010, p. 6.

El Seminario Internacional “Drogas, vulnerabilidades y territorios urbanos” celebrado en Fortaleza (Brasil) organizado por el Ministerio de Justicia de ese país y por COPOLAD a finales del mes de abril pasado, nos brindó la oportunidad de contemplar el sector de las drogas desde un prisma diferente al que estamos acostumbrados: el de la cooperación para el desarrollo, un enfoque que ensancha e ilumina las posibilidades de intervención en adicciones.  

El comunicado final del evento proponía “una nueva generación de políticas de drogas más eficaz y humana”, algo que estamos necesitando no solo en América Latina y Caribe sino también en Europa y en España.  

A los profesionales españoles nos sienta bien oír hablar de políticas de drogas relacionadas con la lucha contra la exclusión, la violencia y la pobreza; de desarrollo comunitario, económico y urbano; de enfoques basados en la promoción de salud mental y la igualdad de género. Nuevos enfoques y experiencias que contribuyen a renovar un discurso sobre las drogas, en ocasiones, anclado en viejos esquemas.

En el caso de España nos referimos a argumentos según los cuales las drogas ya no interesan a los ciudadanos en las encuestas, cuando la verdad es que la pregunta está mal planteada, ya que deja fuera numerosos problemas relacionados con las adicciones que preocupan a la ciudadanía; a cuando se alimenta el corporativismo pregonando que corremos el riesgo de desaparecer como sector si nos aproximamos demasiado a salud mental o a atención primaria; o a cuando se afirma que el mayor problema de la prevención es su falta de evidencia científica, obviando la falta de inversión y de apoyo a sus profesionales. 

Las medias verdades y los temores corporativos no van a estimular el avance científico del sector, ni a promover el impulso político, ni a facilitar la aproximación a la ciudadanía ofreciendo las alternativas que las nuevas necesidades requieren. 

A tal efecto, sería deseable introducir algunos cambios, uno de los cuales sería que el sector estuviera más abierto al diálogo y a los avances que se producen en otras áreas del conocimiento y de la práctica (no basta con hacer profesión de fe interdisciplinar) y, otro, podría consistir en incluir la comunicación en la formación de sus profesionales. No se trata solo de que los periodistas comuniquen mejor cuando hablen de drogas, se trata también de que los profesionales de las adicciones sean buenos comunicadores y aprendan a hablar los idiomas que les permitan entenderse con otros actores profesionales, políticos y ciudadanos.  

Probablemente ha llegado la hora de renovar el discurso de la prevención de adicciones en nuestro país. La prevención de adicciones debería hablar de autonomía, empoderamiento, emancipación y derechos humanos. Tendría que promover las habilidades sociales y emocionales necesarias para el desarrollo integral de la persona y una educación en valores capaz de analizar críticamente determinados valores tradicionales relacionados con el consumismo, la competitividad y la violencia. Sus planes tendrían que engarzar y potenciar los de igualdad, de desarrollo de la infancia y la adolescencia, de salud mental o de desarrollo urbano saludable y sostenible. El nuevo urbanismo tiene mucho que decir sobre prevención ambiental. 

En suma, el discurso preventivo debería estar explícitamente a favor del desarrollo humano, la emancipación y la justicia social. 

El enfoque de la cooperación para el desarrollo representa una buena oportunidad para ampliar la mirada sobre el fenómeno de las adicciones y su vinculación con el modelo de desarrollo socioeconómico hegemónico. En este momento, resulta muy difícil separar la comprensión de las adicciones del modelo de desarrollo hiperconsumista en el que estamos inmersos. 

Alfonso Ramírez , Jefe del Servicio de Prevención Comunitaria, Diputación de Huelva (España).

Ha trabajado como psicólogo y psicoterapeuta de familia durante treinta años. Ha sido vicepresidente de la Fundación Atenea. Dirige la Unidad de Prevención Social de la Diputación de Huelva desde su creación hace diez años. Ha publicado diversos libros sobre adicciones: Actuar localmente en (drogo)dependencias. Pistas para la elaboración de estrategias, planes y programas municipales (GID); Coaching para adictos. Integración y exclusión social (Atenea); Dramadependencia (Fundamentos); y Gramática de la prevención de adicciones (Junta de Andalucía).

Sara Gutiérrez Leiva, coordinadora del proyecto “Convivir sin discriminación: un enfoque basado en los derechos humanos y el género”, ha liderado durante cinco años una iniciativa centrada en la protección de las personas migrantes en Marruecos, especialmente de las mujeres.

El proyecto ha contribuido a fortalecer las políticas públicas y la acción social frente a la discriminación racial y la xenofobia.

Un reto para el país: la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo

Marruecos recibe cada año un número creciente de personas migrantes, principalmente provenientes del África Subsahariana. Este aumento ha exigido reforzar los recursos institucionales para garantizar los derechos de quienes llegan y mejorar la integración de las personas de Marruecos y de otras nacionalidades que conviven en su territorio.

A pesar de los avances normativos, las personas migrantes y refugiadas siguen siendo susceptibles de sufrir incidentes de discriminación racial. Diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado casos en los que se reportan obstáculos en el acceso a la vivienda, la atención sanitaria, el empleo o la educación de la infancia migrante. El racismo en Marruecos, aunque combatido por las autoridades, continúa afectando a la inclusión social y constituye un desafío para la cohesión social del país.

Estos incidentes racistas no solo perjudican a las víctimas, sino que amenazan la convivencia y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Tal como ha señalado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la discriminación mina la confianza en las instituciones y dificulta la participación ciudadana.

Por ello, en 2014 el Reino de Marruecos adoptó la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo (ENIA), un marco pionero que ha impulsado la inclusión de la cuestión migratoria en las políticas públicas. Gracias a esta estrategia, el país ha avanzado en ámbitos como la educación, la salud, la vivienda, la formación profesional y el empleo. El proyecto “Convivir sin discriminación” se inscribe en los objetivos de la ENIA, especialmente en las áreas de lucha contra la discriminación y de sensibilización sobre inmigración y asilo.

El proyecto Convivir sin Discriminación

Una sociedad plural y diversa tiene mucho ganado: la cohesión social y la determinación colectiva de que el racismo y la xenofobia no atraviesen sus fronteras. En este sentido, proyectos como “Convivir sin discriminación” sientan las bases para mejorar la vida de las personas desde un enfoque de derechos humanos, con atención prioritaria a cómo viven las mujeres en Marruecos, particularmente las mujeres migrantes, que pueden sufrir discriminación tanto por su género como por su origen.

Esta iniciativa, impulsada por la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), FIAP y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), incorpora una dimensión de género esencial para comprender los múltiples niveles de vulnerabilidad. Según datos de ONU Mujeres, las mujeres migrantes enfrentan mayores riesgos de exclusión y violencia, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas sensibles al género.

El objetivo del proyecto ha sido fortalecer los instrumentos y las políticas públicas dirigidas a prevenir el racismo en Marruecos y la xenofobia, fomentando una convivencia pacífica sin discriminación.

Cómo se ha abordado

• Fortalecimiento institucional: apoyo al desarrollo de capacidades técnicas de las administraciones públicas en sectores clave como educación, sanidad, justicia y administración local, así como de las organizaciones de la sociedad civil, fundamentales en la prevención del racismo y la xenofobia.

• Cooperación internacional: integración de un enfoque de trabajo entre socios marroquíes, norteafricanos y europeos, creando un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias.

• Sensibilización y medios: lanzamiento de campañas de comunicación y acciones de sensibilización junto a periodistas y medios locales para mejorar el tratamiento mediático de la migración y combatir los estereotipos que rodean el fenómeno migratorio.

• Reformas normativas: acompañamiento técnico para mejorar la legislación marroquí, reforzar los mecanismos de denuncia y garantizar una recogida de datos más rigurosa sobre casos de discriminación racial.

• Buenas prácticas internacionales: promoción de experiencias exitosas en países como Túnez o España, que sirven de referencia para fortalecer la inclusión de la población migrante en Marruecos.

Espacios de diálogo: creación de foros de concertación entre la sociedad civil y las instituciones públicas marroquíes, abriendo por primera vez debates institucionales sobre el racismo y la xenofobia en el país.

Dicen que el conocimiento es el mejor capital y, por eso, lanzamos una serie de publicaciones que recogen todo el trabajo realizado, los logros conseguidos, recomendaciones y aprendizajes. Se trata de un total de 14 publicaciones que cubren los cinco componentes del proyecto y que arrojan luz sobre temas esenciales para abordar el tema del racismo y la xenofobia en Marruecos. 

Conocimiento y aprendizaje

Dicen que el conocimiento es el mejor capital, y por eso el proyecto ha producido una serie de publicaciones que recogen su trabajo, logros, recomendaciones y aprendizajes. En total, se han elaborado 14 documentos que abordan los cinco componentes del proyecto, iluminando cuestiones esenciales para afrontar el racismo en Marruecos y fortalecer la cohesión social.

1. Informe de análisis sobre normas y recomendaciones internacionales en materia de lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. Identifica las normas internacionales y regionales (ONU, Unión Europea, América del Sur y África) que protegen a las personas migrantes.

2. Estudio comparativo de legislación sobre discriminación racial, racismo y xenofobia en España, Francia, Túnez y Marruecos, con propuestas para reforzar los mecanismos nacionales de protección.

3. Análisis de programas de formación para personal de la administración pública, basado en experiencias europeas de prevención del racismo, con recomendaciones específicas para Marruecos.

4. Estudio de buenas prácticas en comunicación y sensibilización en Bélgica, España, Finlandia, Francia y Países Bajos, para inspirar campañas en el contexto marroquí.

5. Manuales de formación para administraciones públicas y gobiernos locales, integrando el enfoque de género en la lucha contra la discriminación.

6. Informe sobre la interseccionalidad de la discriminación por raza, etnia y género, que analiza su tratamiento institucional en Marruecos y plantea herramientas para integrar esta perspectiva en las políticas públicas.

Estos materiales están disponibles en árabe, francés, español e inglés, en versiones completas y resumidas, y pueden consultarse a través del portal de la FIAP.

En resumen

El proyecto “Convivir sin discriminación” ha demostrado que la cooperación internacional puede ser una herramienta eficaz para promover la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad. Frente al racismo en Marruecos, las acciones coordinadas entre instituciones públicas, sociedad civil y organismos internacionales han contribuido a construir un país más justo y comprometido con la cohesión social.

Valentina Salvato, técnica del proyecto Apoyo a la policía de proximidad en el Líbano coliderado por la FIAP,  reflexiona sobre la importancia de prestar atención a la salud mental en policías y a la acción que desarrolla el proyecto a través de diversas formaciones con esta finalidad.

¿Por qué es necesario este enfoque?

Ser policía significa exponerse a diario a eventos traumáticos que pueden poner en peligro su propia vida: accidentes, violencia, situaciones críticas y de emergencias, catástrofes naturales… Todo ello conlleva riesgos que pueden afectar la salud mental de cualquier persona. Además, debemos tener en cuenta el contexto actual del Líbano, un país afectado por una grave crisis política, económica y financiera sin precedentes y una serie de eventos traumáticos – las manifestaciones de octubre 2019, la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020 y la consecuente agudización de la pandemia Covid-19- que han generado un impacto directo en la vida de los ciudadanos, en su comportamiento, su estabilidad psicológica y su salud mental. 

¿Cómo abordamos la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad?

Desde el proyecto Apoyo a la policía de proximidad en Líbano, buscamos arrojar luz sobre el tema de la salud mental en las fuerzas de seguridad: un problema que, a menudo, es ignorado, desconocido o incluso rechazado. Sin embargo, lo cierto es que los policías pueden desarrollar problemas de salud mental y física debido a los traumas a los que se enfrentan durante su carrera. Entender y aprender a gestionar el estrés permite prevenir, reconocer o evitar malas conductas que perjudican la confianza de la ciudadanía hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tal y como apunta el inspector jefe de la Policía Nacional española y director del proyecto, Joaquín Plasencia García, «si un policía pierde la confianza del ciudadano, lo pierde todo».  

Por eso,  brindamos apoyo a la policía libanesa con el fin de poner marcha una estrategia preventiva y psicoeducativa con herramientas y metodologías psicológicas para prevenir, proteger, y resolver posibles situaciones de estrés. 

Gracias a las formaciones que hemos ofrecido en el Líbano, como la última en la Academia de las Fuerzas de Seguridad Interna (Aramoun), 63 oficiales de policía han recibido herramientas para prevenir y enfrentar situaciones de estrés, de resolución de conflicto, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, depresión, gestión de la ira o control de las emociones. Una formación en salud mental que es, a la vez, una excelente forma de prevención primaria, puesto que aumenta los conocimientos, la concienciación y la capacidad de recuperación de todos los agentes, consiguiendo un impacto directo en la atención a la ciudadanía, ya que reduce y evita episodios de malas conductas en las fuerzas de seguridad.  

Cuidando del bienestar de quien nos cuida, los ciudadanos obtienen una mejor atención y servicio. 

Soy francesa y llevo casi dos décadas viviendo en España. Soy migrante, extranjera, pero he tenido la enorme suerte de tener el respaldo de un marco legal que me ha permitido instalarme, estudiar, trabajar, acceder a los mismos derechos y servicios públicos que cualquier ciudadana española.  

Antes que yo, mis abuelos maternos también migraron, desde el Portugal rural pauperizado de los años 50, a una Francia en plena expansión económica tras la II Guerra Mundial. Al igual que mis bisabuelos paternos, que huyeron de la Italia fascista de los años 20. Ellas y ellos no tuvieron tantas oportunidades, ni en su ruta migratoria, ni en su acogida, ni en su integración. Me recuerda constantemente la importancia de la institucionalidad y de las políticas públicas que, desde el espacio territorial, es necesario construir y compartir con otros para mejorar los sistemas.  

La migración es una oportunidad y la cooperación un eje para articular sociedades e instituciones en países de origen, destino y tránsito. Es esta cooperación descentralizada un espacio privilegiado para aportar a la construcción de respuestas operativas a los desafíos de la movilidad humana. 

Hay tres elementos que me parecen particularmente importantes a la hora de analizar la realidad migratoria. Estos son la multidimensionalidad del fenómeno; la necesidad de salir de marcos analíticos lineales que asocian, por ejemplo, desarrollo económico en países de origen con reducción de movimientos migratorios; y, por último, la importancia de la coherencia de políticas. 

Además, hay otra perspectiva que me gustaría plantear: la importancia de la cooperación técnica pública, basada en la experiencia de gestión pública, en particular a nivel territorial. 

Creo que es especialmente relevante abordar respuestas a los desafíos de la movilidad desde el nivel territorial porque es el espacio de proximidad, donde se hace tangible la atención a personas migrantes, su protección, su inclusión, donde se encuentran las diásporas que trabajan con los países de origen, donde se conectan los servicios públicos, donde se desarrolla la educación y la formación para el empleo. 

En este sentido, el rol de la cooperación descentralizada cobra mucho sentido, pues puede tejer en torno a su valor añadido territorial. O dicho de otra manera: los entes territoriales pueden orientar su cooperación en aquellos ámbitos de gestión pública donde tienen mayor expertise o experiencias.  

Peggy Martinello. Directora del Área de Administración Pública y Asuntos Sociales en la FIIAPP

En un país afectado por múltiples problemas y continuas crisis – financieras, políticas y sociales –, la violencia contra la mujer sigue sin recibir la atención ni la reacción política necesaria. El contexto social, profundamente centrado en clanes familiares y patriarcales, dificulta la visibilidad de la violencia de género, mientras que esta sigue creciendo.  

En los últimos 12 meses, el número de incidentes de violencia de género aumentó de 747 a 1.468, según las estadísticas recogidas por las Fuerzas de Seguridad Interna del Líbano (ISF).  Este incremento atribuido a la crisis económica y financiera del país y a la  denominada por Naciones Unidas «pandemia en la sombra», en referencia al coronavirus, constituye una lacra anclada en la sociedad libanesa.  

En los últimos años, las reclamaciones de numerosos colectivos sociales han conseguido significativos, pero todavía insuficientes, avances. En diciembre, el Líbano reformó su ley de violencia doméstica para penalizar los malos tratos «resultantes» del matrimonio. A pesar de ello, la legislación actualizada no cubre claramente la violencia contra las mujeres divorciadas, ni tipifica como delito la violación dentro del matrimonio, ni impide que se discrimine a las mujeres en casos de divorcio y discusiones sobre la custodia de los hijos. 

La mayoría de estos delitos siguen silenciados en el seno de la familia, mientras que los casos que logran salir a la luz pública sufren la perpetuada cultura de culpabilización de las víctimas.  

A través de nuestro proyecto de Community Policing (Policía de Proximidad) y gracias al apoyo brindado por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del CNP, estamos contribuyendo a mejorar la investigación policial y la atención a las víctimas de violencia de género en el Líbano. 

Impulsamos la creación de la Unidad de Violencia doméstica dentro del ISF y la asignación de, por lo menos, dos policías formados en atención a la víctima y en la investigación de estos tipos de delitos en las 12 comisarías territoriales del país. Queremos garantizar que existan mujeres policías que atiendan a las víctimas, ya que actualmente solo son hombres, y aspiramos a que se ofrezca una atención más integral a todas las víctimas, institucionalizando la prestación de servicios sociales, sanitarios, psicológicos y legales a todas las víctimas.   

Con el fuerte compromiso de todo nuestro equipo de Community Policing y el apoyo de la policía libanesa, seguiremos luchando contra la violencia doméstica y formando a los policías para mejorar la atención y el servicio a todas las víctimas de violencia de género.  

Consuelo Navarro Susino 

Coordinadora del Proyecto Promoting Community Policing in Lebanon