11/09/2026
Perú con el apoyo de la Unión Europea fortalece sus capacidades institucionales para poder usar drones en la lucha contra el crimen organizado.
El Perú enfrenta actualmente una amenaza creciente y cada vez más compleja por parte de las organizaciones criminales nacionales y transnacionales. La expansión del tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la trata de personas y otras actividades ilícitas genera importantes desafíos para la seguridad, la gobernanza y el desarrollo sostenible del país. Estas organizaciones criminales operan en territorios extensos y de difícil acceso, aprovechan las nuevas tecnologías y desarrollan continuamente métodos para evadir los controles de las autoridades.
Por este motivo, los sistemas de aeronaves no tripuladas (drones) se han convertido en una herramienta estratégica de gran valor para la prevención, detección, vigilancia e investigación de actividades vinculadas al crimen organizado. Su empleo permite ampliar significativamente la capacidad de observación en zonas de difícil acceso, reforzar la vigilancia de fronteras, apoyar operaciones contra el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la trata de personas y los delitos ambientales, así como facilitar la obtención de información en tiempo real para la toma de decisiones operativas.
Ante esta situación, el proyecto de la Unión Europea sobre lucha contra las drogas y el crimen organizado en Perú ha organizado un taller especializado dirigido a integrar el uso de drones como herramienta de apoyo en labores de prevención, vigilancia e investigación criminal.
Durante cinco días, el taller ha permitido reunir a representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial y la SUNAT. El objetivo es fortalecer sus conocimientos en la planificación y ejecución de operaciones, así como en la captación y análisis de imágenes y datos estratégicos.
Policías especialistas de Italia y España han estado a cargo del taller abordando dos ejes fundamentales: por un lado, aspectos operativos, llevando a cabo intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre el empleo de la tecnología en distintos escenarios de seguridad. Y, por otro lado, el marco jurídico, donde se ha tenido en cuenta la aplicación de los principios de legalidad y proporcionalidad, garantizando la protección de datos personales y la correcta obtención de información para las investigaciones.
La incorporación responsable de estas nuevas tecnologías busca ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones peruanas frente a las modalidades cada vez más complejas del crimen organizado, consolidando la cooperación internacional.
