04/06/2026
La elevada informalidad laboral en México, que afecta a más de la mitad de la población ocupada, plantea importantes retos para ampliar la cobertura de la protección social.
Representantes de instituciones mexicanas han concluido esta semana una visita de estudio a Madrid para conocer de primera mano el funcionamiento del sistema español de seguridad social y las herramientas desarrolladas para mejorar la afiliación, la recaudación y el control del fraude.
Durante su estancia en España, la delegación ha mantenido reuniones de trabajo con María Carmen Armesto González-Rosón, Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS); Andrés Harto Martínez, Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS); Carlos Escudero Rivas, Gerente de Informática de la Seguridad Social; Rodrigo Francisco Mares Ramirez, Director Provincial de Madrid de la TGSS; Borja Suárez Corujo, Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones y la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La delegación mexicana ha estado integrada por Luisa Obrador, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Eduardo Alcaraz Prous, jefe de Unidad de Incorporación al Seguro Social del IMSS; y Eduardo Licea Arellano, director general de Análisis de la Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La visita también sirvió como un espacio de intercambio horizontal de experiencias. La delegación mexicana presentó algunas de las particularidades de su sistema de protección social, entre ellas los mecanismos de acceso a la vivienda vinculados al empleo formal, un elemento distintivo del modelo mexicano.
La seguridad social constituye uno de los pilares del bienestar en México y desempeña un papel fundamental en la garantía de una vida digna para las personas trabajadoras y sus familias. El sistema mexicano protege no solo al trabajador, sino también a su núcleo familiar, y cuenta con aproximadamente 22,7 millones de personas afiliadas, una cifra comparable a los 22,3 millones de afiliados registrados en España.
«No hay soluciones fácilmente trasladables de un país a otro, porque cada realidad es distinta y cada sistema jurídico tiene sus propias características», señaló el secretario general de la Seguridad Social, quien puso como ejemplo el desafío que supone el
envejecimiento de la población en España, uno de los principales retos para la sostenibilidad del sistema de pensiones, un problema no trasladable a México.
Frente al desafío del envejecimiento que afronta España, México se enfrenta a otro reto de gran magnitud: la elevada informalidad laboral. Más de la mitad de la población ocupada trabaja fuera de la economía formal, lo que dificulta su incorporación al sistema de seguridad social. Por ello, las autoridades mexicanas buscan impulsar la formalización del empleo.
La brecha de género fue otro de los temas que centró el intercambio. «Las bases de cotización de las mujeres son más bajas en todas las franjas de edad», señaló el director provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid, una desigualdad que acaba repercutiendo en las prestaciones y pensiones. Esta cuestión, junto con el régimen de las trabajadoras del hogar y su integración en el sistema de protección social, despertó un especial interés entre los representantes mexicanos.
La visita de estudio se ha desarrollado en Madrid en el marco del proyecto EU4DecentWork, financiado por la Unión Europea e implementado por FIAP y Expertise France, la agencia homóloga francesa de cooperación.
A través de reuniones e intercambios de experiencias, la misión ha acercado a las administraciones públicas europeas y mexicanas para compartir soluciones en ámbitos como la gestión de prestaciones, la
digitalización de servicios, la coordinación institucional y la formalización del empleo.
En los próximos días, la misión continuará en París, donde la delegación conocerá experiencias francesas relacionadas con prestaciones familiares, inclusión social, afiliación de personas trabajadoras independientes y agrícolas, así como mecanismos de coordinación interinstitucional en la lucha contra el fraude a la seguridad social.
