27/05/2026
Mediante el intercambio de experiencias, se pretende fortalecer la capacidad del Estado para detectar situaciones de incumplimiento laboral y actuar de forma más rápida y eficiente.
Perú enfrenta un contexto de altos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad laboral, profundizados tras la pandemia, lo que limita su acceso a la protección social y a empleos de calidad. Para responder a estos desafíos, la Unión Europea lanzó el programa “Hacia un futuro con igualdad” – Perú Social, en colaboración con especialistas de España, Italia y Alemania.
Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la protección de los derechos de las y los trabajadores, el proyecto pretende fortalecer las capacidades de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) –una entidad del Estado peruano que promueve, supervisa y fiscaliza el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo–.
Así, durante el mes de mayo, una delegación de especialistas –entre los que se encontraban representantes del Ministerio de Trabajo de España– ha llevado a cabo una misión de diagnóstico institucional en diversas sedes de la entidad en Perú.
Esta visita de trabajo ha permitido analizar en profundidad cómo funcionan actualmente los procesos de inspección laboral y los sistemas tecnológicos de SUNAFIL, con el objetivo de identificar mejoras que ayuden a hacer las inspecciones más eficaces, prevenir

irregularidades y avanzar en la formalización del empleo. En la práctica, esto supone reforzar la capacidad del Estado para detectar situaciones de incumplimiento laboral y actuar de forma más rápida y eficiente.
Durante las jornadas de trabajo, el equipo de Perú Social y los especialistas internacionales han mantenido reuniones estratégicas con las distintas direcciones de SUNAFIL en Lima, Arequipa y Lambayeque. El diagnóstico resultante servirá como hoja de ruta para definir las próximas acciones del proyecto, priorizando la mejora de los sistemas informáticos, una mejor planificación de las inspecciones y el fortalecimiento de un modelo de fiscalización más moderno y eficiente, orientado a garantizar los derechos laborales.



