EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

El comisario es responsable de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes y documentación falsa en su país y trabaja en el proyecto ECI-Níger, con sus homólogos españoles y franceses. El proyecto, con una duración de tres años, está financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP.

¿Cómo es la experiencia de trabajar y ser parte del proyecto Equipo Conjunto de Investigación en Níger (ECI-Níger)?

Ser miembro del ECI es un placer para mí por su naturaleza multicultural, y multidisciplinaria. El contacto con otras nacionalidades como los franceses y los españoles nos ha enriquecido y nos ha ofrecido experiencia, aportándonos nuevas ideas y nuevas formas y medios para trabajar en materia de investigación. A nivel personal, también ha sido muy positivo el intercambio cultural, tanto para mí como para aquellos que están viviendo la experiencia.

En Europa hay todo un discurso sobre la migración y en ocasiones, no se tiene en cuenta el punto de vista y las políticas de los países africanos. ¿Cuáles son en el Estado de la República de Níger?

A ese nivel debo aportar dos precisiones importantes que son los textos jurídicos que hacen referencia a la lucha contra la trata de personas en Níger. Una ordenanza que data de 2010, y posteriormente una ley de 2015 que organiza la represión de la trata y el tráfico ilícito de personas. Esos dos textos nigerinos son realmente más protectores que represores porque además de la represión abarcan la protección y la cobertura de las víctimas.

Hay que entender que hay ideas que llegan a Occidente, sobre todo a Europa, que hacen que las personas piensen que Níger es un país que no respeta en absoluto los derechos humanos y el tráfico ilícito de personas migrantes. Pero yo pienso que es todo lo contrario, porque si comparamos la legislación europea y la legislación nigerina creo que estamos más avanzados en cuanto a la cobertura de los migrantes víctimas de trata o de tráfico lícito.

Las personas que nosotros buscamos en el marco de las investigaciones que llevamos a cabo y su represión no son las personas migrantes sino los “passeurs”.

¿Y quiénes son los pasadores?

Son las personas que planifican el viaje de los migrantes, recibiendo por ello una contraprestación de cualquier tipo. Estos migrantes son a menudo víctimas de secuestro o de extorsión económica, y están expuestos al maltrato e incluso a la prostitución. No es fácil descubrir estos casos, sobre todo cuando la persona migrante no se reconoce como víctima y colabora de alguna manera con la organización. Consienten ser víctimas de esa infracción. Nosotros trabajamos para luchar contra estos fenómenos, siempre protegiendo a los migrantes contra los pasadores. Estos pasadores son condenados a penas de prisión que llegan en ocasiones a 15 o 20 años.

En caso de ser arrestados, los pasadores pasan a prisión preventiva. En el caso de los migrantes, se les interroga para conocer su situación y son sometidos a detención administrativa en caso de que se encuentren en situación irregular. Se les trata de la forma más adecuada que podemos para que estén bien: se cubre su alimentación y unas condiciones básicas. Además, se les facilita el acceso a su familia o a su consulado y a un medio de comunicación si lo demandan. Se les ofrecen visitas y cuidados médicos y después normalmente son derivados a organizaciones internacionales como la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) para el retorno voluntario a su país de origen.

En el caso de los solicitantes de asilo tenemos lo que llamamos la Dirección General de la Migración, que forma parte del Ministerio del Interior. Los derivamos directamente desde la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST), por la vía de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) o del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, para que se encarguen de ellos y, si la solicitud está justificada, el Estado de Níger normalmente les da el título de asilo sin dificultad.

Los migrantes en ocasiones no son conscientes de que son parte de una red de trata de personas y que alguien se va a beneficiar económicamente a costa de su sufrimiento y /o explotación. ¿Conoce algún caso?

La pregunta es difícil, porque la respuesta puede ser múltiple. Hay quien sabe que está arriesgando su vida, su dignidad, su fortuna, y hay quien no.

En lo que respecta a la explotación inicial por parte de los pasadores, que sacan beneficio del paso de los migrantes, un ejemplo sería el trayecto entre Burkina Faso y Niamey. El transporte cuesta como mucho 5.000 francos CFA, no más de unos 5 euros, pero los migrantes están dispuestos a pagar más de 100 euros para realizar este trayecto. Ellos saben que es más barato, pero los pasadores les convencen de que si pasan por la vía oficial de la policía, con los casos de expulsión que hay hoy en día, no conseguirían cruzar la frontera. Así que se ha extendido la idea de que es mejor confiar en los pasadores que en la policía.

En el caso de aquellos que tienen más conciencia de la suerte que pueden correr, el fin justifica los medios. Algunos saben que están corriendo un riesgo, pero como hay una falta de programas de desarrollo para el empleo, piensan que es mejor morir que quedarse en casa sin hacer nada. Otros no saben exactamente lo que les espera porque los pasadores les hacen creer que van a llegar al paraíso, que llegarán a Europa y les espera un trabajo, que hay muchos puestos vacantes y que están esperando su llegada para ocuparlos.

En el caso de las que son víctimas de trata a menudo son consentidoras, por ejemplo, en el caso de la prostitución. Hay algunas personas que saben que van a tener que prostituirse y en su país se veían obligadas a hacerlo porque no tenían alternativa.

¿Qué piensan los nigerinos de lo que está pasando con la migración y todas estas medidas que se están poniendo en marcha para evitar que la gente muera en el desierto?

Cuando dices “los nigerinos” es la opinión pública de Níger incluyendo a aquellos que están en el negocio del tráfico de migrantes. Los que están en este negocio piensan que, hasta el momento, el Estado les ha perjudicado mucho, ya que les han impedido su actividad a través de la represión y de la sensibilización. Hay muchos que quieren renunciar al tráfico, pero piensan que no han encontrado alternativa social para dejarlo.

Para saber cuál es la opinión pública de Níger, la respuesta es clara: si vemos las estadísticas, son muy pocos los nigerinos que son candidatos a la inmigración clandestina. Sin embargo, son muchos los que se preguntan por qué hay tantos inmigrantes de los países de la CEDEAO que se encuentran en este tipo de situaciones, hasta llegar a morir en el desierto. En estos casos, para los nigerinos esta situación no se justifica.

Para los pasadores , en cambio, si se justifica porque para ellos la llegada de migrantes a Níger es un negocio y el hecho de pararlo es un golpe. Es lógico, son como una mafia.

¿Cuáles son las medidas que piensa que pueden evitar que estas personas tomen la decisión de entrar en ese sistema de migración irregular?

En primer lugar, la máquina de la represión está en marcha, es lo que hacemos todos los días sobre todos los territorios.

La máquina de la sensibilización está igualmente en marcha, pero hay que seguir sensibilizando a la población que debe buscar un trabajo y no dejarse matar, morir en el desierto o ser explotado por los pasadores. Son necesarios programas de desarrollo concretos para crear el mayor número de empleos posible para estas personas, para su realización e inserción social y poner en marcha las medidas para evitar que emigren.

En este sentido, hay muchas empresas europeas que están sufriendo y que pueden venir a invertir en África: África las necesita. En el continente africano hay materia prima y mano de obra cualificada. Habría que acompañar a los países africanos, invirtiendo en el sector industrial, en la agricultura y en la formación para poder evitar una gran parte de esas salidas voluntarias, ya que hay un buen número de diplomados entre los migrantes que se van a vivir a Europa.

Si la persona que emigra, por ejemplo, es un ingeniero, va a desarrollar en Europa un trabajo en ocasiones muy por debajo de sus cualificaciones. Si se dieran las condiciones adecuadas en África, creo que este tipo de personas no migraría.

En América Latina, las Defensorías Públicas son actores clave para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con pocos recursos o privadas de libertad y asegurar que puedan ejercer sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los principales retos de las Defensas Públicas de la región para poder ejercer una defensa pública eficaz?

Existen tres dimensiones. Conceptualmente y aunque parezca inicialmente contradictorio, la Defensa no es un servicio asistencialista de personas pobres. Es la representación de la tutela jurídica que el Estado debe garantizar a un Derecho Fundamental. Presentarlo de otra forma permite que el Estado eluda su responsabilidad y afecte directamente a la igualdad ante la ley, precisamente de las personas más vulnerables.

La siguiente dimensión hace referencia a aspectos institucionales. La independencia técnica de los defensores, la autonomía institucional que asegure esa independencia, la dotación, los recursos para seleccionar y capacitar, la equivalencia de remuneraciones con los demás actores del sistema, la capacidad y financiación para sostener la investigación propia, la habilitación de infraestructuras que permitan atender dignamente a sus representados y las tecnologías de la información que aseguren una gestión de la defensa en igualdad con la persecución penal.

Finalmente, la dimensión cualitativa pretende asegurar estándares de defensa y un sistema que controle su cumplimiento. A través de AIDEF, las Defensorías de América y Caribe hemos avanzado notoriamente en este ámbito. De no considerar esta dimensión, nos encontraríamos con abogados que no tienen ninguna posibilidad de representar eficazmente los intereses y derechos de sus defendidos.

La actuación de EUROsociAL+ en la línea de justicia está orientada a ampliar y fortalecer la cobertura de los servicios de asistencia prestados por las Defensorías Públicas, con el fin de humanizar y dignificar la atención a las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué grupos en condición de vulnerabilidad enfrentan mayores obstáculos para el acceso a la justicia, debido al limitado reconocimiento de esa condición?

La realidad de América Latina nos demuestra que la población perteneciente a pueblos originarios, migrantes y las personas privadas de libertad presentan vulneraciones a su dignidad y derechos. Ocurre lo propio con los jóvenes, mujeres – principalmente las privadas de libertad – población LGTBI, personas con capacidades diferentes. Todos transversalmente unidos por el principal factor de vulnerabilidad y discriminación: la pobreza.

A nivel regional, EUROsociAL+ trabaja en estrecha colaboración con la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF), apoyando el avance en la construcción de respuestas y marcos estratégicos comunes de referencia para políticas públicas regionales, la adopción de acuerdos, declaraciones o lineamientos conjuntos o la elaboración de protocolos u otros productos comunes. ¿Qué valor añadido tiene el trabajo en red para las Defensorías de América Latina?

En primer lugar, defender la plena vigencia y eficacia de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en pactos internacionales sobre la materia, que es también uno de los objetivos de AIDEF. Actuar de forma conjunta y coordinada provoca un impacto real en debates que de forma aislada serían complejos de sostener. Permite establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas con el propósito de elevar los estándares de defensa en cada una de ellas.

Finalmente, actuar en red y en el marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, produce un evidente apalancamiento de las instituciones de defensa que logra atenuar las deficiencias estructurales.

Actualmente, en coordinación con la AIDEF, se está trabajando en la elaboración de un diagnóstico y guía de actuación de las Defensas Públicas en casos de violencia institucional, para dar respuesta acasos de tortura o violencia institucional en cárceles. Según diagnósticos recientes, a pesar de haber transcurrido más de 30 años desde la firma de las Convenciones Internacional e Interamericanas para prevenir y sancionar la tortura, en América Latina aún subsisten importantes desafíos en materia de violencia institucional. ¿Cree que la población en general en América Latina desconoce la dimensión del fenómeno de la tortura? ¿Cómo se podría abordar esta problemática desde el quehacer de las Defensorías Públicas?

Este es un tema profundo. Tras las dictaduras recurrentes en la región, ha sido difícil el tratamiento de vulneraciones graves a los DDHH en gobiernos democráticos, tanto para distinguirlas, enfrentarlas y hasta para “denominarlas” tal cual son, como es el caso de torturas.

Sin duda es un tema que hemos liderado, ya que las situaciones más frecuentes de violencia institucional y tortura se presentan en los extremos del proceso penal. Al inicio, después de la detención en los recintos policiales, y, al final, tras la sentencia condenatoria privativa de libertad en los recintos penitenciarios.

Hemos logrado posicionar la temática, precisamente a través de los proyectos que hemos llevado adelante con EUROsociAL+, con la incorporación del debate en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de Resoluciones Generales de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y audiencias plenarias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la misma institución, entre otros instrumentos.

Todo ello ha permitido permear el debate interno en torno a la privación de libertad y sus consecuencias, el uso excesivo de la prisión preventiva (ya como pena anticipada y mecanismo de control social), la reclusión como elemento central de la pena en la región y, en particular, la violencia institucional y tortura en recintos carcelarios que se producen en dichas circunstancias.

Finalmente, dada la diversidad de actores que intervienen en el ámbito de la justicia y que se trata de problemáticas multidimensionales, ¿qué mecanismos/instrumentos se podrían poner en marcha para mejorar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de políticas de acceso a la justicia?

Más que crear o poner en marcha nuevos mecanismos e instrumentos, lo que actualmente se requiere en América Latina es fortalecer y mejorar las instancias que ya existen para una buena coordinación interinstitucional. Robustecer el trabajo entre las instituciones del ámbito de la justicia y capacitar a los actores potenciando el trabajo en conjunto.

Porque una de las problemáticas a las que nos enfrentamos es la falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia, pero no sólo por parte de la ciudadanía sino también por parte de los mismos actores del sistema.

María Luisa Domínguez, Técnica Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+

Conocemos Kiev (Ucrania) con Manuel Marión, subdirector del proyecto UE-ACT desplazado a la ciudad. Nos cuenta algunas anécdotas y su trabajo en el marco del proyecto financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP para mejorar la cooperación contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.

¿Cómo ha sido tu adaptación al país? 

Es fácil adaptarse a Kiev, una gran ciudad donde puedes encontrar de todo. Frente a mi casa encuentro jamón del bueno – y no es lo caro que podría uno imaginarse teniendo en cuenta que es un lujo importado – aceite de oliva y naranjas de España.

Kiev tiene mucho para ver, muchos atractivos: ballet, teatro… es la gran desconocida de Europa. Y merecería la pena que se invirtiera en remozar algunos edificios antiguos con el mismo estilo que tienen las casas del centro de Viena, donde pasé viviendo diez años.

Para mí es una ventaja hablar ruso, me puedo entender más o menos con la gente. Pues a pesar de la situación política y el fomento del uso del ucraniano, todos hablan ruso. La gente es cariñosa, aunque les cuesta mucho abrirse. La mayoría de los vecinos no te dicen ni buenos días cuando coincides en el ascensor, a menos que los conozcas de algo. Es la cultura de la desconfianza, deben pensar que los demás son espías o agentes del gobierno que quieren saber de su vida privada.

¿Qué ha sido lo que más te ha costado y lo que menos? 

No ha sido el frío lo que más me ha costado. Tal vez entender la lógica que emplean para numerar los edificios y los portales. En una ocasión llevé a mi perro al veterinario y no encontraba la entrada porque estaba camuflada, hasta que vi un cartel pequeño que decía en ruso: “¡Sí, esto es la puerta!”.

¿Es tu primera experiencia fuera de España? 

Llevo muchos años viviendo en diferentes países: El Salvador, Guatemala, Viena, Ucrania… con alternancias en España y períodos más cortos en los Balcanes. La primera experiencia exterior es la que te marca de manera significativa. La pobreza – a veces más miseria que pobreza – que había en El Salvador me impactó. Viví en una zona muy rural. Me asombraba ver a tantos niños y niñas andando a la lejana escuela por las mañanas, con unas camisas de un blanco inmaculado.

En Guatemala estuve viviendo en la capital y allí lo que me preocupaba era la seguridad de mi familia. Había muchos secuestros, mucha gente “ultimada” como decían en las noticias cuando asesinaban a alguien.

¿Cómo es tu trabajo día a día? 

Viajo mucho fuera de Ucrania, tanto a Asia Central, como a África o Europa. Alrededor de la mitad del mes lo paso fuera. Acudo a reuniones que se organizan en torno al problema de la droga, las que organizamos nosotros, en representación del proyecto… principalmente en cinco países: Kyrgyzstan, Georgia, Ucrania, Pakistán y Tanzania.

En Kiev tenemos una oficina donde trabajo con otros dos expertos. Preparo informes, leo los que hacen nuestros expertos, apoyo sus actividades… Hablo todos los días gracias a Skype, WhatsApp o Viber con varios expertos y contrapartes que se encuentran en otros países y por supuesto con FIIAPP en Madrid. El correo electrónico es mi principal herramienta de trabajo y comunicación.

Recientemente he pasado dos semanas en Tanzania, coordinando un equipo de expertos de varios países para evaluar su capacidad de investigar el creciente tráfico de drogas – principalmente heroína – que llega por mar desde Afganistán para luego venir a Europa, así como ver la política que aplican respecto al consumo de droga y los tratamientos a drogodependientes. Por cierto, allí hay una ONG española dedicándose a su rehabilitación.

¿Cómo es tu relación con la sede de Madrid? ¿Y con tus compañeros en Ucrania? 

Cordial, sin problemas. Principalmente con María, la coordinadora de programa, que es con la que casi a diario me tengo que “pelear” – en connivencia – para superar juntos los requisitos burocráticos.

Cada país tiene sus costumbres, y la verdad es que en Ucrania cuando pides una factura formal todos salen corriendo. No hay manera. Y a ver cómo le digo yo a María que necesito urgentemente proveerme de unos servicios o materiales pero que no me darán factura…

En el equipo están Marta, Iván, David, y Mónica. Todos muy majos y eficientes tratando de ayudar. Tengo que mencionar también a Ana, y especialmente a Sara, una gran ayuda del departamento de personal. Con ambas trabajé hace más de diez años en otros proyectos de la FIIAPP. Tampoco me olvido de Charo, del departamento de comunicación de la FIIAPP.

¿Cómo valoras tu experiencia de trabajar como expatriado de la FIIAPP en Ucrania? 

Es una oportunidad única. Debido a mis frecuentes viajes no paso mucho tiempo en Kiev, y me gustaría para poder conocer más su cultura, sus bonitos rincones, museos, teatros y sus alrededores. Kiev me permite practicar ruso, que llevaba estudiando diez años. Con el proyecto viajo a muchos países de habla rusa y siento una gran satisfacción al poderme comunicar en su idioma. Ucrania es un país que formó parte de la Unión Soviética y tienen todavía mucha influencia de aquellos tiempos, son culturas que hay que vivir para conocer bien.

¿Alguna experiencia o anécdota que resaltar de tu llegada al país? 

Me llamó mucho la atención cuando llegué ver a abuelos y abuelas trabajando. La gente mayor, los retirados, tienen unas pensiones ridículas y no les da para vivir. Tienen que seguir trabajando como sea, hasta que no pueden más por su edad: venden frutas, vegetales… con tal de volver a casa con unas pocas grivnas de ganancia.

En las estaciones de metro hay al final de las escaleras unas abuelas “vigilando” que todo vaya bien. Las porteras suelen ser abuelas, de 70 o más años.  Y no veas tú como cumplen su cometido… Las porteras de mi edificio – se turnan cuatro y están día y noche – me sometieron a un interrogatorio para ver quién era.

También me llamó la atención que la gente es por regla general muy reservada y aparentemente triste. Aunque – puede ser contradictorio – les gusta como a nosotros la juerga y hay mucha vida nocturna, claro que no hasta tan tarde como en Madrid. Yo soy “salsero”, me gusta mucho bailar salsa, y hay pocas ciudades donde haya tantos locales con música caribeña y gente para bailar.

El proyecto de refuerzo de la gestión hospitalaria en Túnez, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP, tiene como objetivo principal implantar un sistema de información médico-económico en los hospitales tunecinos. Es decir, mejorar la organización de los archivos e historiales médicos para ayudar a reducir costes en el sector.

Carlos Armendariz es Director Médico en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y ha trabajado como jefe de este proyecto de hermanamiento de la Unión Europea junto a expertos tunecinos.

En los seis años que lleva en marcha el proyecto, ¿cuánto se ha avanzado?

Cuando nosotros vinimos a hacer el proyecto, el objetivo era la implantación de un sistema de información médico-económico en dieciséis hospitales. Para ello, lo primero que hay que hacer es dar un paso que aquí no existía: unificar la historia clínica. Las historias estaban dispersas de manera que, si ibas a siete servicios diferentes a lo largo de un año, ibas teniendo una historia clínica en cada uno de ellos. Una forma de trabajar absolutamente antigua.

¿Qué supone que los pacientes tengan una única historia clínica?

Cuando unificas una historia clínica, todo son ventajas. Cada uno de los especialistas que lo ha visto hace sus anotaciones, sus diagnósticos, sus tratamientos, y el siguiente profesional que va a verlo sabe qué le ha pasado antes. Por tanto, la idea de conjunto que va a tener cualquier médico que lo vea es siempre fundamental.

¿Qué más se ha puesto en práctica?

También era importante la sensibilización y mentalización de los profesionales para la realización de informes de alta, que no se hacían en casi ningún hospital. El informe de alta no es que sea beneficioso, es que es un derecho del paciente. Ha sido un trabajo difícil porque no había costumbre o hábito de hacerlos.

¿Y cuál es el siguiente paso?

Los tunecinos que están implicados en el proyecto junto con los expertos españoles definieron un Conjunto Mínimo de Datos (CMBD) para Túnez. Esto es una recogida de datos de cada proceso de hospitalización que permiten después analizar la actividad del hospital.  Es decir, puedes saber cuántos enfermos has visto a lo largo de un año con neumonía, o qué tipos de neumonía has visto, o cuántas operaciones has hecho de apendicitis…

¿Cómo se analiza?

Codificándolo. La codificación permite obtener información más refinada: saber qué tipos de enfermedades, de procedimientos o de técnicas hemos realizado en el hospital. Partos, intervenciones quirúrgicas, cateterismos cardíacos, infecciones por este o por aquel germen… Todo tiene siempre un código.

¿Se ha conseguido todo lo que estaba previsto?

El proyecto implicaba un cambio en la forma de trabajar de la sanidad tunecina que yo creo que se ha conseguido pero que ha quedado un poco cojo. En el sentido de que, en un proyecto de esta envergadura, el cambio es necesario que se acompañe de normas de obligado cumplimiento. En España está muy regulado cómo debe funcionar un archivo, el tiempo que hay que guardar las historias clínicas, qué documentos deben contener… Y se ha hecho, pero no hay una normativa de ámbito nacional que exija que las cosas se hagan.

Por lo demás, yo creo que sí se han conseguido muchas cosas. Hemos captado muchos seguidores en los hospitales, gente que al principio era muy reticente y, cuando han ido viendo los beneficios o las ventajas de trabajar así, han sido socios incondicionales. Y como son los que mejor reconocen y conocen sus ventajas y sus inconvenientes, son sus mejores defensores. Sin esas personas tampoco el proyecto hubiera podido marchar.

¿Cómo ha encontrado Túnez a nivel personal?

Túnez me recordó mucho al Madrid de finales de los años 60, cuando yo era pequeño. Barrios obreros como los de la periferia de Túnez: casas de dos o tres pisos en barrios desbaratados con las calles sin asfaltar. Por lo demás, es un país mediterráneo con una sensibilidad parecida a la nuestra en algunas cosas.

¿Y respecto a la sanidad?

Algo parecido. Hay hospitales viejos con estructuras viejas en el que los pacientes no están como en nuestro país, con habitaciones de una o dos personas. Pero en el Clínico de Madrid, cuando yo era estudiante de Medicina había habitaciones con ocho enfermos. Creo que la sanidad como cualquier otro servicio se va adaptando a los recursos que pone a su disposición la sociedad.

Los médicos tienen buena formación en general. Tienen carencia de medios y tecnología, probablemente, pero no creo que la sanidad aquí sea mala. Me parece que puede mejorar, pero los conocimientos y el saber qué hacer lo tienen claro. Los resultados pueden ser tan buenos seguramente como en cualquier otro sitio.

Cuando se cumple un año de la firma de los Acuerdos de Paz de Colombia, entrevistamos en Bogotá al ex alcalde de la ciudad, el profesor Antanas Mockus. Gran defensor del proceso de conciliación nacional y un referente en el cambio de comportamientos colectivos mediante la educación. Entre ellos, los referidos al pago de impuestos.

Durante sus mandatos en la alcaldía, Bogotá experimentó una transformación de su cultura fiscal, al apreciar los ciudadanos una reciprocidad entre los tributos y la mejora de los servicios públicos, generándose de ese modo sentimientos de corresponsabilidad en la financiación del desarrollo basados en la convicción, y no en el temor a la sanción. ‘Todos pagan’ y ‘Recurso público, recurso sagrado’ fueron algunos de los lemas acuñados por Mockus, quien además promovió una campaña denominada ‘110 por ciento con Bogotá’, a través de la cual se solicitaba añadir voluntariamente un 10 por ciento extra a los impuestos, pero dando la oportunidad de decidir el proyecto al que se destinaría dicha cantidad.

¿Qué papel cumple la fiscalidad en el pos conflicto colombiano?

El proceso de paz que está viviendo Colombia tiene muchos aspectos; uno de ellos es lograr que no se utilice la fuerza de las armas para impulsar transformaciones. El Estado debe llegar al territorio de manera mucho más densa, pero también la ciudadanía tiene que aportar de su lado. Los ciudadanos tienen que aprender a comprender cómo funciona el Estado, cómo el Estado reasigna recursos para fines normalmente más nobles que el gasto de un privado; no tendría sentido cobrar impuestos para hacer cosas menos buenas.

El Estado social de derecho que estableció la Constitución de 1991 de Colombia prevé que uno de los deberes del ciudadano es tributar. Ahora bien, ese deber está asociado con el deber del Estado de cumplir en la protección de sus derechos. Pero los derechos cuestan. Hay un libro de un académico estadounidense Stepehen Holmes, que lleva por título ‘El coste de los derechos’, y que pone de manifiesto que no se puede asegurar un derecho y no tener alguna inversión de recursos en defensa de ese derecho.

Colombia está en deuda en términos de desigualdad socioeconómica y los tributos deben ser entendidos como parte de las herramientas que tenemos para nivelar y generar más igualdad. Esperemos que la gente de las FARC y del ELN, si se suma al proceso de paz, participen en este proceso pedagógico, entendiendo la enorme importancia de los mecanismos de redistribución. Hay que pasar por el sistema tributario, es lo único que existe en un régimen democrático para redistribuir. La redistribución debe ser comprendida no solo como una forma de repartir los recursos, sino como fundamento de las relaciones humanas. Los recursos públicos son recursos sagrados.

¿Cómo se puede transformar la cultura tributaria de un país?

Conozco una anécdota de un colombiano que está estudiando y trabajando en los Estados Unidos. Va y le cuenta a un amigo estadounidense en un desayuno: “Anoche encontré una manera de reducir la carga tributaria”, y le explica el truco. Y el estadounidense le dice: “Le doy 24 horas para que usted corrija ese truco o, si no, yo le denuncio”.

La cultura mafiosa está asociada a la ley del silencio. En la cultura mafiosa, la norma social es no solo no cumplir la norma legal, sino que incumplir la norma legal se vuelve parte de las obligaciones.

Durante un tiempo, yo pensaba que la corrupción era un acto al cual era muy fácil resistirse, simplemente diciendo que no, pero luego conocí a alcaldes que han sido amenazados por no colaborar con los delincuentes. Entonces, la combinación de la ley del silencio con la utilización de la violencia contra el que no se deja corromper genera una enfermedad un poco más difícil de atender, pero que es más urgente curar.

Cuando uno compra en Colombia un bote de pintura en la ferretería, es todavía frecuente que te pregunten sin IVA o con IVA, sin recibo o con recibo, con la oferta implícita o explícita de no pagar el impuesto a las ventas.

Influye decisivamente la actitud de los ciudadanos hacia los impuestos…

La corriente de la economía conductual ha estudiado que el ser humano es muy averso a las pérdidas. Si usted pierde 10 euros y se encuentra 10 euros, usted no queda en paz, queda claramente en pérdida desde el punto de vista psicológico; usted necesitaría encontrarse 27 euros. A las pérdidas se les aplica una lupa. Si usted ve los impuestos como pérdida, sufre desproporcionadamente; pero es diferente si los ve como una contribución, como hacer una vaca, como decimos en Colombia, -en Perú es chanchito, en México es coperacha (poner un bote en España)-, distintos nombres para un mecanismo que es el de poner recursos en común para lograr objetivos comunes.

Bogotá logró que la gente tuviera una actitud más positiva para el pago de los impuestos. También hemos trabajado con el Ministerio de Salud mostrando que, además de los impuestos, hay otros esquemas redistributivos. En el modelo de salud de Colombia, las clases más poderosas económicamente contribuyen más que proporcionalmente a la salud y esto es un mecanismo claro de redistribución, porque gente de muy distinta situación económica recibe atención médica similar. Tener las mismas garantías es otra expresión del Estado social de derecho.

Mi experiencia es que, si la gente comprende para qué son los tributos, si comprende cómo funcionan las tarifas para los distintos grupos de ciudadanos, la gente puede entender lo importantes que son los impuestos. La buena administración de los mismos es, en parte, el secreto del desarrollo del país.

¿Qué opinión le merece el trabajo que promueve el programa EUROsociAL + en las universidades con los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)?

Lo que se está promoviendo con los consultorios tributarios en las universidades es un paso muy importante. La figura del contable como el que asesora la evasión o la elusión cede el paso a una cultura del asesor tributario que le explica al ciudadano la razón de ser de las normas y se vuelve así un educador.

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+.

Esta vez aterrizamos en Myanmar para conocer de la mano de Azucena Martínez cómo se está desarrollando el proyecto MYPOL para el apoyo a la reforma de la Policía, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la FIIAPP. Azucena es la coordinadora y aprovecha para contarnos su propia experiencia en el país.

¿Cómo ha sido tu adaptación al país?

Cuando llegué a Myanmar hace casi un año pensé que la adaptación sería mucho más complicada, siendo un país culturalmente tan alejado de España, Europa o Iberoamérica. Sin embargo, la gente en Myanmar es especialmente acogedora, generosa y honrada. Siendo extranjera en Myanmar nunca me he sentido insegura, cualquier persona de la calle está dispuesta a ayudarte sin esperar nada a cambio.

La principal barrera aquí­ es el idioma. Aunque Myanmar fue antigua colonia inglesa, el uso del inglés no está tan extendido entre la población local. Lo que desemboca, por otro lado, en situaciones muy graciosas al intentar entenderte con los taxistas, en comercios, etc. De todas formas, espero que mis clases de birmano me ayuden a paliar estos «pequeños» problemas de comunicación.

¿Qué ha sido lo que más te ha costado y lo que menos?

Sencillo no ha sido nada, pero si tuviera que resaltar algo sería la relativa facilidad con la que he conseguido encontrar vivienda. En este tiempo, he vivido tanto en la capital administrativa, Naypyitaw, como en la antigua capital y centro económico del país que es Yangon. En ambos sitios la cuestión de la vivienda es bastante problemática. A veces, el alquiler de un apartamento aquí se puede equipar al precio de un apartamento en Manhattan, por descabellado que esto pueda parecer.

Y lo que más cuesta siempre que estás fuera de tu paí­s es renunciar a tu entorno más cercano: a tu familia, a tus amigos, a tu tendero de confianza en el Mercado de Maravillas… Pero al final todo es cuestión de volver de vez en cuando a España, retomar fuerzas y aprovechar las oportunidades que te brinda el país en el que estás destinado que, en este caso, son muchas.

¿Es tu primera experiencia fuera de España?

No, ya había estado viviendo fuera de España antes. Pero sí que es el país más lejano en el que he estado y también la experiencia que, para mí­, ha supuesto el mayor reto profesional hasta el momento, tanto por la envergadura del proyecto como por la situación por la que pasa el paí­s.

¿Cómo es tu trabajo y tu dí­a a día?

Yo trabajo ahora en la oficina que el proyecto MYPOL tiene en Yangon. Somos un total de 15 personas, de las cuales 5 somos personal expatriado procedente de distintos paí­ses de la Unión Europea, y el resto es personal local contratado para nuestro proyecto. También tenemos otra oficina en Naypyitaw con otras 6 personas. De ahí­ que gran parte de mi labor sea de coordinación. Por un lado, de mi oficina y, por otra, entre ambos equipos.

Desde la oficina de Naypyitaw se tiene un contacto más diario con nuestra principal institución beneficiaria en el país e interlocutor: la Policí­a de Myanmar. Y simultáneamente se llevan a cabo en Yangon otras actividades de formación, seminarios, reuniones de seguimiento con el financiador del proyecto: la Delegación de la Unión Europea en Myanmar. Siempre faltan horas para poder atender a todo lo que requiere un proyecto de estas características.

¿Cómo es tu relación con la sede de Madrid? 

Mi relación con la sede no puede ser mejor. Constituyen un pilar fundamental para mi trabajo: el poder estar coordinada, casi en tiempo real, teniendo en cuenta las 5 horas y media de diferencia horaria, con el equipo de sede es muy importante. A pesar de la distancia y las dificultades, no falta nunca ni voluntad, ni profesionalidad, ni horas de trabajo, para que todo salga adelante.

¿Y con tus compañeros en Myanmar?

Con mis compañeros en Myanmar, tanto con el personal expatriado como con los compañeros de nacionalidad birmana, la relación es muy cercana. Tenemos perfiles profesionales muy variados (policías, periodistas, sociólogos, intérpretes, politólogos…) y venimos de diversas organizaciones, países y formas de trabajar; lo cual hace que resulte de lo más enriquecedor.

¿Cómo valoras la experiencia de trabajar como expatriada de la FIIAPP en Myanmar?

La experiencia está siendo muy positiva. No voy a negar que los inicios siempre son complicados: sentar las bases de trabajo con las autoridades locales, establecer redes de trabajo con otras organizaciones que también colaboran en el proceso de reforma… establecer la estructura humana y logí­stica básica para operar en el paí­s. Todo eso ha sido gran parte del trabajo durante este año y ha supuesto muchos desafíos, pero a la vez te reporta mucha satisfacción el pensar que cuando llegamos no había nada y todo lo conseguido es producto del trabajo.

¿Alguna experiencia o anécdota que resaltar de tu llegada al país? 

El tema de los nombres en general es un lío. Mi nombre, Azucena, ya resulta de por sí­ complicado fuera de España y aquí no identifican si es un nombre de mujer o de hombre. La pronunciación les resulta bastante difí­cil, pero es que a mí­ me pasa igual con sus nombres. En Myanmar no poseen propiamente apellidos, tampoco existe una norma homogénea para poner nombre a una persona: puede ser una palabra, dos, tres, cinco… que responden a distintas cosas: desde sus ascendientes o el dí­a de la semana en el que nacieron hasta la etnia a la que pertenezcan.

Es toda una aventura el saber cómo debes llamar a una persona aquí­. Y por si fuera poco hay gran cantidad de nombres que se repiten muchísimo. De hecho, hay muchas personas que, conociendo esta dificultad entre los extranjeros, optan por utilizar un apodo o simplemente te indican cuál de esas distintas palabras que componen su nombre puedes utilizar como «nombre principal».