EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Cuando nos enfrentábamos al reto de contar desde una perspectiva distinta a la tradicional (más centrada en actividades y resultados) qué hace EUROsociAL en la línea de Justicia Inclusiva, decidimos poner en valor algunos números. Los números no sólo indican cantidades, también cualidades. He aquí algunos de ellos.

15. Trayectoria

Quince son los años que lleva el programa EUROsociAL de la Unión Europea apoyando la cohesión social en América Latina. Desde su inicio en 2005 hasta 2020 EUROsociAL ha venido acompañando a las instituciones públicas de América Latina en el diseño e implementación de una multiplicidad de políticas públicas en todos los ámbitos: social, económico, justicia, género, desarrollo regional, buen gobierno, etc. Y en todos los niveles: regional, nacional y local.

En estos 15 años hemos visto 3 fases del programa, en contextos muy diversos: de crisis y bonanza económica, de conflictos sociales y estabilidad democrática y, más recientemente, de pandemia y crisis humanitaria, económica y social. También con diferentes enfoques: proyectos piloto en la primera fase; orientación a la demanda y a resultados concretos de política pública en las dos siguientes.

Pero en estos 3 lustros el ADN y el espíritu del programa ha seguido siendo el mismo: luchar contra las desigualdades y mejorar la cohesión social en la región. En Justicia Inclusiva, el programa ha sido pionero en reducir barreras para el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad que se materializó en 2008 en las Reglas de Brasilia y que hoy estamos apoyando su conversión a convenio internacional.

16, 10 y 5. Agenda Global

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas es lo que propone la Agenda 2030 en su ODS 16, y más concretamente en la meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Desde EUROsociAL entendemos el acceso a la justicia como un derecho llave que permite ejercer y garantizar otros derechos básicos como salud, educación, vivienda, identidad, etc. Por ello hemos puesto el énfasis en la protección y divulgación de los derechos de los grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad: personas en contexto de movilidad, migrantes y refugiados niñas, niños y adolescentes; víctimas y testigos de delitos; jóvenes en conflicto con la ley penal; personas privadas de libertad; personas pertenecientes a minorías étnicas; y las mujeres que se encuentran en situaciones de discriminación por razón de género Y este ODS 16 es habilitador para el logro de otros ODS: el 10, referente a la reducción de desigualdades, y el  5, que persigue la igualdad de género.

Imposible en este breve espacio hacer una relación detallada de las numerosas acciones actualmente en ejecución en la región con las instituciones del sistema de justicia: Poderes Judiciales, Ministerios de Justicia, Fiscalías, Defensorías Publicas y Sistemas Penitenciarios.

Nuestro referente fundamental aquí son las citadas 100 Reglas de Brasilia y las Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos, documentos de referencia cuya elaboración ha sido impulsada por EUROsociAL en el marco de las redes regionales de justicia.

17. Alianzas

Para el buen desarrollo de nuestro trabajo aplicamos el ODS 17, y en particular con la meta 17.16 orientada a “mejorar la alianza mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo”.

La asociación con redes regionales, y en particular con las redes de justicia de América Latina, es una de las señas de identidad de EUROsociAL desde su inicio en 2005. Promover las alianzas y redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre instituciones homólogas de la región latinoamericana y europeas ha sido uno de los pilares centrales de EUROsociAL y en esto hemos sido pioneros. Ello nos ha permitido avanzar en la construcción de respuestas comunes de varios países a problemas compartidos como pueden ser marcos estratégicos de referencia para políticas públicas a nivel regional; declaraciones o lineamientos conjuntos, estándares, modelos o protocolos comunes, entre otros.

Acompañamos a la Cumbre Judicial Iberoamericana, a través de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, en la definición de la primera versión de las Reglas en 2008, en su actualización en 2018, en la implementación de las Reglas en los países, trasladándolas a programas, políticas y planes nacionales de acceso a la justicia, y actualmente en la Hoja de ruta para convertir las Reglas en Convenio Internacional.

También desde 2007 colaboramos con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos-AIAMP, fortaleciéndola y apoyando la conformación de sus diferentes Redes (Red de Fiscales contra la corrupción y Red especializada de Género) y Grupos de trabajo. En 2008 se elaboró y aprobó con apoyo del programa las Guía de Santiago de Protección de víctimas y testigos, y en esta tercera fase se ha colaborado con el Grupo de Víctimas y Testigos en la revisión y actualización de dichas Guías, que serán aprobadas a principios de noviembre en la Asamblea General de la AIAMP.

En 2012, en Fortaleza Brasil, se dio el pistoletazo de salida a la colaboración de EUROsociAL con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF. Estos ocho años la colaboración han sido intensos y muy fructíferos, lo que ha permitido avanzar en el diseño de modelos regionales que posteriormente se ha ido implantado a nivel nacional. Desde la Guía Regional para la defensa pública y la protección integral de las personas privadas de libertad; el manual de monitoreo de Derechos Humanos en los centros de privación de libertad por parte de las Defensorías Públicas; y el manual regional sobre las Reglas de Bangkok en clave de Defensa Pública, en la segunda fase del programa.

En esta tercera fase se está acompañando a la AIDEF en dos acciones muy estratégicas que intentan dar respuesta a dos desafíos muy presentes actualmente en la región: por un lado, los casos de violencia institucional que se producen en las prisiones de América Latina; y por otro, la situación de exclusión y vulnerabilidad de las personas en contexto de movilidad y que requieren una atención especial para mejorar la defensa y vigencia de sus derechos.

En el primer caso se ha diseñado un Modelo regional de Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria-SIRCAIVI, que actualmente se está implementando en 3 países: Argentina, Chile y Costa Rica. En el segundo se está avanzando en el diseño de un modelo regional y la creación de una red regional de asistencia jurídica a personas en contexto de movilidad desde las Defensorías Públicas.

A través del trabajo con estas redes EUROsociAL ha contribuido con el fortalecimiento del Estado derecho, promoviendo la protección y defensa de los derechos humanos, relación indivisible e intrínseca, fundamental no sólo para la cohesión social, sino también para la democracia.

19. Resiliencia y reconstrucción

Y llegó la COVID19. Finalmente, el contexto actual no podíamos olvidar la pandemia de COVID19 que ha venido a trastocar y condicionar la vida de todos, pero que está afectando particularmente y de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables, como han puesto de manifiesto diversos OOII como el ACNUDH, la CIDH o la CEPAL por citar algunos de ellos.

Los derechos humanos y la protección y garantía de los mismos son cruciales en época de crisis. En este contexto, EUROsociAL se ha puesto rápidamente a disposición de los países para reconducir sus acciones y dar respuesta a los efectos de esta pandemia global y para sentar bases sólidas para la recuperación y reconstrucción no dejando a nadie atrás, ni permitiendo la vulneración de ningún derecho.

Esto pasa por poner a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente a los más vulnerables, y preparar a los sistemas de justicia para superar las actuales dificultades garantizando el funcionamiento de una justicia independiente y justa. La aplicación de las Reglas de Brasilia como norma obligatoria puede ser un arma potente para luchar contra el coronavirus y desde EUROsociAL+ haremos todo lo posible porque así sea.

Contenido audiovisual relacionado: “Justicia para la cohesión social”.

“Pies, para que los quiero si tengo alas para volar” (Frida Kahlo).

“Pies, para que los quiero si tengo alas para volar” (Frida Kahlo).
Esta frase me define. Tengo 42 años, una discapacidad congénita de nacimiento y un espíritu indomable. Como muchas Personas con discapacidad, vivir con discapacidad es un reto, mi abuela suele decir “que soy única, pues Dios solo da grandes batallas a sus mejores guerreros” y, así, asumí cada instante de mi existencia.

Mi infancia la atesoro con mucho cariño, crecí en una familia grande, tías, primos, mis abuelos maternos y claro, mis padres, mi hermana y hermano. No sería la mujer que hoy escribe estas palabras, si ellos no me hubieran apoyado, son mi mejor amor. La fuerza y dedicación de mi madre es un regalo divino; el cuidado y complicidad de mi padre. Mis hermanos acompañando mi vida y enseñándome el valor de la fraternidad y mi abuela, roca imbatible que me empoderó desde niña y me dio el valor para pelear muchas batallas. Mi abuelo, se fue hace poco, pero su dulzura e historias sin fin acompañarán mi vida por siempre. Ahora tengo un sobrino de 4 años que es mi sol particular y con él aprendí que, si los niños son educados respetando a todos y todas, asumen la discapacidad como una condición inherente del ser humano y entienden que las Personas con discapacidad formamos parte de esa diversidad. Él no me mira distinta, sino divertida, porque puede hacer carreras con su “Tía Pilu” y ser feliz. Este niño empuja mi silla y me luce orgulloso, entonces este niño, mi Martín es mi persona favorita en todo este planeta.

Estudié en una escuela particular, pues hace 40 años hablar de Personas con discapacidad no era fácil y era un sinónimo de discriminación y dolor; a muchas nos llamaban simplemente “discapacitados”, sin ver a la persona, así que mis padres decidieron que sería mejor la educación privada para que me desarrollara en un ambiente inclusivo y amigable; su cometido fue exitoso.

Para mí la escuela fue un espacio de crecimiento donde desarrollé mi amor por los libros, las palabras y la historia de mi país, el colegio lo hice en esta misma institución y tuve la suerte de que el tataranieto de José María Sáenz (patriota ecuatoriano) fuera mi profesor y ahí empezó mi largo enamoramiento por la gesta libertaria de América Latina y definió mi deseo de ser comunicadora, quería contar historias… quería empezar por la mía, para decir a los demás, que no hay barreras y que las Personas con discapacidad nunca deberían ver limitado su derecho a soñar. Mi vocación por el periodismo nació ahí: de la necesidad de contar y de abrir caminos.

Mi proceso adaptativo fue muy fácil, mi carácter es extrovertido, así que nunca tuve problemas en hacer amigos, la universidad fue otro gran reto, venía de un colegio femenino, así que tenía resistencia a continuar mis estudios en un espacio mixto, pero lo logré, fui la mejor egresada de mi promoción y me especialicé en periodismo escrito.

Cuando me entregaron el título, descubrí que todo el proceso educativo había sido nada comparado a la búsqueda de trabajo, porque aun cuando tenía un título universitario y un diplomado, mis habilidades eran invisibles y lo único que los demás reconocían en mí, era mi discapacidad. Así que me ofrecían puestos de portería, limpieza y demás, por supuesto que no resto valor a estos oficios, pero yo era una profesional y quería trabajar en lo que me gustaba. Ahí entendí que la inclusión laboral no es un discurso: es una oportunidad real que todavía cuesta. (Más contexto en FIAP: La inclusión laboral de las personas con discapacidad, un reto urgente).

Ángeles son los que nunca me faltaron y hubo una mujer, madre de un joven con discapacidad que siempre creyó en mis capacidades. Me dio mi primer trabajo como comunicadora y desde ahí logré desarrollar mi carrera profesional.

En 2007 tenía mi cirugía número 19, era de rutina, una más, ya estaba acostumbrada, pero no fue lo que esperaba, no pude volver a caminar y fue la primera vez en mi vida que me conciencié sobre mi discapacidad y enfrenté una caída emocional, sentía que esa silla se robó mi esencia y autonomía, además perdí mi trabajo por esta razón. Mi gente, familia y amigos que conservo hasta hoy, me impulsaron y ayudaron nuevamente, hoy no soy completamente autónoma, pero volví a sonreír y eso es una ganancia; una ganancia que tantas Personas con discapacidad sabemos medir en lo cotidiano.

Hoy miro el mundo desde mi silla de ruedas, y sé que puedo conquistarlo, es la batalla por la inclusión, que para mí es equidad, no solo en tema de discapacidades, sino en general, todavía la barrera actitudinal es determinante. Desde mi perspectiva diría, que para mí ser incluida es caminar (rodar) por la calle con libertad, sin dar explicaciones de por qué utilizo una ayuda técnica. Esto también es Inclusión social: poder estar, circular y vivir sin justificar mi existencia como Persona con discapacidad (un enfoque coherente con el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). Aquí debo señalar que con mi novio experimenté este proceso, aprendió a vivir y entender la discapacidad conmigo, porque me ama. Asumió el reto de vencer estereotipos y miedos.

En este sentido, respetar la diversidad nos permite construir un mundo inclusivo y solidario, como el proyecto Bridging the Gap (BtG), que implica un trabajo sostenido y responsable en escuelas de Ecuador para garantizar la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Su contribución garantiza el acceso a la educación, algo muy importante para el desarrollo pleno de una persona. (FIAP ha compartido avances en esta línea: Ecuador progresa en la educación inclusiva). Conozco a una mujer con discapacidad que dejó sus estudios, porque su escuela no era accesible y ahora a los 57 años ingresó de bachiller, esta pequeña historia muestra la importancia del proyecto BtG, que facilita que estudiantes con discapacidad terminen sus estudios y sigan soñando con superarse: también eso sostiene la vida de las Personas con discapacidad.

Para concluir diría que el 3 de diciembre no es una celebración, es un día para concienciar sobre la discapacidad, lograr sensibilizar a los demás sobre la importancia de la aceptación a quien es distinto y así iniciar un proceso social efectivo y asertivo que se resuma en un solo nombre, inclusión (sobre el día, ver International Day of Persons with Disabilities – UNESCO). Solo así veo un futuro distinto, en donde no me pregunten por qué uso silla de ruedas, en el cual las vallas publicitarias no estén en las veredas impidiendo que mis compañeros ciegos circulen, así los canales de televisión usarán intérprete de señas para garantizar el acceso a la información de las Personas con discapacidad auditiva, y solo de esa manera, mi hermano, Esteban, un joven con discapacidad intelectual, no será tratado como un niño, sino que se considerarán sus capacidades y conocimientos. Y también solo así dejaremos de ser vistos como “discapacitados” antes que como personas.

Así veo el futuro de las personas con discapacidad en el mundo, nos veo libres, incluidas, retándonos a nosotros mismas y sonriendo porque ya no hay alguien que nos mire “raro” o que sienta “lástima” por nosotros. 

Pamela Salazar Pérez. Periodista.

El pasado 22 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en su Asamblea Anual la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública. Este marco normativo, impulsado por el Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la OEA, ha contado con una amplia participación en su proceso de elaboración y es de enorme relevancia para América Latina y el Caribe, ya que incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información.  

La Ley establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública, partido político, gremio y organización sin fines de lucro, los cuales deberán responder a las solicitudes de información sobre los fondos o beneficios públicos recibidos. 

Como destaca el DDI, el objetivo último de la normativa es que es que “el acceso a la información pública se consolide como una herramienta que permita incrementar los niveles de transparencia y una lucha efectiva contra la corrupción, promueva la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico, genere la confianza de la población en sus instituciones democráticas y empodere a los ciudadanos, incluidos aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad”.  

“Con esta Ley Modelo se pretende brindar a la ciudadanía un mayor acceso a la información en manos de las autoridades. ¿Para qué? Para tener un mayor conocimiento sobre cómo se gestiona la administración y sobre cómo se utilizan los recursos públicos que provienen de sus impuestos. También se quiere incidir en los modelos de gestión que impactan en el ciudadano común y corriente porque el derecho de acceso a la información va desde las altas esferas hasta los gobiernos locales”, subraya Dante Negro, Director del DDI de la OEA. 

El programa de cooperación financiado por la Unión Europea en América Latina, EUROsociAL+, a través de su área de Gobernanza Democrática, que coordina la FIIAPP, ha contribuido de manera decisiva a la elaboración de esta propuesta normativa, mediante un importante apoyo técnico canalizado a través de la  Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) en espacios de debate e intercambio de experiencias entre los órganos garantes y promotores del derecho a la información, así como con la sistematización de buenas prácticas aportadas por diferentes expertos y expertas. 

La normativa se centra en factores clave como la naturaleza y funciones de los órganos garantes de este derecho, el régimen de excepciones, los sujetos obligados, la transparencia activa y proactiva y las definiciones y alcance del derecho de acceso a la información. Asimismo, incluye como anexo la Ley Modelo interamericana sobre Gestión Documental y su guía de implementación, elaborados por especialistas de la Subdirección de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte de España sobre la base del Modelo de Gestión Documental de la RTA impulsado por EUROsociAL+.  

A lo largo de los procesos de trabajo, desde EUROsociAL+ se contribuyó además mediante la incorporación de la perspectiva de género, ​ ​siendo esta norma uno de los primeros instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano en incluir dicha visión desde su gestación. ​ 

Como destaca Gabriel del Piazzo, presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay (UAIP) (Presidencia de la RTA), “la Ley Modelo 2.0 tiene el valor agregado de recoger la experiencia de los órganos garantes de América Latina, que tuvieron la responsabilidad de implementar las leyes de acceso a la información en los últimos 10 años”.  

La Ley Modelo se convierte así en una referencia a seguir por los Estados a efectos de mejorar las normativas, lineamientos y procedimientos internos de transparencia y acceso a la información. Desde el momento en que los 35 Estados de las Américas la han refrendado, están dando su reconocimiento a que es necesario llegar a ese estándar. Para la ciudadanía y la sociedad civil organizada implica tener conocimiento de cuáles son los estándares a los que potencialmente su Estado podría llegar y poder así exigir procesos de elaboración de normas o políticas orientadas a alcanzar ese estándar.  

Esta acción de EUROsociAL+ está alineada con la Agenda 2030, especialmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.10 (garantizar el acceso a la información), el 16.5 (reducir considerablemente la corrupción y el soborno), el 16.6 (crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas), y el ODS 17 (promover alianzas para lograr estos objetivos). 

Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL + en la FIIAPP 

Las relaciones jurídicas entre Europa y América Latina son más intensas cada día y su buen funcionamiento es clave para combatir la criminalidad organizada en ambos lados del Atlántico. Un asunto crucial para alcanzar la seguridad general y jurídica de los Estados, además de facilitar el desarrollo social y económico. Ya existen sistemas de coordinación entre las instituciones de los distintos Estados, sin embargo, nos encontramos en un momento clave para profundizar en su consolidación.

La realidad normativa e institucional pone de manifiesto un incremento de las herramientas de trabajo al alcance de todos los operadores jurídicos de los Estados, desde las unidades territoriales de los Ministerios Públicos hasta los órganos que culminan las jurisdicciones nacionales. Como consecuencia, se ha producido un incremento cuantitativo y, lo que es más importante, cualitativo de las peticiones de cooperación entre las distintas autoridades nacionales. Además, siguiendo modelos en origen comunitarios, se están imponiendo instrumentos más sofisticados de cooperación en ambos continentes, caso de la creación de equipos conjuntos de investigación o de normas facilitadoras de la ejecución de órdenes transnacionales de detención de sospechosos o de protección de testigos. Con todo y con ello, para que estos mecanismos existan y permitan obtener resultados son precisos sistemas de coordinación.

Las redes de profesionales son un mecanismo esencial y de una enorme practicidad. Además, hacen falta, y mucha, sistemas de coordinación interinstitucional. En la Unión Europea existen organismos propios que desarrollan sus propias funciones en relación con los delitos cometidos en los distintos Estados, caso de la recientemente creada Fiscalía Europea, o que facilitan la coordinación entre las autoridades jurídicas nacionales, frecuentemente los ministerios públicos, caso de Eurojust.

Entre América Latina y varios Estados europeos existen instituciones de cierta tradición que en los últimos tiempos han avanzado en sus resultados. Se trata de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Todas ellas articulan las relaciones de los diferentes colectivos que las integran y han establecido las bases para el trabajo durante los próximos años.

Combatir el crimen organizado exige un esfuerzo mayor en la coordinación y en la cooperación. La seguridad personal y jurídica, tanto como el desarrollo económico y social, supone no agotar los esfuerzos en exclusiva en el funcionamiento de sistemas de asistencia entre los distintos operadores jurídicos. En un mundo globalizado no basta con aplicar sistemas que se agoten en las fronteras estatales ni aun en las continentales, máxime con el flujo económico, cultural y familiar que existe entre América Latina y la Unión Europea, especialmente sus Estados meridionales.

La coordinación entre las instituciones comunitarias y las nacionales de los Estados latinoamericanos ha comenzado, pero no es suficiente. En el mundo interdependiente de hoy, la cooperación es imprescindible para enfrentarse a retos que son comunes. Nuestros conocimientos y nuestras acciones se complementan y refuerzan recíprocamente. El buen funcionamiento de la lucha contra el crimen organizado en pos de una mayor seguridad jurídica y un desarrollo económico y social exige el acompañamiento mediante fórmulas de cooperación más efectivas que trasciendan de los aspectos estrictamente jurídicos. Y el momento actual sin duda es clave.

Antonio Roma Valdés

Fiscal y coordinador del componente de cooperación entre sistemas de justicia de EL PAcCTO

Más información:

EL PAcCTO es un programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP y Expertise France con sus socios IILA y Camôes. El componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia, que lidera la FIIAPP, tiene entre sus objetivos fomentar la cooperación y la coordinación entre instituciones de América Latina y Europa. Por ello ha organizado el I Encuentro entre instituciones de justicia de la UE y América Latina, el pasado 23 de septiembre, para favorecer la cooperación y la coordinación jurídica y lograr ser más eficaces en la lucha contra el crimen organizado.

En dicho encuentro han participado representantes de alto nivel como el Ministro de Justicia de España y miembros de la COMJIB, AIAMP, Cumbre Judicial Internacional, Eurojust o el Consejo de Europa, además de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DEVCO).

En el Día Mundial de las Personas Cooperantes, David Rodríguez Soane nos regala una reflexión sobre la importancia de que las personas cooperantes no detengan su trabajo. Una labor vital y necesaria, especialmente durante la pandemia. En un contexto difícil como este, David, pone el foco en la necesidad de garantizar el acceso al agua potable y la higiene, como derechos universales y acción clave contra la propagación del virus.

Lavarse las manos con agua y jabón es un gesto simple que hoy más que nunca, en plena era COVID, ayuda a salvar vidas. Con los primeros días de septiembre ya en marcha, los gobiernos y los centros educativos, se debaten sobre la reapertura de sus instalaciones y los modelos de enseñanza más adecuados para adaptarse a los tiempos de la pandemia. Sin embargo, en el 43% de las escuelas alrededor del planeta no es posible lavarse las manos , un mecanismo de defensa clave en la lucha por aminorar la transmisión del virus. De hecho, en los países menos desarrollados, 7 de cada 10 escuelas carecen de instalaciones básicas para ello.

A mediados de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF publicaron un informe conjunto, Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools (WASH), en el que se revelaba que alrededor de 818 millones de niños y niñas en el mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en sus escuelas, lo que los pone en mayor riesgo de contraer la COVID 19 y otras enfermedades transmisibles. Más de un tercio (295 millones) viven en África subsahariana.

Una vez más, el agua se demuestra esencial para la vida. Pero también lo son el saneamiento y la higiene. Basta un simple ejemplo: sin inodoros, las fuentes naturales de agua se contaminan; sin agua limpia, las prácticas básicas de higiene no son posibles. Entre ellas, lavarse las manos.

La mirada desde la cooperación

El mundo de la cooperación tiene mucho que decir para conseguir que el derecho al agua potable y al saneamiento sea eso, un derecho de todas y todos. Este verano, precisamente, la comunidad internacional ha debatido largo y tendido sobre el agua. En la última semana de agosto, por ejemplo, numerosos actores, desde Gobiernos hasta organizaciones de la sociedad civil, se dieron cita en dos eventos importantes.

Por un lado, del 24 al 28 de agosto, tuvo lugar virtualmente la Semana Internacional del Agua (Water World Week – WWWeek). El Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI), es quién impulsa cada año esta ágora multilateral que, desde hace casi 30 años, se ha convertido en el evento más influyente del mundo para el abordaje de los grandes retos del agua. Por otro lado, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) organizó, también en la misma semana, cinco días de conferencias dedicadas exclusivamente al agua desde la óptica del desarrollo. La Week on Water for Development (WW4D) arrancó este año con un lema anclado claramente en la actualidad: “Cada gota cuenta, el agua en tiempos excepcionales”.

También este verano, en el mes de julio, y con una presencia clara de la Cooperación Española a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), tuvo lugar la XXI Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), la principal plataforma de diálogo político, colaboración técnica y cooperación en materia de agua en Iberoamérica. En este marco, la relación entre agua y biodiversidad y la integración del saneamiento y la depuración en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos fueron los dos diálogos técnicos que coparon el debate.

Como vemos, abundan los espacios para el intercambio de experiencias y para la coordinación multi-actor de cara a la consecución del ODS 6, agua limpia y saneamiento para todas y todos. Los logros del pasado deben servir de acicate para fortalecer los pasos firmes del multilateralismo para llegar a 2030 en las mejores condiciones posibles. La movilización mundial tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) consiguió que en 2015, 2100 millones de personas tuvieran acceso a un saneamiento mejorado y que 147 países cumpliesen con la meta de acceso a fuentes a de agua potable (Informe ODM 2015, PNUD). Ahora, los ODS, tras cinco años de andadura, abren un nueva ventana de oportunidad para seguir el mismo sendero de progreso y de consolidación de derechos. Aunque, ciertamente, las cifras del Informe ODS 2020 en torno a las ODS6 no son todo lo buenas que cabría esperar y la irrupción del COVID19 no ha hecho más que empeorar la situación. Por ello hacen falta soluciones, necesitamos respuestas.

En este sentido, desde la Cooperación Española existen herramientas que contribuyen a los objetivos globales y que deben ser puestas en valor. En datos de 2018 se estima que el FCAS, ha beneficiado a más de 2,8 millones de personas en América Latina y el Caribe. Además, 2,2 millones de latinoamericanos han tenido acceso a servicios nuevos o rehabilitados de agua potable y 1,1 millones a servicios de saneamiento. También la AECID y la FIIAPP, a través de su participación en el proyecto EUROCLIMA+ el programa insignia de la UE sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático con América Latina, dedican grandes esfuerzos a la gestión del agua para asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos y fortalecer las capacidades institucionales y la gobernanza del sector en los países beneficiarios. A su vez, numerosas ONGD, como Manos Unidas, Oxfam Intermón o Acción Contra el Hambre, por citar solo algunas, desarrollan también importantes intervenciones especializadas en la provisión de agua, saneamiento e higiene en los países en los que cooperan. Son ejemplos de actores de nuestra cooperación, pero habría más, también entre las comunidades autónomas, las universidades y otros agentes que forman parte del sistema.

El reflejo desde la pandemia

Miramos desde la cooperación, pero la pandemia que ocupa y condiciona nuestras vidas desde hace meses nos devuelve un reflejo: la interconexión de elementos esenciales como la dignidad, las personas, la prosperidad, el planeta, la justicia y las alianzas. La imagen que nos devuelve el espejo ya la conocíamos, pero nos invita a reflexionar una vez más. La salud global, la educación de calidad y el acceso al agua y el saneamiento. Los ODS 3, 4 y 6. Todos ellos derechos, objetivos y retos interconectados que se entremezclan a lo largo y ancho del mundo, en una escena habitual a principios del mes de septiembre: el comienzo del curso escolar. La ecuación es más compleja en tiempos de pandemia. Y prácticamente imposible de resolver, para las niñas y niños que viven en los países en los que lavarse las manos con agua y jabón sigue siendo un lujo al alcance de un puñado.

El día 8 de septiembre celebramos el Día del Cooperante. Es un día para homenajear a todas las personas que aportan su trabajo, su conocimiento y su sudor para construir un mundo más justo. Pero también será un día para recordar que, según la iniciativa Hand hygiene for all, tres mil millones de personas, el 40% de la población mundial, no pueden lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares. Tres cuartas partes de ellas viven en los países más pobres del mundo. Simplemente porque carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos, millones de personas estarían en riesgo inmediato de contraer la COVID19 u otras enfermedades.

El reto es mayúsculo, pero en algún momento y por alguna parte debemos empezar. Entonces empecemos este mismo septiembre y empecemos por las escuelas. Aprendamos una lección como sociedad: los gestos simples no deberían ser imposibles.

Autor: David R. Seoane, Técnico de Comunicación y Gestión de Conocimiento del programa de “Transparencia, Comunicación y Gestión de Conocimiento de la Cooperación Española”

Bárbara Gómez, técnica del proyecto EUROsociAL+, nos relata los peligros que corren las personas migrantes y cómo se ven acrecentadas las desigualdades mientras permanecen en esta situación, especialmente en el cruce entre México y Estados Unidos. Para comprender esta realidad, es necesario analizar qué significa frontera hoy en día: un espacio donde las políticas públicas son la clave para garantizar un marco legal que proteja los derechos humanos básicos.

Sin lugar a dudas, hemos abandonado la idea habitual de ver el límite geográfico como una mera línea, para entender realmente qué es la frontera: siguiendo al filósofo Eugenio Trías, es un auténtico territorio en el que se hacen patentes conflictos, choques culturales e intercambios. Al fin y al cabo, una concepción diferente de la “experiencia del límite”.

La complejidad de nuestra sociedad actual y los problemas de búsqueda de oportunidades debido a la pobreza han propiciado que el fenómeno de la migración crezca hasta convertirse en una situación global. Esta realidad se hizo patente con los acontecimientos de la migración en tránsito por México en octubre de 2018, cuando la caravana de seis mil personas llegó a Tijuana para solicitar asilo en Estados Unidos. El foco en este acontecimiento se agudizó por el continuo reforzamiento de la frontera suroeste estadounidense y el debate sobre la construcción del muro fronterizo.

El fenómeno migratorio en México experimentó una fuerte transformación en su dinámica. Esta nueva realidad ha traído consecuencias sociales, económicas y culturales en las distintas ciudades fronterizas. El Programa de la Unión Europea gestionado por la FIAP, EUROsociAL+, permanece atento a este fenómeno en la región latinoamericana. Con un abordaje multidimensional, la institución presta atención a cómo se gestiona la migración en estas áreas, mejorando los sistemas de gobernanza transfronteriza y analizando el significado de frontera en un contexto de crisis.

En este marco, se ha acompañado la elaboración de un estudio diagnóstico que plantea preguntas vitales: ¿qué sucederá con los migrantes indocumentados? ¿Qué tan probable es que residan en la región ante la imposibilidad de cruzar? Analizar la situación de los territorios de frontera es crucial, ya que deben acoger a quienes no logran pasar y a los deportados por las políticas migratorias de Estados Unidos. Este análisis permite entender los efectos en la cohesión territorial y social como respuesta a la ciudadanía heterogénea que habita en las fronteras.

El estudio plantea comprender las trayectorias vividas por los migrantes durante su estancia temporal o forzada. El análisis incluyó tanto a mexicanos repatriados como a hombres y mujeres de Centroamérica y el Caribe. La frontera norte de México abarca 38 municipios colindantes donde se observa el mayor dinamismo. Por ejemplo, en Baja California, el 38,4% de la población nació en otra región o en el extranjero, cifra que supera el 50% en municipios como Tijuana.

Los datos indican que el 91% de los repatriados son hombres, frente al 9% de mujeres. No obstante, la vulnerabilidad es mayor para ellas, quienes suelen llevar hijos a cargo. Además, el 50% de los migrantes tiene entre 20 y 29 años, y solo en 2018 se registraron más de 9,000 eventos de menores (MENAS) entregados a las autoridades.

Trayectorias vividas por las personas migrantes

Desde EUROsociAL+ se busca ir más allá de la estadística para entender la dimensión humana de estas vivencias de “transición”. Desprovistos del derecho a tener derechos, los migrantes indocumentados representan la privación consciente de derechos humanos básicos. Al excluirlos de la legalidad, el Estado sitúa a este colectivo fuera de la ley. Esta vulnerabilidad de los migrantes se origina, en gran medida, por la denegación del acceso a la justicia, área en la que la FIAP trabaja activamente. El acceso a la justicia es la pasarela hacia servicios básicos como salud, educación y empleo.

Esta situación de desprotección es crítica para las mujeres. La mujer enfrenta una vulnerabilidad extrema al atravesar las fronteras. EUROsociAL+ aborda los efectos diferenciados de la corrupción en las mujeres, analizando la intersección entre corrupción, trata y migración.

En la frontera, las personas migrantes están en un cruce de caminos. Prefieren la información informal de familiares para compensar la fragilidad de su experiencia. Consciente de esto, la FIAP trabaja para que este grupo ejerza su derecho al acceso a la información, mejorando la transparencia institucional y promoviendo que puedan solicitar información básica para mejorar su vida en un entorno desconocido.

En conclusión, entender qué significa frontera implica reconocer un punto de transitoriedad que acrecienta la dificultad. Compartir esta situación permite crear vínculos profundos mientras se decide si seguir adelante o residir en el territorio de paso. Los gobiernos deben utilizar todos sus instrumentos para que las políticas públicas también lleguen a estos territorios a menudo olvidados.

Nota Editorial Final: Contenido actualizado en febrero de 2026 para reflejar el contexto actual y la continuidad del proyecto EUROsociAL (en sus sucesivas fases como EUROsociAL+ y programas herederos liderados por la FIAP). La gobernanza fronteriza y la protección de los derechos de las personas migrantes siguen siendo ejes prioritarios en la agenda de cooperación técnica de la institución y la Unión Europea.