EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

El pasado 15 de julio tuvo lugar en Madrid la Presentación – Coloquio “Impulso de las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPDs)”, organizada por la Fundación CIDEAL y la ONG CONEMUND. Profesionales del mundo empresarial y el sector público se dieron cita para intercambiar ideas sobre este fenómeno. Las APPD´s, cada vez más frecuentes, parecen ofrecer alternativas a la complicada situación que vive el ámbito de la cooperación internacional en cuanto a financiación se refiere, un “momento estimulante” como alguno de los ponentes coincidió en describir. En el acto también se presentaron dos manuales que fueron ofrecidos a los asistentes: una “Guía para la gestión eficiente de Alianzas público privadas con fines de desarrollo”, editada por CIDEAL en colaboración con la AECID, y un “Manual de colaboración entre administraciones públicas, ONGD´s y empresas”, editada por CIDEAL y CONEMUND con la colaboración de la Comunidad de Madrid.

Según la definición que encontramos en el citado manual de gestión de las APPD´s, éstas ayudan a “consolidar los esfuerzos que las Administraciones Públicas, el sector empresarial y la sociedad civil organizada establecen con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades”. En la misma línea, en palabras de nuestro compañero de la FIIAPP, Javier Sota, “las APPD´s favorecen el aprendizaje mutuo entre los diferentes actores y el fortalecimiento de capacidades a favor del desarrollo”.

Una característica propia de las APPD´s, y que las distingue de otras relaciones de carácter público privado, es que las partes interesadas comparten objetivos, riesgos y beneficios. Lo que implica que estas alianzas suelen constituirse, según la Fundación de Desarrollo Institucional para las Organizaciones Sociales, en base a los valores de confianza, respeto, transparencia e igualdad. Valores a los que el Programa Nacional de Alianzas de Colombia suma la inclusión y la responsabilidad compartida. Sin embargo, no hay que perder de vista que otro de sus rasgos fundamentales es su gran variabilidad, por lo que no existe una única forma de construir una APPD y que su naturaleza dependerá, en gran medida, del propio carácter de las entidades implicadas en el proceso.

Este no es un fenómeno ajeno a la Cooperación Española, aunque sí reciente. El IV Plan Director (2013 – 2016) publicado por la AECID expone en su apartado V.2 “Desafíos para todos los actores del sistema” la importancia de crear “alianzas incluyentes” entre los diversos actores, así como el papel consolidado del sector privado empresarial en el ámbito de la Cooperación Internacional. Sin duda, este texto se inspira en la Declaración de Busán y en el compromiso renovado a nivel mundial que constituye la Agenda de Desarrollo post – 2015, que contempla la necesidad de que la empresa consolide su papel en la lucha contra la pobreza.

Es importante resaltar, tal y como expresó Emilio Villaescusa (ASCES y CEPES), que a lo largo del proceso de constitución de una APPD, la empresa no debe perder de vista el interés de la alianza en el “bien público”. En esta línea, las APPD´s deben guiar su actuación en base a las políticas públicas de desarrollo y las estrategias internacionales de reducción de la pobreza. Es decir, que sus objetivos se encuadren en los marcos normativos que sobre la materia establecen los gobiernos y autoridades competentes.

El debate sobre las APPDs lanzó como reflexión final que el futuro de la Cooperación al Desarrollo pasa por la consideración del sector privado empresarial como un actor relevante en este ámbito, pues ha dejado de ser un mero testigo para participar activamente en el proceso de desarrollo social.

El coloquio fue guiado por Manuel Gómez-Galán, director de la Fundación CIDEAL. Los ponentes, procedentes del mundo de la Cooperación Internacional y de la empresa, insistieron en la necesidad de promover la creación de APPD´s. En representación de la Cooperación Española intervinieron Juan Luis Revuelta, subdirector general de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid, y Laura López de Ceraín, directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID. Del lado empresarial, hablaron Emilio Villaescusa, presidente ejecutivo del Grupo “Asociación para la Cooperación de la Economía Social” (ACES) y miembro de la Comisión Ejecutiva de Confederación Española de Economía Social (CEPES) y, como experta en ”alianzas estratégicas multiactor”, Leda Scott, miembro de la reciente creada “alianzas.red”. El broche final de la jornada lo puso Manuel Pimentel, actual presidente del grupo Almuzara, quien habló a los presentes de la relevancia que en estos momentos supone la apuesta por soluciones innovadoras ante los desafíos que hoy plantea el desarrollo.

Hace diez años, la tasa de homicidios en Honduras era de 30 asesinatos cada cien mil habitantes. De acuerdo a cifras oficiales, actualmente es de 86. Esto supone un aumento de más del 200%. Fomentada en gran parte por el futuro incierto de los jóvenes en un país en el que las dos terceras partes de su población subsisten en condiciones de pobreza, esta violencia y criminalidad no sólo se traduce en homicidios, sino también en otro tipo de delitos como la extorsión. Hasta el momento, las políticas públicas desarrolladas en Honduras para enfrentar este problema no han resultado eficaces y los delitos no han sido perseguidos adecuadamente.

“La juventud tiene un alto nivel de desempleo y ante esa sensación de que no hay futuro en el país y de que aquí no se puede hacer nada, la vía de escape -resumiendo quizá demasiado- para un chico joven es la migración a Estados Unidos de ilegal o las posibilidades que ofrece la delincuencia: dinero a corto plazo”, explica Francisco de Asís López Sanz, director de equipo de la asistencia técnica que ofrece la FIIAPP al PASS. Con este programa, Honduras confía en que las instituciones nacionales de seguridad se fortalezcan y que se apoye la reforma del sector de seguridad del país.

Algo necesario teniendo en cuenta que la población se ha decantado por recurrir a sistemas de seguridad privada que los habitantes con menos recursos no se pueden permitir y, en consecuencia, se convierten en los más afectados por la delincuencia. “Hay un alto índice de extorsión que popularmente se achaca a las pandillas callejeras, pero también han corroborado taxistas y pequeños comerciantes que a la policía hay que pagarle la ‘mordida’ correspondiente si se quiere ejercer el negocio cotidianamente”, ilustra el experto de la FIIAPP.

Para paliar esta problemática, generada desde hace décadas y con diferentes focos de origen, según Francisco de Asís habrá que esperar entre una y dos generaciones. “El Estado tendría que emplearse a fondo con medidas impulsoras de una correcta distribución de la renta”, subraya. “Hay un gran índice de evasión fiscal y lavado de dinero, unos índices educativos muy bajos y también hay un alto índice de violencia política y contra los periodistas, además de un incremento de asesinatos de mujeres”, añade el experto sobre los factores que no ayudan a conseguir la paz social.

Formación frente al crimen

En este sentido, la FIIAPP aporta a Honduras a través del PASS expertos que forman a jueces, fiscales y policías con el objetivo de fortalecer los procesos judiciales y la seguridad del país. Esto se traduce en el desarrollo de 15 cursos que se han impartido desde el comienzo del programa (2011) hasta este mes de julio.

El Fiscal General Adjunto de Honduras, Rigoberto Cuéllar, asegura a la FIIAPP que en el país centroamericano existe una falta de credibilidad en su sector de justicia. “Sólo hay una manera de garantizar ese extremo y es a través de procesos de formación tanto inicial como permanente y sistemática de especialización posterior de cada uno de sus miembros”, indica. Este tipo de formación, basado en gran medida en la práctica, se paralizó en Honduras hace una década.

Uno de estos cursos ha sido el de “Derecho Penal y Procesal Penal” dirigido a 650 fiscales del Ministerio Público hondureño, 30 jueces y 30 policías, a quienes les ha aportado la necesidad de conservar las pruebas y no adquirirlas a cualquier coste o medio. También cómo un fiscal debe plantear un caso en un juicio oral y cómo defenderlo, entre otros contenidos. “Algo que no se enseña ni en las universidades ni en los libros”, subraya Cuéllar. En lo que refiere a la Fiscalía, este curso ha permitido valorar su situación en el país. “Tomar las enseñanzas aprendidas pueden servir al Fiscal General Adjunto de Honduras para tomar decisiones acerca de cuáles son sus necesidades de personal, sus puntos débiles y la adecuada reasignación de puestos de trabajo”, explica el experto de la FIIAPP Francisco de Asís.

El PASS, financiado por la UE con nueve millones de euros y con uno procedente de Honduras, es un paso más hacia esa deseada transición generacional que reduzca la violencia. Ahora hay que esperar a que dé sus frutos con el fin de que no se repita ese balance de 19 vidas perdidas por día.

Yo no sabía nada sobre el tema de la mutilación genital más allá de lo que podía escuchar en breves noticias en la televisión y ha sido mi corta estancia de un mes en Guinea Conakry la que me ha abierto los ojos a esta dura realidad.

Fuimos a Guinea, digo fuimos porque iba con un compañero de trabajo, a participar en unas jornadas de sensibilización contra la violencia hacia la mujer. Y está claro que cuando en ciertos países de África se habla de este tipo de violencia, se tiene que hacer una referencia a la mutilación genital femenina.

Curiosamente, la charla de sensibilización la dio un especialista en la materia y si tengo en cuenta las estadísticas de esta región, de las aproximadamente 20 mujeres que estaban en el curso, por lo menos 19 deberían estar escindidas. Y es que en Guinea Conakry, el segundo país en este fenómeno, el 98% de las mujeres han sufrido algún tipo de alteración en sus órganos genitales.

Y lo curioso era que entre los alumnos el rechazo hacia este tipo de prácticas parecía notable. Tuvo que ser un chico cristiano el que me diera una pista sobre el motivo de esta aparente incongruencia: “una mujer que no ha sido escindida está expuesta al rechazo de gran parte de la sociedad”. Las tradiciones siguen teniendo mucho peso en esta sociedad.

Las consecuencias físicas para las mujeres que son víctimas de estas prácticas son increíbles y van desde todo tipo de problemas físicos y dificultades durante el parto, hasta consecuencias psicológicas que las acompañarán el resto de su vida.

No quise profundizar en el tema con las alumnas para no incomodarlas, pero no pude evitar preguntar a alguna otra mujer fuera del entorno y nuevamente volví a sorprenderme con los resultados. No puedo decir que sean algo significativo, porque sólo hablé con dos chicas, las dos de menos de 30 años, pero ninguna de las ellas estaba escindida. Una en concreto tenía dos hijas y tenía claro que tampoco iba a hacerlas pasar por ese mal trago.

Al parecer hay una parte de la juventud que empieza a reaccionar frente a este tipo de prácticas y esperemos que sea una actitud generalizada que revierta las estadísticas y permita a este país dejar de encabezar la lista de países que más la practican.

Uno de los últimos fenómenos naturales que más ha afectado a Colombia es “La Niña” 2010-2011. Su influencia en el comportamiento de los vientos provocó fuertes e intensas precipitaciones que llegaron a superar el 200% de las lluvias habituales. Éstas causaron la destrucción de 8.000 viviendas, daños en más de 400.000 y afectaron a más de tres millones y medio de personas.

Unos costes que son consecuencia de la vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales, cada vez mayor según el Banco Mundial. Esto se debe tanto a la intensidad de estos fenómenos como a los hábitos de la población. “Sigue existiendo una falta de cultura frente a todo lo que tiene que ver con el tiempo y el clima en el país”, indica Christian Euscategui, ingeniero y jefe de la oficina de pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en Colombia (IDEAM).

“La población se asienta en zonas vulnerables y críticas en términos de ocurrencia de eventos hidrometeorológicos. Mucha población se establece en las rondas de los ríos, zonas que históricamente han sufrido inundaciones. Y esto tiene que ver con los desastres que vivimos durante “La Niña” 2010-2011”, continúa. En el caso de Colombia, esos asentamientos tienen que ver con movimientos migratorios y también, apunta Euscategui, con los desplazamientos ocasionados por el conflicto armado interno. Las causas-consecuencias no terminan aquí. “Este comportamiento de la población genera una presión frente al medio que da lugar a que cambien los patrones climáticos y las circulaciones atmosféricas normales a nivel mundial”, añade el ingeniero.

Inversión en predicción

Aún hoy, el país se está recuperando de este episodio que marcó un antes y un después en su Sistema de Alerta Temprana (SAT) de fenómenos de origen hidrometeorológico. Las consecuencias de “La Niña” 2010-2011 hicieron que el Gobierno colombiano idease un plan de recuperación en el que también incluyó el rediseño de este SAT. Un rediseño que ha llevado a cabo, por medio de la gestión de la FIIAPP, el IDEAM y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España.

Antes de comenzar a desarrollar este proyecto, el pronóstico de las variantes meteorológicas en Colombia, a pesar de contar con el IDEAM, era complicado dada su ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, su orografía y el escaso número de estaciones hidrometeorológicas. “De igual forma, sus medios tecnológicos no cumplían con la creciente necesidad de difusión de la información y tampoco integraban los datos de los radares existentes. Tampoco se cubría la totalidad del país. Esto daba lugar a que fuera necesario un rediseño del sistema de alerta temprana”, explica Euscategui, también supervisor técnico delegado de este proyecto.

El objetivo de este proyecto ha sido rediseñar el SAT, potenciar las más de doscientas estaciones existentes y adquirir otras doscientas automáticas e implantar un sistema nacional de radares. “Los radares en cuestiones meteorológicas son sistemas que tienen una predicción inmediata con un adelanto de hasta seis horas. Como el IDEAM es también un servicio hidrológico, las mejoras van a ser bastante mayores porque las predicciones de avenidas (elevación de un curso de agua) e inundaciones se pueden prever con dos o tres días de antelación, dependiendo del tipo de cuenca”, señala el coordinador técnico español del proyecto y miembro de la AEMET, Jesús María Patán.

En cuestión tecnológica, los radares han sido el mayor avance, inexistentes hasta el momento para la predicción hidrometeorológica. Además, las estaciones automáticas controlarán qué cantidad de agua cae en todo momento y la intensidad de las precipitaciones “También ha sido muy importante la organización y coordinación de las nuevas instalaciones y la formación que se ha dado al personal”, añade.

Este proyecto llevó a cabo sus últimas actividades a primeros de junio después de seis meses de trabajo. Ahora Colombia tendrá que continuar el proceso iniciado. “Aunque se instalen radares y estaciones, si no tienes el personal y la organización bien estructurada, al final no valen para nada. Tiene que apostar por un desarrollo del IDEAM. Les queda un largo e interesante camino por delante. Tanto para el Gobierno como para la sociedad”, indica Patán para añadir: “Habrá menos destrucciones y muertes y con la mejora de la predicción, crecerá la riqueza del país gracias al turismo y la agricultura entre otras muchas cosas”. Comienza el momento para demostrarlo.

En un día como hoy, hace exactamente 42 años, tenía lugar en la ciudad de Estocolmo la primera conferencia organizada por Naciones Unidas dedicada exclusivamente al medio ambiente. En esta pionera “Cumbre de la Tierra” se iniciaba la agenda ambiental internacional y por primera vez, más allá de resaltar el valor de la naturaleza, se lanzaba un aviso frente a la acción del hombre: “Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar”. Es también aquí donde se crea el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) y se establece la fecha del 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente para sensibilizar a la población mundial e incentivar la acción política en todas las escalas.

Desde 1972 a día de hoy, esta agenda ambiental se ha ido ampliando adquiriendo un mayor impulso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 donde se aprobaron tres de los convenios ambientales más importantes: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Convenio para la Lucha contra la Desertificación. También aquí Naciones Unidas adopta formalmente el principio del desarrollo sostenible entendiéndolo como: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Esta definición dejaba claras dos cuestiones: la existencia de un vínculo directo entre medio ambiente y desarrollo y la vulnerabilidad de los países en desarrollo frente a la gestión de los recursos naturales.

Es a partir de esta cumbre, cuando realmente crece la preocupación social y política por las amenazas ambientales y poco a poco se van incorporando de manera transversal en las agendas públicas sectoriales de los organismos internacionales. Así, el medio ambiente se va interrelacionando con la salud, la seguridad, la industria, el transporte, la energía, las migraciones, etc.

Sin embargo, a pesar de los avances en las agendas políticas, de las cumbres y del nuevo objetivo orientado a un “desarrollo sostenible”, durante este periodo de tiempo, la población mundial ha crecido de forma exponencial -actualmente en 7.2 mil millones de personas- a la vez que ha tenido lugar un intenso desarrollo económico de los países más avanzados. La combinación de estos dos factores supuso, y sigue suponiendo, una fuerte presión en los recursos naturales donde se constata a nivel científico que los límites del planeta están siendo superados. Consumimos más de lo que la Tierra puede reponer de forma natural y  producimos más residuos de los que puede depurar.

Esto ha dado lugar a diferentes desequilibrios ambientales con enormes repercusiones, siendo el cambio climático -cuyos efectos son ya visibles- de los más importantes. Sin embargo, otros desequilibrios como la sobreexplotación de los recursos hídricos, la  acidificación del océano, la contaminación química, la deforestación o la pérdida de biodiversidad son también enormes desafíos globales. Es más, debido al ritmo al que están desapareciendo las especies en el planeta, se considera que estamos ante la sexta gran extinción de biodiversidad en la historia de la Tierra.

Los países en desarrollo son los más afectados por las problemáticas ambientales. Por un lado dependen de los recursos naturales para su subsistencia, bien directa o indirectamente, y por otro, disponen de menos recursos financieros y técnicos para hacer frente a las dificultades. Por tanto, cuando en el 2012 tiene lugar una nueva Cumbre de la Tierra denominada “Rio +20, la declaración final titulada “El Futuro que Queremos” deja tremendamente claro que “los avances han sido insuficientes”, que se deben tomar medidas urgentemente y que estos desafíos sólo pueden abordarse mediante la acción global coordinada a escala nacional, regional y local, siendo imprescindible la implicación de todos los actores sociales: administraciones, sector privado, sociedad civil, científicos, académicos, etc. El llamamiento a la acción se dirige tanto a países en desarrollo como desarrollados pero manteniendo el principio de “responsabilidades compartidas pero diferenciadas”.

El debate internacional sobre la nueva Agenda para el Desarrollo post 2015 tiene como base la declaración de Río+20, en cuyo inicio se afirma que “la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la  actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible”. Por ello, para la elaboración de la misma, los Objetivos del Milenio están siendo mejorados y reconvertidos en 10 Objetivos para un Desarrollo Sostenible. Estos serían el modelo al cual todos los países deberían dirigir sus esfuerzos a partir de 2015. En este nuevo marco, y partiendo del respeto a los Derechos Humanos, se recogen cuatro dimensiones fundamentales: (i) un desarrollo social inclusivo, (ii) un desarrollo económico inclusivo, (iii) la sostenibilidad ambiental y (iv) buena gobernabilidad (paz y seguridad).

La cooperación internacional y la FIIAPP como actor destacado tienen por tanto un papel clave en este nuevo engranaje y en el apoyo a los países en desarrollo para hacer frente a los desafíos ambientales y acompañarles hacia un desarrollo más sostenible. No obstante, los países más avanzados, además de facilitar e impulsar la transferencia de tecnologías eficientes y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, deben también convertirse en referentes modificando los patrones de consumo y de producción hacia modelos más sostenibles.

Por último, y siendo hoy el día del medio ambiente, no querría cerrar este texto sin hacer un llamamiento  a cada uno de nosotros como habitantes del planeta. La gran mayoría de nuestras acciones tienen un impacto en el medio ambiente: nuestros hábitos de consumo, el transporte que utilizamos, qué alimentos compramos o cómo educamos a nuestros hijos, son sólo algunos ejemplos. Todo repercute de una forma u otra en los recursos naturales y por tanto, ningún esfuerzo sobra.

“Nuestros problemas los ha creado el hombre y, por consiguiente, el hombre los puede resolver.
Y el ser humano puede ser tan grande como desee. Ningún problema del destino humano está fuera del alcance del ser humano. La razón y el espíritu del hombre a menudo han solucionado lo que parecía no tener solución. Y estamos convencidos de que pueden volver a hacerlo.”  
John F. Kennedy

El pasado 14 de abril, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunidos en Luxemburgo, aprobaron la declaración de 2015 como Año Europeo del Desarrollo. La UE proporciona ayuda a la cooperación al desarrollo desde 1957, a través de una política que ha ido progresivamente ampliándose hasta llegar a estar presente en más de 130 países en desarrollo.

En la actualidad, la UE, junto con sus Estados miembros, constituye el mayor donante de Ayuda Oficial, con un volumen de 56.500 millones de euros en 2013, más de la mitad del total mundial. Además, también la UE es el primer donante de ayuda humanitaria y sólo en 2011 atendió a más de 150 millones de personas en 80 países.

No es casual la elección de la fecha. 2015 será un año emblemático y crucial al menos por dos buenas razones. La primera, porque se trata del último año para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados conjuntamente por 189 Estados en septiembre del año 2000, ofreciendo una buena oportunidad para hacer balance de los compromisos internacionales logrados. La segunda, porque 2015 será el año en que deba tomarse una importante decisión internacional sobre la nueva Agenda de Desarrollo post-2015, que sustituirá a la de los ODM, y que será el marco de referencia para los próximos decenios.

Incrementar el apoyo a la cooperación al desarrollo resulta absolutamente vital en un mundo que está cambiando rápidamente. La encuesta especial del Eurobarómetro de octubre de 2012, puso de manifiesto el fuerte respaldo de los ciudadanos de la UE (85%) a las ayudas a las poblaciones de los países socios. A pesar de la situación económica, más de seis de cada diez europeos consideran que deberían aumentarse estas ayudas.

Sin embargo, al mismo tiempo, también la encuesta señala que los ciudadanos europeos carecen a menudo de información sobre la cooperación al desarrollo, sobre los motivos por los que es necesaria y sobre el valor añadido de la política de desarrollo de la UE. Por ejemplo, el Eurobarómetro reveló que el 53% de los encuestados manifestaba su total ignorancia en cuanto al destino de la ayuda de la UE. En general, los ciudadanos no son muy conscientes de la eficacia y los efectos positivos de la ayuda, que deben explicarse en términos menos técnicos y mucho más orientados a resultados e impacto sobre las poblaciones donde tienen lugar las intervenciones.

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) es uno de los actores más importantes con los que cuenta la Cooperación Española para participar en la Política de Desarrollo de la UE, en un ámbito tan relevante y necesario como la mejora del marco institucional de nuestros países socios. Desde su nacimiento en 1997, la FIIAPP ha gestionado más de 1.100 proyectos, con un presupuesto de unos 600 millones de euros, que en su gran mayoría han tenido financiación de la Comisión Europea (en 2012, cerca del 80% de su presupuesto provenía de fondos europeos).

Para desarrollar su trabajo, la FIIAPP gestiona el Programa Twinning (más de 280 proyectos de hermanamientos con las Administraciones de 30 países del Este de Europa y del Mediterráneo), Proyectos de Asistencia Técnica Pública (ATP) en los que se movilizan anualmente más de 1.000 expertos y funcionarios públicos de la Administración española y europea, y, recientemente, operaciones de Cooperación Delegada.

Como Programas regionales de especial relevancia en los que está trabajando la FIIAPP, cabe destacar algunos tan importantes como EUROsociAL, en el que se pretende promover un diálogo euro-latinoamericano de políticas públicas en torno a la cohesión social; URB-AL, programa de cooperación descentralizada dirigido a gobiernos regionales y locales de la UE y de América Latina; y COPOLAD, destinado a mejorar la coherencia, el equilibrio y el impacto de las políticas sobre drogas en América Latina y el Caribe.