EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Las amenazas biológicas  de enfermedades infecciosas se han convertido para la región mediterránea en un objetivo prioritario a combatir. Allí, por ejemplo, hay enfermedades como la polio, que se está recrudeciendo cuando se pensaba que estaba en fase de erradicación. Para conseguir este objetivo, el pasado mes de junio arrancó mediPIET, un proyecto que tiene como fin reforzar la seguridad sanitaria en la región mediterránea mediante la formación de epidemiólogos locales, y que lidera la FIIAPP junto al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (CNE-ISCIII). Los socios de este proyecto son Albania, Armenia, Argelia, Bosnia Herzegovina, Egipto, Georgia, Jordania, Kosovo, Líbano, Libia, Macedonia, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Palestina, Serbia, Túnez y Ucrania.

La Directora de Formación del proyecto, Mariví Martínez, nos detalla qué son las amenazas biológicas y hasta dónde llegan. También desgrana en qué consiste la formación que se ofrece a los epidemiólogos beneficiarios de este proyecto. Detectar e investigar son los pilares.

¿Cuál es la amenaza biológica en la región mediterránea?

Las amenazas biológicas se entienden como el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, especialmente las transmisibles vía persona-persona, a través de animales o de vectores (animales que transmiten patógenos, entre ellos parásitos) como mosquitos. Actualmente, en la región hay enfermedades específicas como la malaria, el coronavirus, el virus del Nilo Occidental, el recrudecimiento de la polio… además de otras prevenibles por vacunación, pero la principal cuestión es que ahora mismo las enfermedades infecciosas no respetan fronteras, y cada vez menos puesto que hay una movilidad enorme entre poblaciones, alimentos… y es muy fácil que se transmitan de un lado a otro. Las situaciones de crisis humanitarias que están cada día afectando más a estos países crean poblaciones de desplazados, irrumpen en los sistemas sanitarios y hacen que los riesgos de enfermedades infecciosas se diseminen más y la capacidad de los países para responder sea menor.

¿Esto hace que la creación de este programa sea necesaria?

Sí. Se ha visto necesaria la formación de profesionales porque hay capacidades desiguales en los distintos países, pero en general hay pocos recursos especializados y cada vez hay más necesidades. Estos programas de formación están diseñados para formar a la gente específicamente en estos temas.

Los profesionales van a participar en el Programa de Formación en Epidemiología orientada a la Intervención de la Salud Pública, ¿qué les va a aportar?

Se orienta la investigación epidemiológica al control de las enfermedades. Su característica es que los profesionales, además de recibir módulos teórico-prácticos, se van a formar a través del servicio práctico en unidades de epidemiología de salud pública supervisados por expertos directamente. Al ser un programa regional, como los problemas de salud pública son ya globales, la coordinación para conseguir estándares de criterios y metodología y la colaboración entre países es fundamental para interrumpir epidemias. Se ofrece un intercambio de capacidades entre los países y trabajar en equipo en una red de profesionales ya formados que puedan ser movilizados fácilmente en caso de que sean necesarios en una amenaza o desastre especial.

Porque se entiende que cada uno de los socios de mediPIET tiene su propio protocolo nacional de interrupción de amenazas…

Todos los sistemas de salud pública tenemos una serie de protocolos de actuación ante una serie de enfermedades, pero aparte de éstos, la epidemiología es una ciencia que está orientada a detectar, investigar, evaluar los riesgos que posee cada amenaza potencial para la salud e investigar cómo se transmiten y qué población está afectada para que las medidas de intervención estén basadas en datos científicos. Para eso, los países necesitamos actualizarnos en nuevas herramientas, en nuevos métodos y en el manejo cotidiano y estandarizado a nivel mundial.

¿Qué supone el Programa de Epidemiología de Campo Español (PEAC), desarrollado por el CNE-ISCIII?

Este programa es el primero de estas características que se implementó en Europa, con apoyo del Ministerio de Sanidad y Consumo, para estandarizar todos los criterios de vigilancia y que todos los profesionales hablásemos el mismo lenguaje, tuviéramos los mismos métodos y ampliáramos nuestros conocimientos en el terreno. Nuestro trabajo supone aportar nuestra experiencia en este tipo de programas y asesorar a la FIIAPP en todos los aspectos técnicos y científicos que así se requieran para orientar la formación.

¿Los formadores de este proyecto van a ser locales?

En la medida de lo posible, sí. Es mucho mejor que sean personas que tienen mayor conocimiento de los problemas a nivel nacional y local, que conocen las costumbres culturales y los sistemas de salud propios, que profesionales externos. Además, ellos serán los que lo tengan que mantener y desarrollar.

El pasado 15 de julio tuvo lugar en Madrid la Presentación – Coloquio “Impulso de las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPDs)”, organizada por la Fundación CIDEAL y la ONG CONEMUND. Profesionales del mundo empresarial y el sector público se dieron cita para intercambiar ideas sobre este fenómeno. Las APPD´s, cada vez más frecuentes, parecen ofrecer alternativas a la complicada situación que vive el ámbito de la cooperación internacional en cuanto a financiación se refiere, un “momento estimulante” como alguno de los ponentes coincidió en describir. En el acto también se presentaron dos manuales que fueron ofrecidos a los asistentes: una “Guía para la gestión eficiente de Alianzas público privadas con fines de desarrollo”, editada por CIDEAL en colaboración con la AECID, y un “Manual de colaboración entre administraciones públicas, ONGD´s y empresas”, editada por CIDEAL y CONEMUND con la colaboración de la Comunidad de Madrid.

Según la definición que encontramos en el citado manual de gestión de las APPD´s, éstas ayudan a “consolidar los esfuerzos que las Administraciones Públicas, el sector empresarial y la sociedad civil organizada establecen con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades”. En la misma línea, en palabras de nuestro compañero de la FIIAPP, Javier Sota, “las APPD´s favorecen el aprendizaje mutuo entre los diferentes actores y el fortalecimiento de capacidades a favor del desarrollo”.

Una característica propia de las APPD´s, y que las distingue de otras relaciones de carácter público privado, es que las partes interesadas comparten objetivos, riesgos y beneficios. Lo que implica que estas alianzas suelen constituirse, según la Fundación de Desarrollo Institucional para las Organizaciones Sociales, en base a los valores de confianza, respeto, transparencia e igualdad. Valores a los que el Programa Nacional de Alianzas de Colombia suma la inclusión y la responsabilidad compartida. Sin embargo, no hay que perder de vista que otro de sus rasgos fundamentales es su gran variabilidad, por lo que no existe una única forma de construir una APPD y que su naturaleza dependerá, en gran medida, del propio carácter de las entidades implicadas en el proceso.

Este no es un fenómeno ajeno a la Cooperación Española, aunque sí reciente. El IV Plan Director (2013 – 2016) publicado por la AECID expone en su apartado V.2 “Desafíos para todos los actores del sistema” la importancia de crear “alianzas incluyentes” entre los diversos actores, así como el papel consolidado del sector privado empresarial en el ámbito de la Cooperación Internacional. Sin duda, este texto se inspira en la Declaración de Busán y en el compromiso renovado a nivel mundial que constituye la Agenda de Desarrollo post – 2015, que contempla la necesidad de que la empresa consolide su papel en la lucha contra la pobreza.

Es importante resaltar, tal y como expresó Emilio Villaescusa (ASCES y CEPES), que a lo largo del proceso de constitución de una APPD, la empresa no debe perder de vista el interés de la alianza en el “bien público”. En esta línea, las APPD´s deben guiar su actuación en base a las políticas públicas de desarrollo y las estrategias internacionales de reducción de la pobreza. Es decir, que sus objetivos se encuadren en los marcos normativos que sobre la materia establecen los gobiernos y autoridades competentes.

El debate sobre las APPDs lanzó como reflexión final que el futuro de la Cooperación al Desarrollo pasa por la consideración del sector privado empresarial como un actor relevante en este ámbito, pues ha dejado de ser un mero testigo para participar activamente en el proceso de desarrollo social.

El coloquio fue guiado por Manuel Gómez-Galán, director de la Fundación CIDEAL. Los ponentes, procedentes del mundo de la Cooperación Internacional y de la empresa, insistieron en la necesidad de promover la creación de APPD´s. En representación de la Cooperación Española intervinieron Juan Luis Revuelta, subdirector general de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid, y Laura López de Ceraín, directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID. Del lado empresarial, hablaron Emilio Villaescusa, presidente ejecutivo del Grupo “Asociación para la Cooperación de la Economía Social” (ACES) y miembro de la Comisión Ejecutiva de Confederación Española de Economía Social (CEPES) y, como experta en ”alianzas estratégicas multiactor”, Leda Scott, miembro de la reciente creada “alianzas.red”. El broche final de la jornada lo puso Manuel Pimentel, actual presidente del grupo Almuzara, quien habló a los presentes de la relevancia que en estos momentos supone la apuesta por soluciones innovadoras ante los desafíos que hoy plantea el desarrollo.

Hace diez años, la tasa de homicidios en Honduras era de 30 asesinatos cada cien mil habitantes. De acuerdo a cifras oficiales, actualmente es de 86. Esto supone un aumento de más del 200%. Fomentada en gran parte por el futuro incierto de los jóvenes en un país en el que las dos terceras partes de su población subsisten en condiciones de pobreza, esta violencia y criminalidad no sólo se traduce en homicidios, sino también en otro tipo de delitos como la extorsión. Hasta el momento, las políticas públicas desarrolladas en Honduras para enfrentar este problema no han resultado eficaces y los delitos no han sido perseguidos adecuadamente.

“La juventud tiene un alto nivel de desempleo y ante esa sensación de que no hay futuro en el país y de que aquí no se puede hacer nada, la vía de escape -resumiendo quizá demasiado- para un chico joven es la migración a Estados Unidos de ilegal o las posibilidades que ofrece la delincuencia: dinero a corto plazo”, explica Francisco de Asís López Sanz, director de equipo de la asistencia técnica que ofrece la FIIAPP al PASS. Con este programa, Honduras confía en que las instituciones nacionales de seguridad se fortalezcan y que se apoye la reforma del sector de seguridad del país.

Algo necesario teniendo en cuenta que la población se ha decantado por recurrir a sistemas de seguridad privada que los habitantes con menos recursos no se pueden permitir y, en consecuencia, se convierten en los más afectados por la delincuencia. “Hay un alto índice de extorsión que popularmente se achaca a las pandillas callejeras, pero también han corroborado taxistas y pequeños comerciantes que a la policía hay que pagarle la ‘mordida’ correspondiente si se quiere ejercer el negocio cotidianamente”, ilustra el experto de la FIIAPP.

Para paliar esta problemática, generada desde hace décadas y con diferentes focos de origen, según Francisco de Asís habrá que esperar entre una y dos generaciones. “El Estado tendría que emplearse a fondo con medidas impulsoras de una correcta distribución de la renta”, subraya. “Hay un gran índice de evasión fiscal y lavado de dinero, unos índices educativos muy bajos y también hay un alto índice de violencia política y contra los periodistas, además de un incremento de asesinatos de mujeres”, añade el experto sobre los factores que no ayudan a conseguir la paz social.

Formación frente al crimen

En este sentido, la FIIAPP aporta a Honduras a través del PASS expertos que forman a jueces, fiscales y policías con el objetivo de fortalecer los procesos judiciales y la seguridad del país. Esto se traduce en el desarrollo de 15 cursos que se han impartido desde el comienzo del programa (2011) hasta este mes de julio.

El Fiscal General Adjunto de Honduras, Rigoberto Cuéllar, asegura a la FIIAPP que en el país centroamericano existe una falta de credibilidad en su sector de justicia. “Sólo hay una manera de garantizar ese extremo y es a través de procesos de formación tanto inicial como permanente y sistemática de especialización posterior de cada uno de sus miembros”, indica. Este tipo de formación, basado en gran medida en la práctica, se paralizó en Honduras hace una década.

Uno de estos cursos ha sido el de “Derecho Penal y Procesal Penal” dirigido a 650 fiscales del Ministerio Público hondureño, 30 jueces y 30 policías, a quienes les ha aportado la necesidad de conservar las pruebas y no adquirirlas a cualquier coste o medio. También cómo un fiscal debe plantear un caso en un juicio oral y cómo defenderlo, entre otros contenidos. “Algo que no se enseña ni en las universidades ni en los libros”, subraya Cuéllar. En lo que refiere a la Fiscalía, este curso ha permitido valorar su situación en el país. “Tomar las enseñanzas aprendidas pueden servir al Fiscal General Adjunto de Honduras para tomar decisiones acerca de cuáles son sus necesidades de personal, sus puntos débiles y la adecuada reasignación de puestos de trabajo”, explica el experto de la FIIAPP Francisco de Asís.

El PASS, financiado por la UE con nueve millones de euros y con uno procedente de Honduras, es un paso más hacia esa deseada transición generacional que reduzca la violencia. Ahora hay que esperar a que dé sus frutos con el fin de que no se repita ese balance de 19 vidas perdidas por día.

Yo no sabía nada sobre el tema de la mutilación genital más allá de lo que podía escuchar en breves noticias en la televisión y ha sido mi corta estancia de un mes en Guinea Conakry la que me ha abierto los ojos a esta dura realidad.

Fuimos a Guinea, digo fuimos porque iba con un compañero de trabajo, a participar en unas jornadas de sensibilización contra la violencia hacia la mujer. Y está claro que cuando en ciertos países de África se habla de este tipo de violencia, se tiene que hacer una referencia a la mutilación genital femenina.

Curiosamente, la charla de sensibilización la dio un especialista en la materia y si tengo en cuenta las estadísticas de esta región, de las aproximadamente 20 mujeres que estaban en el curso, por lo menos 19 deberían estar escindidas. Y es que en Guinea Conakry, el segundo país en este fenómeno, el 98% de las mujeres han sufrido algún tipo de alteración en sus órganos genitales.

Y lo curioso era que entre los alumnos el rechazo hacia este tipo de prácticas parecía notable. Tuvo que ser un chico cristiano el que me diera una pista sobre el motivo de esta aparente incongruencia: “una mujer que no ha sido escindida está expuesta al rechazo de gran parte de la sociedad”. Las tradiciones siguen teniendo mucho peso en esta sociedad.

Las consecuencias físicas para las mujeres que son víctimas de estas prácticas son increíbles y van desde todo tipo de problemas físicos y dificultades durante el parto, hasta consecuencias psicológicas que las acompañarán el resto de su vida.

No quise profundizar en el tema con las alumnas para no incomodarlas, pero no pude evitar preguntar a alguna otra mujer fuera del entorno y nuevamente volví a sorprenderme con los resultados. No puedo decir que sean algo significativo, porque sólo hablé con dos chicas, las dos de menos de 30 años, pero ninguna de las ellas estaba escindida. Una en concreto tenía dos hijas y tenía claro que tampoco iba a hacerlas pasar por ese mal trago.

Al parecer hay una parte de la juventud que empieza a reaccionar frente a este tipo de prácticas y esperemos que sea una actitud generalizada que revierta las estadísticas y permita a este país dejar de encabezar la lista de países que más la practican.

Uno de los últimos fenómenos naturales que más ha afectado a Colombia es “La Niña” 2010-2011. Su influencia en el comportamiento de los vientos provocó fuertes e intensas precipitaciones que llegaron a superar el 200% de las lluvias habituales. Éstas causaron la destrucción de 8.000 viviendas, daños en más de 400.000 y afectaron a más de tres millones y medio de personas.

Unos costes que son consecuencia de la vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales, cada vez mayor según el Banco Mundial. Esto se debe tanto a la intensidad de estos fenómenos como a los hábitos de la población. “Sigue existiendo una falta de cultura frente a todo lo que tiene que ver con el tiempo y el clima en el país”, indica Christian Euscategui, ingeniero y jefe de la oficina de pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en Colombia (IDEAM).

“La población se asienta en zonas vulnerables y críticas en términos de ocurrencia de eventos hidrometeorológicos. Mucha población se establece en las rondas de los ríos, zonas que históricamente han sufrido inundaciones. Y esto tiene que ver con los desastres que vivimos durante “La Niña” 2010-2011”, continúa. En el caso de Colombia, esos asentamientos tienen que ver con movimientos migratorios y también, apunta Euscategui, con los desplazamientos ocasionados por el conflicto armado interno. Las causas-consecuencias no terminan aquí. “Este comportamiento de la población genera una presión frente al medio que da lugar a que cambien los patrones climáticos y las circulaciones atmosféricas normales a nivel mundial”, añade el ingeniero.

Inversión en predicción

Aún hoy, el país se está recuperando de este episodio que marcó un antes y un después en su Sistema de Alerta Temprana (SAT) de fenómenos de origen hidrometeorológico. Las consecuencias de “La Niña” 2010-2011 hicieron que el Gobierno colombiano idease un plan de recuperación en el que también incluyó el rediseño de este SAT. Un rediseño que ha llevado a cabo, por medio de la gestión de la FIIAPP, el IDEAM y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España.

Antes de comenzar a desarrollar este proyecto, el pronóstico de las variantes meteorológicas en Colombia, a pesar de contar con el IDEAM, era complicado dada su ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, su orografía y el escaso número de estaciones hidrometeorológicas. “De igual forma, sus medios tecnológicos no cumplían con la creciente necesidad de difusión de la información y tampoco integraban los datos de los radares existentes. Tampoco se cubría la totalidad del país. Esto daba lugar a que fuera necesario un rediseño del sistema de alerta temprana”, explica Euscategui, también supervisor técnico delegado de este proyecto.

El objetivo de este proyecto ha sido rediseñar el SAT, potenciar las más de doscientas estaciones existentes y adquirir otras doscientas automáticas e implantar un sistema nacional de radares. “Los radares en cuestiones meteorológicas son sistemas que tienen una predicción inmediata con un adelanto de hasta seis horas. Como el IDEAM es también un servicio hidrológico, las mejoras van a ser bastante mayores porque las predicciones de avenidas (elevación de un curso de agua) e inundaciones se pueden prever con dos o tres días de antelación, dependiendo del tipo de cuenca”, señala el coordinador técnico español del proyecto y miembro de la AEMET, Jesús María Patán.

En cuestión tecnológica, los radares han sido el mayor avance, inexistentes hasta el momento para la predicción hidrometeorológica. Además, las estaciones automáticas controlarán qué cantidad de agua cae en todo momento y la intensidad de las precipitaciones “También ha sido muy importante la organización y coordinación de las nuevas instalaciones y la formación que se ha dado al personal”, añade.

Este proyecto llevó a cabo sus últimas actividades a primeros de junio después de seis meses de trabajo. Ahora Colombia tendrá que continuar el proceso iniciado. “Aunque se instalen radares y estaciones, si no tienes el personal y la organización bien estructurada, al final no valen para nada. Tiene que apostar por un desarrollo del IDEAM. Les queda un largo e interesante camino por delante. Tanto para el Gobierno como para la sociedad”, indica Patán para añadir: “Habrá menos destrucciones y muertes y con la mejora de la predicción, crecerá la riqueza del país gracias al turismo y la agricultura entre otras muchas cosas”. Comienza el momento para demostrarlo.

En un día como hoy, hace exactamente 42 años, tenía lugar en la ciudad de Estocolmo la primera conferencia organizada por Naciones Unidas dedicada exclusivamente al medio ambiente. En esta pionera “Cumbre de la Tierra” se iniciaba la agenda ambiental internacional y por primera vez, más allá de resaltar el valor de la naturaleza, se lanzaba un aviso frente a la acción del hombre: “Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar”. Es también aquí donde se crea el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) y se establece la fecha del 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente para sensibilizar a la población mundial e incentivar la acción política en todas las escalas.

Desde 1972 a día de hoy, esta agenda ambiental se ha ido ampliando adquiriendo un mayor impulso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 donde se aprobaron tres de los convenios ambientales más importantes: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Convenio para la Lucha contra la Desertificación. También aquí Naciones Unidas adopta formalmente el principio del desarrollo sostenible entendiéndolo como: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Esta definición dejaba claras dos cuestiones: la existencia de un vínculo directo entre medio ambiente y desarrollo y la vulnerabilidad de los países en desarrollo frente a la gestión de los recursos naturales.

Es a partir de esta cumbre, cuando realmente crece la preocupación social y política por las amenazas ambientales y poco a poco se van incorporando de manera transversal en las agendas públicas sectoriales de los organismos internacionales. Así, el medio ambiente se va interrelacionando con la salud, la seguridad, la industria, el transporte, la energía, las migraciones, etc.

Sin embargo, a pesar de los avances en las agendas políticas, de las cumbres y del nuevo objetivo orientado a un “desarrollo sostenible”, durante este periodo de tiempo, la población mundial ha crecido de forma exponencial -actualmente en 7.2 mil millones de personas- a la vez que ha tenido lugar un intenso desarrollo económico de los países más avanzados. La combinación de estos dos factores supuso, y sigue suponiendo, una fuerte presión en los recursos naturales donde se constata a nivel científico que los límites del planeta están siendo superados. Consumimos más de lo que la Tierra puede reponer de forma natural y  producimos más residuos de los que puede depurar.

Esto ha dado lugar a diferentes desequilibrios ambientales con enormes repercusiones, siendo el cambio climático -cuyos efectos son ya visibles- de los más importantes. Sin embargo, otros desequilibrios como la sobreexplotación de los recursos hídricos, la  acidificación del océano, la contaminación química, la deforestación o la pérdida de biodiversidad son también enormes desafíos globales. Es más, debido al ritmo al que están desapareciendo las especies en el planeta, se considera que estamos ante la sexta gran extinción de biodiversidad en la historia de la Tierra.

Los países en desarrollo son los más afectados por las problemáticas ambientales. Por un lado dependen de los recursos naturales para su subsistencia, bien directa o indirectamente, y por otro, disponen de menos recursos financieros y técnicos para hacer frente a las dificultades. Por tanto, cuando en el 2012 tiene lugar una nueva Cumbre de la Tierra denominada “Rio +20, la declaración final titulada “El Futuro que Queremos” deja tremendamente claro que “los avances han sido insuficientes”, que se deben tomar medidas urgentemente y que estos desafíos sólo pueden abordarse mediante la acción global coordinada a escala nacional, regional y local, siendo imprescindible la implicación de todos los actores sociales: administraciones, sector privado, sociedad civil, científicos, académicos, etc. El llamamiento a la acción se dirige tanto a países en desarrollo como desarrollados pero manteniendo el principio de “responsabilidades compartidas pero diferenciadas”.

El debate internacional sobre la nueva Agenda para el Desarrollo post 2015 tiene como base la declaración de Río+20, en cuyo inicio se afirma que “la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la  actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible”. Por ello, para la elaboración de la misma, los Objetivos del Milenio están siendo mejorados y reconvertidos en 10 Objetivos para un Desarrollo Sostenible. Estos serían el modelo al cual todos los países deberían dirigir sus esfuerzos a partir de 2015. En este nuevo marco, y partiendo del respeto a los Derechos Humanos, se recogen cuatro dimensiones fundamentales: (i) un desarrollo social inclusivo, (ii) un desarrollo económico inclusivo, (iii) la sostenibilidad ambiental y (iv) buena gobernabilidad (paz y seguridad).

La cooperación internacional y la FIIAPP como actor destacado tienen por tanto un papel clave en este nuevo engranaje y en el apoyo a los países en desarrollo para hacer frente a los desafíos ambientales y acompañarles hacia un desarrollo más sostenible. No obstante, los países más avanzados, además de facilitar e impulsar la transferencia de tecnologías eficientes y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, deben también convertirse en referentes modificando los patrones de consumo y de producción hacia modelos más sostenibles.

Por último, y siendo hoy el día del medio ambiente, no querría cerrar este texto sin hacer un llamamiento  a cada uno de nosotros como habitantes del planeta. La gran mayoría de nuestras acciones tienen un impacto en el medio ambiente: nuestros hábitos de consumo, el transporte que utilizamos, qué alimentos compramos o cómo educamos a nuestros hijos, son sólo algunos ejemplos. Todo repercute de una forma u otra en los recursos naturales y por tanto, ningún esfuerzo sobra.

“Nuestros problemas los ha creado el hombre y, por consiguiente, el hombre los puede resolver.
Y el ser humano puede ser tan grande como desee. Ningún problema del destino humano está fuera del alcance del ser humano. La razón y el espíritu del hombre a menudo han solucionado lo que parecía no tener solución. Y estamos convencidos de que pueden volver a hacerlo.”  
John F. Kennedy