25/05/2026
Policías, fiscales y analistas bolivianos trabajan para fortalecer su capacidad identificando actividades sospechosas y así poder combatir con mayor eficacia a los grupos criminales que utilizan cada vez más los criptoactivos.
En Bolivia, en un contexto de inflación y escasez de dólares, la población recurre al uso de la criptomoneda ya que esta no sufre devaluaciones como la moneda local. El Banco Central de Bolivia (BCB) levantó la prohibición sobre las criptomonedas en junio de 2024, y habilitó el uso de canales e instrumentos electrónicos de pago para operaciones de compra y venta de activos virtuales. No obstante, el BCB reiteró que la única moneda de curso legal en Bolivia sigue siendo el boliviano, por lo que las criptomonedas no tienen estatus de moneda oficial.
El BCB ha regulado su uso, pero, aun así, no existe una supervisión y control sobre las transacciones muy exhaustivas. Desde 2024 los pequeños negocios y comerciantes aceptan criptomonedas como forma de pago, debido a su estabilidad y facilidad de uso.
Las transacciones con criptomonedas crecieron un 630% en 2025, en parte debido a que las criptodivisas ofrecen un grado de anonimato que puede facilitar el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Se ha identificado el uso en Bolivia de determinadas plataformas señaladas internacionalmente por los riesgos que presentan en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
En un contexto en el que las transacciones alcanzaron más de 588 millones de dólares en 2025, resulta fundamental que las autoridades regulen y supervisen su uso. La complejidad de este ámbito exige formación especializada, sustentada en la experiencia de las personas expertas, explicaciones claras y casos prácticos.
Dada esta situación, el proyecto de la Unión Europea sobre la lucha contra el crimen organizado en Bolivia, ha organizado un curso
especializado sobre la criptomoneda y legitimación de ganancias ilícitas. Las formaciones han tenido lugar en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, y han contado con el apoyo de dos expertos europeos especializados en cibercrimen e investigación.
Así, los policías, fiscales y analistas de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia que han participado en esta formación han podido comprender mejor los riesgos asociados al uso de criptomonedas y el marco normativo aplicable para prevenir la legitimación de ganancias ilícitas. Los conocimientos adquiridos les permitirán desarrollar capacidades para identificar operaciones sospechosas, fortalecer su labor de investigación y contar con herramientas para combatir con mayor eficacia a los grupos criminales que utilizan cada vez más los criptoactivos para ocultar y blanquear los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas.
